La ley 30/2022 por la que se regula el sistema de gestión de la PAC entra en vigor este lunes 2 de enero
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 24 de diciembre la Ley 30/2022, de 23 de diciembre por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC), del periodo 2023-27, así como otras materias conexas a partir de 2023, incluyendo las penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias, así como las relativas a determinados sectores agrarios relacionados con la PAC (en el ámbito de la comercialización del aceite de oliva, la producción y comercialización de leche y productos lácteos, la cría de animales, la nutrición de los suelos agrarios y las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) de las explotaciones ganaderas).
Entrará en vigor este próximo lunes 2 de enero.
En esta norma, de 54 páginas, se recogen las definiciones, mecanismos de control y sanciones para homogeneizar en todo el Estado español la aplicación de la nueva PAC, que vendrá acompañada, igualmente, por otros 18 decretos legislativos, algunos publicados y otros por publicar, pero que el Gobierno tenía previsto aprobar este 27 de diciembre.
Así, se señala, que “con el fin de poder realizar una correcta implementación y gestión del conjunto de las intervenciones que se incluyan en el Plan Estratégico de la PAC, se hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional.”
Para ello, el MAPA llevará a cabo una coordinación para la aplicación homogénea en todas las CC.AA. de un sistema integrado de gestión y control y, asimismo, el MAPA coordinará también la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) en las cuestiones relativas a la condicionalidad reforzadas, así como la de otros departamentos ministeriales en las materias que proceda.”
En la norma se introducen nuevos conceptos jurídicos como la “condicionalidad social”, definida como el conjunto de obligaciones que deben cumplir determinados beneficiarios de ayudas PAC.”
Asimismo, “el hecho de que los Estados miembros cuenten con una mayor subsidiariedad en la aplicación de las diferentes intervenciones que se definan, hace necesario que determinados aspectos que, anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria, se desarrollen en el futuro mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las intervenciones.”
La relación con la Administración se deberá realizar cada vez más haciendo uso de medios electrónicos
Por otro lado, y con el fin de avanzar en el proceso de digitalización de la economía española, “se debe considerar que todos los intercambios de información que sean precisos para la gestión de las ayudas al sector agrario o cualquier otra información necesaria para la ordenación de los sectores agrarios que se lleve a cabo entre los agricultores y ganaderos y la Administración, se realicen haciendo uso de medios electrónicos…pero asegurando los medios y el acceso a la población rural que carece de los medios telemáticos necesarios.”
Al respecto, se señala que “deben preverse los mecanismos y recursos necesarios para el respeto de los derechos de las personas físicas titulares de explotaciones agrarias que no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, asegurando su derecho a la transmisión de información y comunicación por medios no electrónicos, ya que no se les puede obligar a relacionarse exclusivamente por medios electrónicos con las Administraciones públicas.”
Dicha relación con la Administración, según contempla el texto, se llevará cabo mediante el Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y de la producción agraria (SIEX).
La ley consta de 28 artículos, estructurados en tres títulos (Régimen de gestión y aplicación de penalizaciones de la PAC; régimen sancionador en materia de ayudas de la PAC, y régimen sancionador en materias agrarias conexas;, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y 17 disposiciones finales.
La nueva PAC permitirá que más de 630.000 productores se puedan beneficiar de ayudas valoradas en 7.150 millones de euros anuales en España, de los que 4.800 millones serán pagos directos.
Texto adjunto: Ley 30/2022
