La manufactura reclama medidas y herramientas concretas en la futura ley de Industria y Autonomía Estratégica
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que incluye a la Federación de Industrias fabricante de Alimentos y Bebidas (FIAB), así como a otras asociaciones directa o indirectamente relacionadas, considera positivo el nuevo marco legislativo planteado en el borrador del Anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que presentó la semana pasada el Ministerio de Industria y Turismo, si bien reclama una mayor concreción en cuanto a las medidas y herramientas con las que deberá materializarse.
Para la Alianza, que representa al 60% del Producto Industrial Bruto de España, es esencial establecer plazos concretos para la implementación de medidas, así como que la futura ley se comprometa a destinar recursos, tanto humanos como financieros.
“Las intenciones que muestra el Gobierno para atraer y establecer grandes proyectos industriales en España es positiva”, valoró Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, añadiendo, “no obstante, que, sin la debida concreción y los recursos necesarios, corremos el riesgo de que se quede en eso, en intenciones.”
Esta Alianza considera que para impulsar una verdadera reindustrialización de España, resulta esencial que el nuevo marco legislativo también contemple la simplificación de la burocracia administrativa y, por supuesto, “evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido”, advirtió Reinoso, quien también considera que “garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales es clave en este proceso.”
Desde la Alianza se considera básico que la reindustrialización en nuestro país depende del impulso a la competitividad de las empresas industriales y, para ello la ley debe incluir medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación.
Asimismo, la Alianza considera necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria.
Según Reinoso, “desde la Alianza se presentan estas alegaciones, con el fin de sentar las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, ya que una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España.”
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia).
En conjunto, representa a los sectores industriales estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando una cifra de negocios de 500.000 millones de euros, el 70% del total industrial y el 55% del Producto Industrial Bruto (PIB), con un Valor Añadido de 77.000 millones de euros.
Emplea de forma directa, indirecta e inducida a 4 millones de personas (24% de la población asalariada), con un 90% de contratos indefinidos. Las empresas de la Alianza realizan el 67% de las exportaciones industriales por importe de 234.000 millones de euros, y el 60% de las inversiones en I+D+i.
El borrador de anteproyecto de ley propone la creación de proyectos industriales estratégicos
El Ministerio de Industria inició la pasada semana la tramitación de la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, cuya previsión es aprobarla antes de finales de año. Su objetivo central es incrementar el nivel de industrialización del país y evitar la deslocalización de compañías en negocios considerados estratégicos.
El Ministerio de Industria abrió un periodo de alegaciones hasta el próximo 11 de julio, que podrán remitirse a la dirección de correo: leydeindustria@mincotur.es indicando en el asunto: «Audiencia Ley de Industria_identificación del remitente
Al respecto, este departamento propuesto crear “Proyectos industriales estratégicos”, definidos como aquellas inversiones clave para el Gobierno que podrán beneficiarse tanto de subvenciones directas, sin necesidad de abrir un proceso competitivo, como de plazos de tramitación mucho más cortos.
Para llegar a ser considerados de esta forma, en el borrador de la nueva ley se señala que deberán cumplir con uno al menos de los criterios definidos: el volumen de inversión relevante en términos nacionales o sobre el tamaño de la economía de las provincias donde se realice dicha inversión; estar incluidos dentro de un ecosistema industrial estratégico o un PERTE; disponer de una certificación para la autonomía estratégica o que el proyecto tenga prevista una inversión que facilite una solución en la Mesa de reindustrialización, es decir, una propuesta inversora que sirva para rescatar compañías estratégicas.
Según el borrador, la nueva Ley contaría también con instrumentos de planificación como la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, a revisar cada seis años, y el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica, que servirían para fijar las líneas maestras de la política industrial y para evaluar la marcha de las acciones tomadas durante el periodo de vigencia.
La nueva normativa plantea también crear un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo de asesoramiento para la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales, cuyo objetivo sería aportar contribuciones a la elaboración de dicha Estrategia, junto con otros organismos, como la Escuela de Organización Industrial (EOI) o el Consejo Económico y Social (CESE).
También propone regular la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Foro de Alto Nivel de la industria española, que emitiría un informe anual sobre la situación del sector.
La ley propone establecer una “hoja de ruta” para la doble transición “verde” y digital de la industria manufacturera
Por lo demás, la nueva Ley plantea crear determinadas figuras como la de los Ecosistemas Industriales Estratégicos, que contarán con un sistema de seguimiento periódico; regulará la posible concesión de ayudas sin concurrencia competitiva; definirá también las “hojas de ruta” para la doble transición (verde y digital) y la generación de cuadros de mando para promover medidas de simplificación administrativa, que podrán ser propuestas por las propias empresas para mejorar los trámites administrativos y reducir las trabas para el desarrollo industrial.
La nueva Ley pretende, además reconocer normativamente a los PERTE y se institucionalizará también esta figura para convertirla en algo estructural, enmarcada dentro de un Ecosistema Industrial, siempre pensando en una prórroga de los fondos europeos.
En esta normativa, el Ministerio de Industria incluye mecanismos para evitar la desindustrialización en sectores estratégicos, mediante la ordenación de los procesos de reindustrialización.
Al respecto, será la propia ley la que defina los mecanismos de seguimientos de estos planes de reindustrialización. La empresa que se vea inmersa en estos planes deberá contar con un umbral mínimo de tamaño o situarse en un sector considerado clave y tendrá que comunicar con al menos 9 meses de antelación su situación de cierre previsto o de reducción de su actividad ante la Secretaría de Estado de Industria, con el fin de que pueda iniciarse el proceso pues, en caso contrario, podría arriesgarse a sanciones.
La denominada Mesa de Reindustrialización sería el órgano donde se llevarían a cabo las negociaciones del proceso, con implicación de los representantes de los trabajadores, de la p propiedad de la empresa y de las Administraciones públicas involucradas, sean Ayuntamientos, CC.AA. o Estado).
El Ministerio de Industria determinará obligaciones para aquellas empresas que perciban ayudas públicas con el fin de mantener la actividad de producción durante un periodo determinado de tiempo, variables en función del tamaño de la empresa.
La simplificación administrativa se analizará en la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y en el Consejo Estatal de Política Industrial, debiéndose presentar un informe anual al Foro de Alto Nivel.
La nueva ley de Industria y Autonomía Estratégica deberá ser objeto de análisis e información por parte del Consejo Económico y Social (CESE), Competencia (CNMC), Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
Anexos
Texto del Anteproyecto de Ley [PDF]
Memoria del Anteproyecto de Ley [PDF]
Anexo I de la Memoria del Anteproyecto de Ley [PDF]
Anexo II de la Memoria del Anteproyecto de Ley [PDF]
Cuadro estructurado para aportaciones al anteproyecto de Ley [XLSX]
