Mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, insistió una vez más en defender las diversas ayudas públicas, aprobadas ya marzo pasado, para paliar las pérdidas generalizadas de rentabilidad en el campo, las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, demandaron al Gobierno un plan de choque económico, con más inversiones y rebajas impositivas, puesto que la situación de sequía se ha agravado ostensiblemente desde mayo hasta ahora.
Planas presidió este miércoles 21 de septiembre el Comité Asesor Agrario, que reúne a responsables del MAPA y a las tres organizaciones agrarias de ámbito nacional, ASAJA, COAG y UPA.-
En este encuentro se abordaron dos grandes bloques temáticos: por un lado, la necesidad de ir formando e informando sobre el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) y, por otro, la actual coyuntura económica por la que pasa el sector agroalimentario, muy amenazada por la sequía, las olas de calor y la falta de agua suficiente para regadío que se viene sucediendo desde el mes de mayo pasado.
Planas reconoció que estamos en un momento bastante complicado para el sector agrario, tanto por la persistente sequía, como también por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que elevado exponencialmente la volatilidad» de los mercados energéticos y alimentarios.
Sin embargo, el ministro consideró que, aún con todo, “las ayudas públicas, las medidas fiscales y la normativa desarrollada han permitido mantener la viabilidad de las explotaciones agrarias.” Es más, Planas cifró en más de 1.000 millones de euros el impacto económico de todo el apoyo dado al sector agrario español, entre ayudas directas y fiscales para afrontar la difícil situación actual.
En concreto, el ministro volvió, una vez más a referirse a los 169 M€ concedidos por el Estado en ayudas directas al sector lácteo; a los 193,5 M€ para compensar las dificultades económicas de los sectores ganaderos-cárnico y el citrícola, y también a los algo más de 72 M€ del segundo paquete de ayudas para incrementar la subvención estatal (de ENESA) para abaratar la prima de contratación del seguro agrario.
El ministro valoró también el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC 2022, hasta los 3.400 millones de euros, que les podrán llegar en forma de anticipo a partir del próximo 16 de octubre (nuevo ejercicio financiero 2023 en la UE) a los agricultores y ganaderos que presentaron la Solicitud Única en plazo.
Sobre ese punto, Planas pidió a las CC.AA. a que sean “activas” en la gestión de estas ayudas (hasta el 70% de los pagos directos del primer pilar y el 85% en algunas medidas de superficie de Desarrollo Rural), porque son las encargadas de abonar esos anticipos a partir de esa fecha, porque son «fundamentales en el momento actual».
El ministro recordó que el sector agrario ha contado con la mayor rebaja de impuestos aplicados en los últimos años, al fijar una rebaja fiscal del 20% para los 900.000 agricultores y ganaderos que tributan por el régimen de estimación objetiva del IRPF. Una cantidad que se suma a la reducción fiscal por las pérdidas de producción como consecuencia de las adversidad climáticas o de mercado.
En el plano legislativo, Planas reiteró también en señalar que la modificada Ley de la Cadena Alimentaria ha tenido un efecto «muy positivo» en este contexto de crisis y dificultades, “a pesar de no haber desplegado aún todo su «potencial».
Medidas por sequía
En relación con la sequía, el ministro les recordó a las tres OPAs las medidas coyunturales, adoptadas ya en marzo pasado por el Gobierno, para paliar esta situación, y cuyo coste para el erario público estimó en unos 450 M€ en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico, de rebajas de impuestos o en el papel del MAPA en los seguros agrarios.
En relación al Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), Planas pidió a las organizaciones agrarias que se involucren de lleno ante sus representados y desarrollen campañas de información y asesoramiento para explicar las “muchas novedades» que deparará la reforma a partir de 2023. Para ello, podrán contar al respecto, como no podría ser menos, con la plena colaboración del Ministerio de Agricultura, en el apartado de asesoramiento, formación e información a agricultores y ganaderos.
Desde las organizaciones agrarias se volvió a valorar el paquete de ayudas directas e indirectas que el MAPA y el Gobierno aprobó en el pasado mes de marzo, pero insistieron en que éstas se habían quedado escasas en relación con la gravedad de la sequía que está padeciendo el campo desde mayo pasado. Por ello, insistieron en pedir al Gobierno un plan de choque, con nuevas medidas de apoyo e inversiones que hicieron llegar al ministro.
Así, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, informó a los responsables del MAPA sobre la necesidad de que el campo español cuente con un plan económico y financiero que ayude a corregir y paliar la grave situación en que se encuentra.
Barato denunció, al respecto, subidas de más del 38 % en el precio de la energía y de los fertilizantes y, ante ello, demandó créditos ICO o la aplicación de la doble tarificación de la potencia eléctrica para el regadío.
Asimismo, instó al Gobierno a que destine más fondos europeos para inversiones hídricas, ya que la perspectiva de futuro sobre la sequía no es favorable, con una previsión de que «se puede dejar de cultivar más del 25 % de los cultivos continentales».
En relación al PEPAC, el presidente de ASAJA reclamó «máxima flexibilidad» en la consideración y aplicación de los ecorregímenes, al menos para este próximo ejercicio, con el fin de «hacerlos atractivos” para agricultores y ganaderos y no supongan una pérdida de fondos comunitarios porque sea difícil o no rentable acogerse a los mismos.
Por su parte, el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Padilla, dio un paso más al advertir que si no son posibles nuevas medidas, el sector agrario tendrá muchas dificultades para ser rentable y se producirán abandonos de agricultores y ganaderos, sobre todo de jóvenes.
Padilla demandó, como ya había informado su organización un día antes, una reducción del 21 % al 10 % del IVA para las Comunidades de Regantes, como se viene aplicando en Italia, porque “se trata de un impuesto que termina por perjudicar a los agricultores.”
Además, consideró que, en situaciones como la actual de crisis global, la Ley de la Cadena Agroalimentaria está «mostrando deficiencias» y, ante ello, reclamó más estructura para que se cumpla, así como un análisis de los costes de producción de toda la cadena.
Por último, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, mostró su apoyo a las medidas económicas extraordinarias que reclaman las otras dos organizaciones agrarias e instó al Ejecutivo a poner en marcha un plan de apoyo distinto al adoptado hasta ahora.
Y, además, Ramos demandó que, para que este nuevo plan fortalezca las medidas ya activas del Gobierno, exigió una «mayor implicación de las Comunidades Autónomas» y abogó también por que se aplique la Ley de la Cadena para que el aumento del precio que soporta el consumidor en su cesta de la compra repercuta en el precio que se le paga a los agricultores y ganaderos.
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