Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, acudirán el próximo martes, 23 de febrero, a la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una petición innegociable, como habían pedido ya las cuatro CC.AA. “loberas”: la retirada inmediata del proyecto de Orden Ministerial de Transición Ecológica, por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda España.
Las OPAs exigen también al Miterd retirar la OM que declara al lobo especie especialmente protegida
A partir de esa demanda, las OPAs muestran su total disposición para seguir trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) en la definición de medidas que permitan la coexistencia entre la actividad ganadera y la fauna silvestre.
ASAJA, COAG Y UPA sostienen que la OM que Transición Ecológica pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante. No hay más que recordar, añaden, las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las CC.AA. (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria) donde el lobo tiene su principal implantación, con más del 95% de su población.
Según las OPAs, la Orden elaborada por el departamento de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014, que no refleja la situación actual, y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo.
Al respecto, añaden, ignora criterios científicos y objetivos, y carece del necesario consenso de las partes afectadas (CC.AA. donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas.
En opinión de estas organizaciones agrarias, la única forma de solucionar este “disparate normativo” es que el Miterd retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo, que incluya un diagnostico real y certero de su situación y de la ganadería extensiva; medidas de gestión y control de la especie silvestre; medidas de prevención de los ataques, así como un programa de indemnizaciones para los ganaderos que pierdan animales o resulten con graves daños y que, en ningún caso, deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco-esquemas, ni con los seguros agrarios, que suscriben los productores.
Para estas tres organizaciones de ámbito estatal, para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración).
Según los datos que manejan estas OPAs, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año, y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y, prueba de ello, es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020, con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.
