Las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA y la sectorial CNCRCA) firmantes del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) del sector de remolacha azucarera han solicitado la convocatoria urgente de la Mesa Nacional, con el objetivo de llegar a una negociación consensuada de la contratación 2019/2020.
Las OPAs piden una reunión urgente de la Mesa Nacional del AMI remolachero-azucarero
De no ser posible, se pedirá el inicio del procedimiento de arbitraje por la ruptura unilateral de Azucarera del AMI en vigor, que incumple lo pactado para la última campaña de vigencia de este acuerdo.
Estas organizaciones constatan que la decisión de Azucarera de rebajar en 6,5 € el precio de la tonelada de remolacha en la próxima contratación (un 20 % menos del precio actual), comunicada por esta industria en la última reunión de la Mesa Nacional de Seguimiento del AMI, el pasado 4 de diciembre, “supone una ruptura del Acuerdo Marco Interprofesional vigente hasta la próxima campaña 2019/2020”.
El sector productor no acepta, en ningún caso, la estrategia de Azucarera, que pretende romper un marco interprofesional que ha sido clave para el desarrollo del cultivo en los últimos 40 años.
Fuentes de las OPAs ven muchas posibilidades de que Azucarera tenga que rectificar, tras haber consultado este caso con la propia Cámara de Comercio de Madrid para ver las posibilidades de someter al arbitraje el incumplimiento del AMI. Y eso, a pesar que la cláusula de salvaguardia existente que deja sin efecto dicho acuerdo interprofesional en caso de un cambio sustancial de las circunstancias en el sector, como podría ser el cierre de fábricas, la drástica caída de la superficie de siembra o de los precios.
De cualquier forma, para que las OPAs pueda solicitar el arbitraje se tiene que reunir primero la mesa del AMI y que allí los representantes de los cultivadores manifiesten su desacuerdo con la oferta de cambio de modelo de contratación realizado por Azucarera.
Tras esto y una vez que se solicite el laudo arbitral a la Cámara de Comercio de Madrid, que podría suponer un coste de unos 100.000 euros a estas organizaciones, aún habrá que esperar unos meses hasta que esta institución resuelva.
Por último, lamentan que en estos momentos no se estén llevando a cabo las negociaciones necesarias para establecer un nuevo marco regulatorio interprofesional que pudiera extenderse hasta el año 2024 o 2025, lo que prueba que dentro de las prioridades de Azucarera no se encuentra la apuesta por el futuro del cultivo, añaden estas organizaciones.
¿Cultivo compartido?
Por otro lado, las organizaciones agrarias enviaron una carta al Ministerio de Agricultura, en concreto, al secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, en la que solicita que se determine si existe fraude en el cobro de ayudas de la PAC (ayuda asociada del Primer Pilar de pagos directos y ayuda agroambiental del Segundo Pilar de Desarrollo Rural) en el «cultivo compartido que la empresa Azucarera ofrece a través de su filial de servicios, Agroteo, al productor de remolacha para una materia prima que es de la industria.
Según el sector, en principio a esta remolacha se le definió como «cultivo propio de la industria» y, ahora, se denominada como «cultivo compartido», una fórmula mediante la cual Azucarera pretende introducir a jóvenes de nuevas zonas sin tradición en el cultivo de remolacha, así como recuperar a quienes en su día dejaron este sector.
Desde el sector se veía esto como una fórmula para disponer de tierras en los que el beneficio para el agricultor llega de la ayuda asociada al sector y de las prácticas agroambientales de los PDR regionales, de tal forma que tales ayudas se desvirtúan en beneficio de la industria azucarera.
Asimismo, la organización UPA denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las ventas de contratación que ofrece la filial de servicios de Azucarera, Agroteo, a los remolacheros asociados, al entender que supone un agravio comparativo con respecto a otros colectivos que también realizan entregas a la misma empresa. Según el secretario general de UGAL-UPA, Matías Llorente, la empresa ofrece diferentes contratos a los remolacheros.
