Los máximos responsables de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, dieron "luz verde" este viernes 3 de diciembre a un nuevo proceso de movilizaciones, que llevarán a cabo en toda España en protesta por la situación de grave crisis de rentabilidad, que afecta a la inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos, y "ante los graves ataques de que son objeto."
Las OPAs retoman un nuevo proceso unitario de movilizaciones agrarias en todos los territorios del Estado
La primera protesta se llevó a cabo este mismo viernes en las carreteras de Valencia (ver abajo), mientras que los ganaderos de leche continuarán sus concentraciones en Cantabria el próximo martes, día 7 y en León, el lunes día 13. A esto se añadirá la convocatoria de Paros Agrarios en las zonas productoras, el primero de ellos en Córdoba, el próximo 21 de diciembre.
Estas protestas, que se intensificarán en las próximas semanas en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses y de las que se desarrollaron en 2019-2020, viéndose interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19.
Según estas tres organizaciones agrarias, los agricultores y ganaderos de todo el país saldrán de nuevo a las calles y carreteras en todas las zonas productoras, mediante concentraciones, marchas y manifestaciones, en protesta por la crisis que les está ahogando.
La brutal subida de los costes de producción y los desequilibrios en la cadena agroalimentaria, que impiden percibir unos precios justos en origen y ponen en peligro la rentabilidad de las explotaciones agrarias son los argumentos principales de estas protestas, aunque no los únicos.
Además, añade las tres OPAs, la PAC y las nuevas exigencias medioambientales; los controles en frontera; las cuestiones sociales y laborales y la contratación de la mano de obra en el campo; la necesidad de adaptar los seguros agrarios; las tarifas eléctricas y los problemas con la fauna salvaje… son también «motivos de sobra para la protesta.»
En los próximos días, las organizaciones agrarias detallarán el calendario completo de estas protestas, que ya se están programando en las distintas CC.AA., así como las reivindicaciones que se plantearán al conjunto del Gobierno, ya que afectan a diferentes Ministerios y no solo al de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las tres OPAs argumentan que «los agricultores y ganaderos no pueden más, y por eso lanzan este #SOSrural en defensa de su profesión y su dignidad, así como para reclamar medidas de apoyo a un sector estratégico de la economía del país, que contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y los espacios naturales.
Protestas en la Comunidad Valenciana
Más de 2.000 personas participaron en la protesta conjunta organizada por la totalidad de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, La UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPP-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)– para reclamar medidas de apoyo a todas las Administraciones ante la escala histórica de los costes de producción y la crisis de precios en origen.
El acto de protesta consistió en una marcha de personas y vehículos (tanto turismos y furgonetas, como tractores y maquinaria de uso agrícola) que discurrieron desde las poblaciones de Favara (Ribera Baixa) hasta Tavernes de la Valldigna (La Safor).
En la primera localidad se realizó un esmorzar popular y antes de iniciar el recorrido se produjo la quema de naranjas y caquis, de un muñeco con la imagen del director de ENESA, José Miguel Pérez, que pretende “cargarse” el actual seguro de cítricos, y también de banderas de países terceros que ejercen competencia desleal a nuestras producciones, nos introducen plagas y no cumplen con los estándares europeos de producción.
Tras circular por la N-332 hasta Tavernes de la Valldigna, en un recorrido de unos 9 kilómetros, en la plaça de l’Ajuntament de esta localidad se han llevado a cabo los parlamentos y se han esparcido de nuevo caquis y naranjas.
En las zonas por donde ha discurrido la protesta fue donde comenzó el mal inicio de la campaña de la naranja Navelina, que posteriormente se ha extendido al resto de áreas citrícolas, la cual registra en la actualidad cotizaciones ruinosas de hasta 0,15 euros por kilo, que están muy lejos de cubrir los gastos, debido a la entrada masiva de importaciones foráneas y a los abusos comerciales de determinadas cadenas de distribución.
Estas zonas también concentran la mayor producción de caqui en Europa, un cultivo cuya rentabilidad está contra las cuerdas a causa de la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades.
Asimismo, la reivindicación remarca los daños en expansión que está ocasionando el Cotonet de Sudáfrica –200 millones de pérdidas en la presente campaña citrícola– en las clementinas, principalmente en el sur de Castellón y norte de Valencia.
A pesar de estas reivindicaciones, en la protesta participaron personas afectadas directa o indirectamente por la grave crisis de rentabilidad que soportan la gran mayoría de las producciones agrícolas y ganaderas. Por ello, las organizaciones convocantes demandan la puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.
Subida de costes
Las entidades representativas del campo valenciano alertaron de una subida sin precedentes de los costes de producción en la agricultura y la ganadería y piden medidas extraordinarias al respecto. La energía eléctrica –necesaria fundamentalmente para extraer el agua de riego– se ha encarecido un 270% y muchas entidades de riego se ven abocadas a renovar sus contratos con las comercializadoras mediante incrementos inasumibles.
El gasóleo que usan los tractores y otras máquinas agrarias ha subido un 73%, así como los abonos (+48%), el agua (+33%), los plásticos de invernadero (+46%) o las semillas (+20%). En el apartado de la ganadería, el encarecimiento del 20% de los piensos para alimentación animal lastra la competitividad de las explotaciones.
Mientras los alimentos empiezan a experimentar un encarecimiento para los consumidores, al principio de la cadena alimentaria los productores no tienen la capacidad de repercutir la histórica escalada de costes en los precios que perciben.
Por ello, además de apoyos coyunturales, el sector agrario exige el cumplimiento estricto y riguroso de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada ayer para que sirva verdaderamente para evitar prácticas comerciales abusivas y garantice precios justos para los productores.
Asimismo, las organizaciones agrarias reivindican una Política Agrícola Común (PAC) más mediterránea y activar medidas de gestión de crisis, cuando la situación lo requiera, caso del Fondo de Crisis previsto por la PAC y/o fondos nacionales.
También una profunda revisión de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros, empezando por la actual revisión del tratado con Sudáfrica, a fin de establecer reciprocidad en las condiciones de producción, mayores controles fitosanitarios y la declaración de ‘producto sensible’ a aquellos cultivos cuya rentabilidad se vea perjudicada.
En cuanto a los seguros agrarios, reclaman un nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos, y no a los beneficios de las aseguradoras, así como la implantación de un seguro de costes/ingresos agrarios.
Otras de las peticiones de las organizaciones agrarias pasan por una rebaja significativa del módulo del IRPF agrario, la revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario, una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje y un análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas, junto al mantenimiento de los caudales para regadío del trasvase Tajo-Segura.
Las organizaciones convocantes no descartan nuevos actos de protesta durante las próximas semanas, así como la participación en una gran manifestación en Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanos en defensa de un medio rural sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.
