La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) critica que las limitaciones en el uso del Dominio Público Hidráulico (DPH) no den derecho a indemnización, lo que a su juicio puede dar lugar a actuaciones arbitrarias y a expropiaciones sin procedimiento poco respetuosas con las concesiones y con el Estado de Derecho.
Esta Federación lanza este aviso, tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró el pasado 11 de mayo, en el que el Gobierno aprobó ayudas directas al sector agrario e inversiones por un monto total de 2.190 M€ para paliar los efectos de la sequía.
Esta Federación lanza este aviso, tras el Consejo de Ministros extraordinario que se celebró el pasado 11 de mayo, en el que el Gobierno aprobó ayudas directas al sector agrario e inversiones por un monto total de 2.190 M€ para paliar los efectos de la sequía.
Al respecto, los regantes consideran positivas algunas medidas incluidas en el RD-ley 4/2023 aprobado para hacer frente a la falta de agua, al atender una reivindicación planteada por Fenacore desde hace meses.
No obstante, advierten que las ayudas generales previstas no son suficientes para compensar las pérdidas históricas que está sufriendo el campo español, que ya superarían, según algunas fuentes del sector, los 10.000 millones de euros, dejando a miles de explotaciones agrarias del país en una situación dramática.
En concreto, este colectivo valora positivamente las exenciones al canon de regulación y la tarifa de utilización de agua para regantes con dotaciones de recursos hídricos mermadas, así como la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), como ha venido reclamando desde hace meses en el marco de su plan de medidas coyunturales y estructurales para luchar contra la sequía, presentado al Gobierno.
Esta Federación destaca también algunas actuaciones anunciadas por el Gobierno como la apertura de pozos de sequía en periodos como el actual, la puesta en marcha de obras de emergencia o la culminación del proceso de modernización de regadíos.
También valora positivamente los cambios, que van a impulsar la reutilización de las aguas regeneradas en condiciones de calidad y económicas adecuadas para el regadío.
En paralelo, destaca otros aspectos importantes del paquete de medidas, entre ellos, que se descongele la inversión en obras e infraestructuras hidráulicas, como defienden los agricultores de regadío desde hace años, no sólo para mitigar las consecuencias de las inundaciones y sequías, sino también para garantizar la producción de alimentos.
En este sentido, Fenacore valora que el decreto prevé dar un impulso a nuevas infraestructuras, “pero lamenta que el Gobierno, en materia de planificación hidrológica, haya ignorado las aportaciones del sector del regadío, los principales usuarios, que saben mejor que nadie dónde se necesita el agua de manera urgente y cuáles deben ser las actuaciones y obras de regulación prioritarias para garantizar los riegos.”
Además, recuerda su constante advertencia sobre los efectos de la falta de inversión en obras de regulación, ya que “agrava la amenaza que suponen las sequías en nuestro país.”Y pone como ejemplo que sólo se han ejecutado 2 de cada 10 euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un porcentaje elevado de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han llegado a realizar.
Por último, Fenacore reclama que el agua no se convierta en un arma arrojadiza entre partidos políticos en plena campaña electoral y que no se vuelva a convertir en un objeto de confrontación.
Reitera que, para que las medidas ayuden eficazmente a combatir la sequía, es urgente alcanzar un Pacto de Estado que refuerce la colaboración entre los sectores afectados, las Administraciones públicas y los grupos parlamentarios para evitar, a fin de cuentas, la “contaminación política del agua”.
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