Ministerio y consejeros autonómicos -hubo casi pleno presencial- coincidieron en líneas generales con las propuestas a defender en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE este lunes 21 de marzo para hacer frente a la crisis originada en los mercados internacionales como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
MAPA y CC.AA. defienden medidas excepcionales de la UE ante la crisis por la guerra en Ucrania
No obstante, algunos consejeros expresaron la necesidad de ir incluso más lejos y plantearon volver a evaluar los objetivos de la próxima PAC 2023-2027 y reorientar parte de los fondos comunitarios de Recuperación y Resiliencia para dar más peso importancia al objetivo de garantizar la seguridad y la autosuficiencia alimentaria europea.
Prácticamente todos los consejeros autonómicos de Agricultura expresaron durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en Consejo Consultivo de Asuntos Comunitarios, celebradas de forma simultánea, su preocupación por la difícil situación en el sector primario, debido a las consecuencias de la crisis que la guerra en Ucrania, que ha elevado aún más los costes de producción, sobre todo de las materias primas para la producción de piensos y alimentos, así como de la energía (electricidad, gas natural y gasóleo) y fertilizantes.
En la reunión, la mayoría recordaron que ya se venía de una tendencia alcista de los precios de los insumos en estos últimos dos años y, ahora, la guerra de Ucrania ha recrudecido esta situación, “dejando al descubierto que tenemos una crisis estructural, porque dependemos de materias primas y de energía externa, por lo cual las estrategias deben cambiar, deben adaptarse a la nueva situación”, como destacó la consejera navarra de Desarrollo Rural, Itziar Gómez.
Los consejeros autonómicos ven necesario flexibilizar la normativa de la actual PAC y reorientar los planes estratégicos que se deberían poner en marcha a partir de 2023 para aumentar la producción agraria y disminuir la dependencia alimentaria del exterior. Incluso varios consejeros llegaron a plantearse si el modelo de PAC 2023-2027 responde o no a ese intento de minimizar la dependencia de materias primas.
Asimismo, defendieron el desarrollo en España y en la UE de estrategias que nos permitan avanzar hacia la soberanía alimentaria y energética y que permitan responder a problemas que está sufriendo el sector agroalimentario, como el incremento de los precios de la energía y de las materias primas. Para la consejera navarra “necesitamos producir más alimentos y más energía para no depender de terceros países.”
Durante esta reunión, Planas expuso la posición que defenderá España ante la Comisión Europea (CE) y que ya había defendido en el pasado Consejo Extraordinario de Ministros de Agricultura de 2 de marzo pasado.
Así, el ministro reiteró que son necesarias medidas excepcionales para compensar a los agricultores, ganaderos y pescadores más afectados por el “muy significativo incremento de los costes de producción que pueden comprometer la rentabilidad de su actividad y el normal abastecimiento alimentario a la población”.
Planas volvió al insistir en que es necesario que la Comisión Europea (CE) permita que los Estados miembros puedan incrementar la producción de cereales y de oleo-proteaginosas, así como adoptar medidas para flexibilizar la entrada de materias primas, destinadas sobre todo a alimentación animal, con el fin de que el sector agrario cuente con los suministros necesarios para llevar a cabo su actividad.
El ministro valoró que la CE actúe ya, en referencia a la reunión técnica del Comité Especial de Agricultura (CEA) del pasado 11 de marzo, para permitir importaciones de materias primas para alimentación animal y aumentar así su disponibilidad en el mercado.
Al respecto, Planas hizo referencia a la resolución publicada el 14 de marzo para facilitar la entrada en España de maíz de Argentina y Brasil, gracias a una flexibilización temporal de los requisitos fitosanitarios para la importación.
Respecto a las medidas que España defenderá ante la CE, el ministro volvió a citar la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), que supone utilizar la denominada reserva de crisis, un mecanismo para intervenir en casos de graves perturbaciones de mercado, y que deberían dar lugar a la habilitación de recursos para los sectores más afectados por el alza de costes de los insumos.
No obstante, la reserva de crisis, dotada con 497,3 M€ que se detraen y recaudan mediante una reducción lineal de los pagos directos de la PAC y que, en caso de no utilizarse, se devuelven al año siguiente a sus beneficiarios, supone una cantidad insuficiente para afrontar la actual situación y supondría no reembolsar los mismos a agricultores y ganaderos en 2023. Además, a pesar de que la mayoría de los Estados miembros están a favor de utilizar esta medida, solo entraría en vigor tras la aprobación obligatoria del Parlamento Europeo y del Consejo.
Rusia y Ucrania son, respectivamente, el primer y el cuarto productor mundial de trigo, con lo que la suspensión de la producción y de las exportaciones suponen una menor disponibilidad en los suministros de materias primas para la alimentación animal en los mercados internacionales, afectando sobre todo al sector ganadero, muy dependiente de las importaciones para la alimentación animal, destaca el MAPA.
Por ello, Planas recordó que el Gobierno ha solicitado ya flexibilidades en la normativa de la PAC para poder destinar las superficies de barbecho o superficies de interés ecológico (SIE) a la producción de oleo-proteaginosas o de cereales y para pastoreo, así como excepciones en la rotación y diversificación de cultivos, una posibilidad que ya avanzó el propio comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, cuando el pasado 3 de marzo señaló considerar la adopción de medidas destinadas a garantizar y liberar la capacidad de producción en 2022, como el uso de tierras en barbecho para cultivos proteaginosos.
El ministro señaló que se apuesta también por “medidas inmediatas”, que ya se han adoptado en ocasiones anteriores, como el incremento del porcentaje de los anticipos de los pagos directos de la PAC del 50% al 70%, que no empezarían a cobrar los agricultores y ganaderos hasta la segunda mitad del próximo mes de octubre, así como por la flexibilización de los controles para agilizar éstos y una aplicación más sencilla y flexible del concepto de causa mayor, para los casos en los que no se puedan cumplir las condiciones de elegibilidad como consecuencia de la situación actual, como ya se aplicó en 2020 debido a los problemas por la expansión de la pandemia de Covid-19.
Planas reiteró también su propuesta para que se puedan financiar con Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (FEADER) –segundo pilar de la PAC- actuaciones específicas de apoyo al sector, como igualmente se hizo entonces, aunque en esta ocasión y por ahora, el comisario de Agricultura se mostró remiso.
