MAPA y sector oleícola intentan avanzar en la “hoja de ruta” del aceite de oliva

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió este jueves 11 de junio por videoconferencia con el conjunto del sector oleícola para avanzar en los trabajos para la paulatina puesta en marcha de la “hoja de ruta” del aceite de oliva.

En la reunión se entró al detalle de las diez medidas que la pasada semana presentó el ministro de Agricultura, Luis Planas, para asegurar la viabilidad y rentabilidad del sector del aceite de oliva en nuestro país.

En concreto, en este decálogo de medidas quedó especificado el agente responsable de su desarrollo en cada una de ellas, cuando no es el propio Ministerio el que tiene que ponerla  en marcha, el marco legal y el previsible calendario de aplicación, así como los trabajos que son necesarios llevar a cabo esa “hoja de ruta”.

Así, el MAPA y los representantes sectoriales (organizaciones y cooperativas agrarias, industria y las interprofesionales del aceite de oliva y del aceite de orujo) acordaron establecer los procedimientos de trabajo para desarrollar las medidas.

Respecto a la autorregulación voluntaria de la producción de aceite de oliva, el secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA constató la voluntad de Cooperativas Agro-alimentarias de llevar a término, antes del 30 de junio, el expediente de solicitud para la aplicación de esta medida, que inició en 2019 ante la Comisión Europea, con el apoyo del Ministerio.

Una vez concluido el expediente, será la Comisión Europea la que deba dar su conformidad para que las cooperativas oleícolas puedan disponer de un mecanismo de autorregulación voluntaria para retirar hasta un 10% de la producción nacional de aceite de oliva, que podrán gestionar directamente, según este departamento, como permite el artículo 209 del Reglamento (UE) 1308/2013 de OCMA de la PAC.

En relación a otra de las medidas, como planificar la producción de aceite de oliva a través de la cosecha temprana de aceitunas para almazara, Miranda hizo referencia a la reunión mantenida con la Organización Interprofesional (OIA) del Aceite de Oliva de España, en la que esta entidad asumió el compromiso de intentar alcanzar un acuerdo para la próxima campaña 2020/2021, que se inicia el próximo 1 de octubre, con el fin de recomendar el adelanto de la cosecha.

Una medida, recogida en el artículo 164 del Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCMA de la PAC, que está enfocada a incrementar la calidad de los aceites de oliva, a pesar de los menores rendimientos y que, de consolidarse el compromiso entre todos los agentes del sector oleícola, podría ser objeto de extensión de norma a partir de la próxima campaña 2020/2021, en caso de que lo acuerde la organización interprofesional.

Retirada obligatoria de oferta

Respecto a la realización de prestaciones obligatorias en el sector del aceite de oliva, en forma, por ejemplo, de almacenamiento privado obligatorio para todos los agentes, a partir de una determinada cantidad de la producción, Miranda indició que esta posibilidad va a depender de que esta medida –norma de comercialización del artículo 167 del Reglamento (UE) 1308/2013- se apruebe en el reglamento de transición de la Política Agraria Común (PAC) en este mes de junio.

Asimismo, Miranda explicó al sector oleícola la propuesta del MAPA para establecer un etiquetado obligatorio de los sistemas de producción de aceite de oliva, con los que se logre diferenciar y valorizar ante el consumidor los sistemas de producción tradicionales, de baja intensidad productiva o menores rendimientos.

Según el alto cargo del MAPA, los costes de producción de este tipo de olivares no pueden competir con los sistemas más intensivos. Sin embargo, los sistemas tradicionales de producción aportan unas externalidades sociales y medioambientales positivas para el entorno rural y la sociedad en su conjunto, que permiten aportar mayor valor añadido al producto y, por tanto, se deben valorizar mucho más.

La puesta en marcha y desarrollo de este sistema de etiquetado obligatorio diferenciador se realizará, según Miranda, mediante un real decreto, aunque es necesario un trabajo previo con el sector para establecer un marco común de acuerdo acerca de cómo implantar este modelo.

Igualmente, el secretario general detalló el contenido de la norma de calidad del aceite de oliva, cuyo real decreto está en fase de tramitación y se elevará a la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA), por lo que es previsible publicación de esta norma a finales de año.

En relación con la medida de promoción del aceite de oliva, necesaria para incrementar la demanda del producto, Miranda propuso al sector oleícola iniciar los trabajos para identificar las necesidades de promoción en el mercado interior y en el de terceros países. El objetivo sería optimizar los recursos financieros de los que dispone la Administración General del Estado (AGE) y el propio sector (OIA) para buscar sinergias y emprender nuevas actuaciones encaminadas a incrementar la demanda de consumo.

Fernando Miranda hizo también referencia a las posibilidades que ofrece la nueva PAC al sector del olivar, tanto en el marco de los pagos directos de la futura PAC, como en la posibilidad de establecer un programa específico de apoyo nacional, tal y como ya tienen los sectores del vino y hortofrutícola.

Miranda hizo hincapié, además, en las oportunidades de las ayudas al Desarrollo Rural de la PAC para fomentar la gestión común de las explotaciones de menor dimensión y dispersas en el territorio, destinadas a procesos de reestructuración hacia formas de conducción del olivar, que permitan mecanizar la recogida de aceituna, o hacia modelos de calidad diferenciada que remuneren mejor la materia prima.

Por último, el Ministerio tiene intención de incorporar en sus objetivos generales el  incremento de la superficie de producción ecológica en el Horizonte 2030, como establece la Estrategia comunitaria de Biodiversidad 2030, un plan específico para el aceite de oliva, con el fin de triplicar la superficie de olivar bajo criterios de producción ecológica, que actualmente ocupa unas 200.000 hectáreas de superficie.