María José Hernández (FEGA): “la flexibilidad en condicionalidad y ecorregímenes facilitarán al agricultor cumplir con la normativa PAC”
María José Hernández, presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
“La flexibilidad en las prácticas de condicionalidad y ecorregímenes harán más fácil al agricultor cumplir con la normativa PAC”
¿Cómo va la presentación de expedientes de Solicitud Única de la PAC casi dos meses después de haberse abierto el plazo y a un mes (30 de abril) de que concluya?
La última información de la que disponemos constata un retraso en el ritmo de presentación de Solicitudes Únicas este año con respecto a 2023. Hasta el 18 de marzo, se han presentado unas 112.500 solicitudes, un 35% menos que el año pasado en el mismo momento del periodo de presentación. Este retraso se debe, en buena medida, a las expectativas ante los cambios que se puedan producir en los requisitos relativos a la condicionalidad y en los ecorregímenes.
Queremos que los agricultores conozcan las flexibilidades que serán de aplicación ya para esta Solicitud Única de 2024, de forma que puedan presentar sus expedientes con la mayor seguridad jurídica posible. En todo caso, barajamos la posibilidad de ampliar el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda más allá del 30 de abril.
Ante los ajustes y flexibilizaciones que se están negociando incluir en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), ¿cuáles son a grandes rasgos los que entrarán en vigor en la PAC de este año y cuáles deberán esperar a la campaña PAC 2025 y posteriores?
Desde el Ministerio hemos priorizado, en el marco de las solicitudes realizadas a la UE, la retroactividad en la aplicación de determinadas normas de la condicionalidad reforzada, tras identificar que era una de las principales dificultades encontradas por los agricultores en la aplicación de la nueva PAC.
La propuesta de la Comisión, adoptada el 15 de marzo, responde a esta demanda, pues prevé que las principales modificaciones para la condicionalidad puedan aplicarse desde el 1 de enero de 2024 y, por tanto, ya para la Solicitud Única de la PAC 2024. Así, las flexibilidades relativas a las normas para mantener una cobertura mínima del suelo en los periodos más sensibles (BCAM 6), a las normas de rotación (BCAM 7) y a la obligación de destinar una parte de la superficie explotación a superficies no productivas (BCAM 8) serán ya de aplicación en la actual campaña, si se aprueba la propuesta.
Además, ya 2024, si se adopta el reglamento según propone la Comisión, no se penalizará por incumplimiento de condicionalidad a los agricultores, cuya explotación tenga una superficie igual o menor a 10 hectáreas. En España hay 345.000 agricultores en esta situación, para los que sin duda supondrá una importante flexibilidad.
En los ecorregímenes, las flexibilidades que plantea el MAPA -que deben aprobarse según lo que establece la normativa nacional y comunitaria- entrarían en vigor para la Solicitud Única de 2025, cuya campaña agrícola comienza el próximo otoño.
Estas flexibilidades, junto a las de la condicionalidad, harán más fácil al agricultor y al ganadero aplicar la normativa en su actividad. El MAPA, para dar estabilidad a los agricultores y ganaderos ante la incertidumbre por futuros cambios reglamentarios, considera también que en la Solicitud Única de la PAC de 2024 se dan las condiciones para aplicar determinadas flexibilidades, previstas ya en el real decreto del PEPAC como, por ejemplo, la reducción de las cargas ganaderas mínimas de pastoreo o el incremento del porcentaje de barbecho.
En la campaña PAC 2024 se empieza a aplicar en España la denominada condicionalidad social. ¿Podrían producirse, si se incumple la normativa laboral, sanciones en las ayudas PAC en la actual campaña?
La aplicación de la condicionalidad social desde este año implica que los incumplimientos en la normativa laboral, que se constaten a partir de esa fecha, serán tenidos en cuenta a la hora de sancionar en las ayudas de la PAC. Para que a un beneficiario se le descuente parte de las ayudas por incumplir la normativa laboral, es necesario que la autoridad competente, en este caso, la Autoridad Laboral, le haya impuesto una sanción firme y, a su vez, ésta se la comunique al organismo pagador de la Comunidad Autónoma competente para realizar la detracción.
No obstante, conforme a los plazos habituales de los procedimientos sancionadores, el primer intercambio de información entre las autoridades laborales y los organismos pagadores tendrá lugar a principios de 2025, por lo que las primeras penalizaciones, en su caso por este concepto no se harán efectivas hasta el año que viene.
¿Qué cambios o ajustes se van a introducir para mejorar o simplificar la figura de “agricultor activo” en el PEPAC? ¿estarán vigentes ya para la actual campaña PAC 2024?
No prevemos realizar cambios de calado en la definición de la figura de agricultor activo, puesto que este fue, precisamente, uno de los apartados sobre los que más costó llegar a un acuerdo en las negociaciones de 2021 para definir el modelo de aplicación de la PAC en España.
Los ajustes serán solo adaptaciones técnicas, que permitan reducir la carga administrativa de las comprobaciones, dar mayor seguridad jurídica y resolver algunos problemas específicos. Por ejemplo, en la campaña PAC 2024 ya se podrán declarar en el Impuesto de Sociedades los ingresos agrarios, lo que supondrá una simplificación importante para la verificación de la condición de agricultor activo para las personas jurídicas.
El sector agrario se queja de que algunos aspectos de la condicionalidad o de los ecorregímenes no se adaptan bien a las particularidades agronómicas y agroclimáticas de cada uno de los territorios. Los ajustes, cambios y flexibilizaciones que se están negociando ¿tratarán de adaptarse mejor a esas especificidades?
Es cierto. La nueva PAC nos está demostrando, a buena parte de los países de la Unión Europea, que la introducción de nuevos requisitos de condicionalidad o la aplicación de ciertas prácticas de los ecorregímenes necesitan un enfoque más progresivo, pues no en todos los lugares se pueden aplicar igual y, en algunas zonas, resulta más complicado que en otras.
Por ejemplo, la implantación de cubiertas en general, en cultivos herbáceos a través de la agricultura de conservación o en cultivos leñosos no es algo inmediato para un agricultor. Requiere aprendizaje, probar primero en algunas parcelas antes de hacerlo en todas y, en ocasiones, en zonas por ejemplo muy áridas, realizar labores que, probablemente, en zonas más húmedas no son necesarias. Ocurre también con las rotaciones con cultivos mejorantes: no en todas las zonas se pueden poner fácilmente.
Por ello, en la propuesta de modificación del PEPAC hemos recurrido en algunas prácticas al enfoque basado en conceder la ayuda por toda la superficie, aunque la práctica solo se implante en una parte de ésta.
De esta forma, se permitiría el establecimiento de cubiertas de leñosos en secano en parte de la superficie o en calles alternas, de manera que el agricultor pueda probar y, cuando se sienta seguro, ampliar la superficie con cubiertas y así poder valorar mejor el beneficio de la práctica que realiza. Una práctica cuyo fin, no hay que olvidar, es evitar la erosión del suelo y mejorar la fertilidad y la capacidad de retención de agua y carbono orgánico.
¿Y en las BCAM de la condicionalidad?
La parte relativa a la condicionalidad, que es la que compartimos con el resto de los Estados miembros, va a ser también simplificada de forma significativa. Cuando se produzca, permitirá al agricultor que elija cumplir con este requisito, mediante la rotación al cabo de tres años a nivel de parcela o mediante la diversificación que teníamos en la PAC anterior en el marco del pago “verde” (BCAM 7).
En el caso de la obligación de dejar un 4 % de la superficie de la explotación para superficies no productivas (BCAM 8), la propuesta de la CE se traduce en que se suprime este requisito si el Estado miembro ha establecido un ecorrégimen destinado a zonas no productivas con fines de biodiversidad, como es el caso de España, de forma que los agricultores, que no deseen dejar este tipo de superficies, no se verán penalizados, mientras quienes decidan dejar estos espacios para mejorar la biodiversidad, recibirán una ayuda a través del ecorrégimen.
En definitiva, con estas medidas, el agricultor verá reducidos de forma apreciable los requisitos que debe respetar para cumplir la condicionalidad y recibir las ayudas por los ecorregímenes.
El Cuaderno digital de explotación agrícola (CUE), que iba entrar en vigor este 2024 será voluntario. ¿Será solo para este año o esa voluntariedad se extenderá a campañas posteriores? ¿Cómo va a afectar esta voluntariedad a la supervisión y a los controles previstos con anterioridad por el MAPA?
De nuevo, la experiencia nos ha enseñado también en este ámbito que el enfoque voluntario, basado en incentivos, puede ser el más adecuado en las presentes circunstancias. El cuaderno digital está pensado para que el agricultor anote, básicamente, las aplicaciones de fertilizantes y fitosanitarios que realiza en su explotación. Las de fitosanitarios ya eran obligatorias y las de fertilizantes también en las zonas vulnerables de nitratos, de manera que, en muchos casos, el cambio era hacer la anotación en formato digital.
Con ello, impulsamos la digitalización del sector, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de la información que se genera y la consiguiente posibilidad de reducir costes de producción a nivel de explotación.
En definitiva, avanzar hacia una actividad más profesionalizada, eficiente y, si me permite, moderna, capaz de atraer jóvenes que buscan en la actividad agraria una actividad en la que la tecnología, como en muchas otras actividades, está también presente de una manera visible.
Desde el Ministerio, con un enfoque que creo ampliamente compartido por las organizaciones agrarias y las cooperativas, vamos a promover la implantación voluntaria del cuaderno digital, con incentivos al asesoramiento y a la formación que ya estamos poniendo en marcha en el marco de una intervención supraautonómica de Desarrollo Rural del Plan estratégico cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto cercano a los 23 millones de euros.
En la actualidad, trabajamos con las organizaciones agrarias sobre la posibilidad de establecer incentivos directos, en forma de pago a tanto alzado, para lograr que haya una masa crítica amplia de agricultores que utilicen el cuaderno antes de plantearnos hacer su uso obligatorio, de tal forma que podamos llegar a un enfoque compartido para ponerlo en marcha.
