Las organizaciones agrarias y cooperativas de Andalucía han enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la que solicitan que, si en el periodo de transición continúan aplicándose los mecanismos de convergencia, se mantengan los parámetros aprobados en el periodo 2015-2019.
Organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas piden que no haya modificaciones en el periodo transitorio de la PAC
Las organizaciones agrarias y cooperativas andaluzas han remitido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, tras conocer el proyecto del Real Decreto por el que se establecen disposiciones específicas para la aplicación de la PAC (Régimen transitorio) en los años 2021 y 2022. En ella, muestran su sorpresa por las modificaciones que se plantean en el borrador de este Real Decreto que regula el periodo transitorio hasta la entrada en vigor de la Nueva Reforma de la PAC, previsiblemente en 2023.
Un aspecto especialmente preocupante es el que se refiere a la propuesta de convergencia para 2021 y 2022 y a las repercusiones que esta propuesta tendrá para los agricultores y ganaderos de Andalucía, «región que por su diversidad agronómica, su productividad, su sostenibilidad, su calidad y, sobre todo, su capacidad de adaptación a las nuevas prioridades que ha ido marcando la política europea, es la mayor perceptora de la PAC a nivel nacional y una de las más importantes a nivel europeo».
Las organizaciones agrarias y cooperativas saben que seguir aplicando la convergencia en los años 2021 y 2022 tiene carácter facultativo para los Estados miembros, aun así, si finalmente se considera adecuado que dicha convergencia siga aplicándose en este periodo transitorio, siempre se debería hacer en la misma proporcionalidad que, de forma anual, se ha hecho en el periodo 2015-2019. De ahí que las alegaciones que las organizaciones andaluzas presentan al borrador del texto se basen en los criterios de progresividad que se han venido aplicando en el periodo 2015-2019.
«La aplicación de la propuesta que el MAPA presenta, sin que esté sustentada en un estudio de impacto previo que el sector conozca y pueda evaluar, penalizaría injustamente a muchos titulares al utilizar estas dos anualidades (2021 y 2022) no para mantener el carácter transitorio, sino para incorporar cambios que distorsionarían en gran medida los valores unitarios de los derechos de Pago Básico. Lo que de alguna manera constituye una reforma previa a la nueva reforma de la PAC».
Y esto cobra más importancia si cabe, si tenemos en cuenta que tal como recuerda el presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, y tal como se recoge en la carta “nos encontramos en un periodo transitorio, que precisamente debe evitar cambios traumáticos en la actual aplicación de la PAC, por lo que no cabe una reforma de la reforma”. Un aspecto que recoge además expresamente el propio preámbulo del citado Proyecto Normativo, lo que contradice la propuesta del articulado.
En definitiva, las Organizaciones Agrarias y Cooperativas andaluzas solicitan que, si el Ministerio de Agricultura decide continuar con la convergencia iniciada en 2015, debe mantener la misma “senda” de convergencia y aplicar los limitadores que han permitido una evolución suave de los pagos. «Es decir, la limitación de las pérdidas para aquellos titulares con importes superiores a la media regional debe garantizarse al mismo nivel que se ha hecho en todo el periodo 2015-2019. De lo contrario, se estaría rompiendo la evolución paulatina y sin grandes disrupciones que ha caracterizado la implementación de la PAC, en general, y la aplicación de la convergencia en particular».
«Por lo tanto, debería considerarse una limitación como máximo del 6% anual del valor unitario inicial de los pagos de los titulares cuyos importes sean superiores a la media regional para cada una de las dos anualidades (la limitación de pérdidas estaba fijada en un máximo de un 30%, lo que, aplicado en cinco etapas idénticas, desde 2015 a 2019, nos da un máximo de un 6% anual).
Del mismo modo debe procederse en el caso de la limitación de pérdidas. El incremento de los derechos cuyo valor unitario inicial fuese inferior al 90% del valor medio regional en 2019 se fijaba en una tercera parte de la diferencia entre su valor unitario y el 90% del valor medio regional, de forma progresiva. Por lo tanto, en esta convergencia que el MAPA propone para estas dos anualidades debería considerarse no una tercera parte, sino una quinceava parte (que es lo que se ha ido aplicando anualmente desde 2015 hasta completar la tercera parte antes mencionada en 2019)», concluyen.
Finalmente, las organizaciones firmantes consideran que los niveles propuestos en el borrador de Normativa (70% en 2021 y 80% en 2022) carecen de justificación, puesto que van mucho más allá de la convergencia que la Comisión Europea contempla para el año 2026 en su actual propuesta de Reforma de la PAC (que es 75% del Valor Medio Regional).
Por lo que, para dar coherencia a la transición entre los dos periodos de implementación de la PAC, el avance anual en la convergencia debería ser del 2,5 % anual para alcanzar el valor inferior mínimo propuesto por la Comisión Europea para la anualidad 2026. Y para ello los niveles en 2021 y 2022 deberían ser del 62,5% y 65% del valor medio regional, respectivamente.
