Planas confirma el reforzamiento de la AICA como Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria
El ministro de Agricultura, Luis Planas, confirmó este miércoles 3 de abril, durante la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de este 2024, que la conversión de este organismo en Agencia Estatal se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
Planas explicó que, como la puesta en marcha de la Agencia estatal, anunciada ya el pasado 15 de febrero, requiere la aprobación de una norma con rango de ley, el Gobierno estudia que su creación tenga el menor recorrido temporal, por lo que se hará bien a través de un texto legal “ad hoc” o mediante la introducción de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Al respecto, la futura Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria mantendrá el acrónimo de AICA.
El ministro avanzó también o que a lo largo de este año la actividad de la AICA priorizará, por un lado, la comprobación y el cumplimiento de los contratos alimentarios, con especial atención a la modificación del precio, a partir de la aplicación de descuentos no acordados previamente.
Por otro, dará preferencia al control de los sectores con más riesgo de que sus liquidaciones y pagos no sean superiores al coste efectivo de producción, así como a la vigilancia de cancelación de pedidos.
Con la potenciación de la AICA, el MAPA intenta responder lo más rápidamente posible a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos, que se han movilizado estas semanas, como es el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.
La AICA ejerció más control comercial, con más denuncias y sanciones en 2023
Por otra parte, a lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, un 40,4 % más en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
También fueron objeto de sanción tanto la ausencia de contratos, como la falta, en los que sí se suscribieron, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción.
Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria aparecen, igualmente, en la lista de los principales motivos de penalización.
Planas quiso recordar a sus interlocutores en dicha reunión que, desde el 30 de junio de 2023, es obligatorio inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios, al que se accede a través de una aplicación de la web de AICA, los contratos alimentarios con productores primarios y agrupación de productores.
Dicho registro, añadió el ministro, “se ha convertido ya en una herramienta determinante para la labor de inspección de este organismo.”
Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
A estas sanciones, propuestas por la AICA, hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos, que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Al respecto, el año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6 % más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
Todas las sanciones son fruto de los controles de oficio de la AICA y las CC.AA., así como de las investigaciones realizadas en ambos casos, tras las denuncias recibidas por presuntos incumplimientos de la Ley de la cadena.
En concreto, la AICA investigó durante el pasado ejercicio 32 denuncias, un 39,1% más que en 2022, y las CC.AA otras 18.
Planas ve necesario que se denuncie los incumplimientos de la Ley de la Cadena
El ministro subrayó la necesidad de que se traslade a los organismos de control y vigilancia del funcionamiento de la Ley de la cadena alimentaria toda irregularidad comercial que se constate, bien por un particular, una empresa o por una organización o asociación del ámbito agroalimentario o del ámbito de consumo. Planas remarcó que esas denuncias tienen carácter confidencial, precisando que casi dos tercios de las recibidas e investigadas el pasado año terminaron en sanción.
En total, las denuncias y las actuaciones de oficio durante 2023 se tradujeron en el control de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria, un 59,4 % más que en los doce meses anteriores.
En la actualidad, la AICA tiene competencia sancionadora en relaciones comerciales que tienen lugar entre empresas con sedes en distintas CC.AA. o en las que, por razones de trazabilidad previsible del producto objeto del contrato, exceda del ámbito autonómico.
Por su parte, los organismos de inspección de cada comunidad autónoma controlaron en sus respectivos territorios otras 2.871 relaciones comerciales, según se dio a conocer en el Informe de la actividad de las comunidades autónomas en 2023 y en el Informe de la actividad inspectora y de control de AICA en el ámbito de la cadena alimentaria en 2023, en esta reunión.
Planas destacó que la Ley de la cadena alimentaria española es una “norma pionera” y un “referente a nivel comunitario” por sus medidas sobre los contratos escritos, el registro de estos o la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de los diferentes eslabones agroalimentarios, asegurando que será decisiva en las próximas modificaciones legislativas sobre prácticas comerciales de la Unión Europea.
De hecho, recordó el ministro, la Comisión Europea presentó a mediados de diciembre una serie de propuestas a medio plazo para revisar la Directiva de prácticas comerciales desleales de 2019 y el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) que, “en buena medida, siguen la senda que emprendimos en España con la Ley de 2021”, añadiendo que esto es algo “muy positivo.”
Como ejemplos, mencionó Planas, el Ejecutivo comunitario ha propuesto la instauración del Observatorio de costes de producción, márgenes y prácticas comerciales; la implementación de nuevas regulaciones para garantizar el cumplimiento de las prácticas comerciales a nivel transfronterizo y, en la revisión de la OCM, la obligatoriedad de la contratación y el fortalecimiento de las organizaciones de productores e interprofesionales.
