España defenderá que la próxima Política Agraria Común (PAC) mantenga las autoridades de gestión autonómicas en la aplicación del segundo pilar, en el que se agrupan las medidas de Desarrollo Rural, afirmo el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Planas defenderá que la gestión del Desarrollo Rural, del segundo pilar de la PAC, siga siendo autonómica
Tras asistir al Consejo Consultivo de Agricultura con nueve consejero autonómicos del área para preparar el próximo Consejo de Ministros europeo, que tendrá lugar el lunes 15 de octubre en Luxemburgo.
El ministro recordó que ya se está trabajando a nivel técnico y en el Comité Especial de Agricultura (CEA) en el desarrollo de los reglamentos comunitarios para la nueva PAC 2021-2027, en la que defiende que, al menos, mantenga la dotación de la actual, sin el recorte planteado por la Comisión Europea en sus propuestas, como defienden ya 20 países de la UE.
Al respecto, Planas apuntó que existe una voluntad de llegar a un acuerdo político sobre las perspectivas financieras 2021-2027 antes de las elecciones europeas del mes de mayo.
Planas recalcó, al respecto, su intención de «intentar convencer» a la CE para que se mantenga la gestión autonómica en la aplicación de los fondos de Desarrollo Rural, como hasta ahora, y que exista un plan estratégico nacional (marco nacional), pero también que cada comunidad autónoma tenga el suyo propio.
«El problema de la Comisión es que en estos momentos tiene 118 planes de Desarrollo Rural para aprobar y quiere 27», señaló Planas, que también expresó su intención para que la propuesta de la PAC cuente con especificidades para la mujer rural.
El ministro anunció que celebrará una jornada completa con los consejeros autonómicos de Agricultura para profundizar en todos aspectos, en una cita prevista «para finales de este año o inicios del que viene».
Antes de la reunión, el consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, afirmó que su Gobierno pedirá una PAC con medidas transversales para facilitar la incorporación de las mujeres y los jóvenes al campo ya que, a su juicio, «tienen que estar presentes en dicha política desde el primer momento y hasta la última decisión» que se vaya a adoptar.
Por Aragón, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, insistio en la necesidad de avanzar en la concreción de las medidas de la PAC y en acabar con los derechos históricos de pago.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, indicó que las CC.AA. quieren seguir tomando las decisiones en materia de Desarrollo Rural y que, en general, esta nueva programación esté enfocada a los pequeños y medianos agricultores.
«No se ha avanzado en el contenido de la futura PAC», expresó la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, si bien ha puesto el acento en que se pueda garantizar el presupuesto, porque «si no tenemos fondos, de lo demás ni hablamos».
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, coincidió con el resto de consejeros en pedir una «implicación absoluta» en la defensa de un presupuesto de la PAC que tiene que «impulsar a la mujer rural en incentivar a los jóvenes agricultores».
Y, por último, la consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, aseguró que la «singularidad» de las producciones agrarias de su región les ha llevado a perder fondos, una medida que espera poder revertir en la próxima programación.
Ley de Representatividad
En la Conferencia Sectorial, el ministro planteó la situación actual de la Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias, a fin de encontrar soluciones constructivas para su aplicación efectiva. Esta ley, publicada el 14 de julio de 2014, tiene como objetivo principal regular un procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las OPAs de carácter general y ámbito nacional.
Planas explicó que, tras estudiar de forma detallada la normativa, se han detectado una serie de dificultades técnicas para su aplicación, que aconsejan llevar a cabo una modificación de la citada Ley, para lo cual se ha planteado la apertura de un periodo de reflexión, en el que se estudie cómo mejorar el nivel de representación e interlocución en el medio rural, modificando o incluso derogando dicha ley.
De todas formas, en declaraciones a los medios, Planas señaló que «ni las propias organizaciones agrarias aceptan celebrar elecciones cada cinco años y, además, esto supone un coste administrativo y presupuestario que «no es el adecuado».
Su intención, según aclaró, «no es tanto cambiar el modelo actual de interlocución, sino abrir una reflexión sobre cómo mejorarlo el nivel de representación del sector agrario.
Lo que descartó el ministro fue desarrollar una ley en la que no cree, añadiendo, que no creía en este modelo -que propone la normativa- y la realidad es que no ha sido desarrollada».
Desde las CC.AA. presentes en la reunión, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez, pidió que si se convocasen unas elecciones para determinar la representatividad de las OPAs a nivel nacional, estas «sirvan» también para trasladar los resultados a nivel autonómico, porque se lograría una gestión «más eficaz de los recursos».
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, admitió que en esta comunidad también «hay un problema» sobre este asunto, por lo que ve conveniente aprovechar esta reflexión a nivel nacional para «buscar una solución lo más coordinada posible» que también integre a las regiones.
Por el contrario, la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, indicó que la región «no tiene ningún problema», porque convoca elecciones cada cinco años y «es el Gobierno el que debería decidir si avanza o no».
Desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, criticó la intención de Planas y cree que derogar la ley sería «retroceder en derechos» por lo que espera que el ministro «reflexione» y se lo «replantee».
Por último, la consejera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, demandó que, aunque cada región pueda legislar al respecto -de hecho en su comunidad trabajan ya en un proyecto legislativo-, todas las CC.AA. se rijan por «principios comunes» para que no haya 17 normativas distintas.
Por su parte, desde la organización agraria Unión de Uniones, que es la organización agraria que continúa pidiendo la celebración de elecciones representativas a nivel estatal en el sector agrario, se valoró que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya abierto, al menos, el debate sobre la Ley de representatividad agraria y reiteró la necesidad de que exista «democracia en el campo», instando al ministro de que “no espere más para resolver este asunto.
En un comunicado, Unión de Uniones cree que el actual modelo de interlocución agraria no es válido y que ha llegado el momento de «poner soluciones reales, sin buscar excusas que dilaten más aún en el tiempo las respuestas posibles». Unión de Uniones se congratuló sobre que la mayoría de los consejeros de Agricultura se hayan manifestado a favor bien de elecciones en sus territorios o de aceptar en su caso los resultados de unas elecciones de ámbito estatal.
Ayuda a la inversión vitivinícola
La Conferencia Sectorial MAPA-CC.AA. emitió un informe favorable a la lista definitiva de solicitudes de ayuda en la medida de inversiones del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español, en la primera convocatoria 2019-2023, que supone un compromiso de 56 millones de euros de gasto comunitario en el ejercicio FEAGA 2019 y de otros 32,2 millones en el ejercicio FEAGA 2020.
La Conferencia también informó sobre las bases reguladoras de las ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito estatal, acordándose que para 2010 se elaborará un real decreto que contemple la gestión compartida de estas ayudas con las comunidades autónomas, pero sin que esto implique la aportación de fondos de estas Administraciones.
Por último, durante la reunión se aprobó un nuevo Plan Nacional de Control de la legalidad de la madera comercializada, elaborado por la D.G. de Desarrollo rural y Política Forestal, en colaboración con las CC.AA.
El nuevo plan de control actualiza el de 2015 y reduce las cargas administrativas para las autoridades competentes, a partir de un mejor ajuste del número de controles sobre los agentes, de acuerdo con un análisis basado en el riesgo. Contempla también una participación activa de la Guardia Civil (Seprona) en la realización de los controles en las CC.AA. que así lo soliciten.
