El ministro de Agricultura, Luis Planas, mantuvo este lunes 26 de octubre una nueva reunión de Comité Asesor Agrario, en la que dio cuenta a las organizaciones agrarias de los resultados del pasado Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), en el que se cerró el acuerdo político entre los 27 Estados miembros para la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Planas eleva hasta cerca de 53.000 M€ la financiación pública total de la PAC 2021-2027
El ministro resaltó ante las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, que dicho acuerdo recoge los objetivos planteados por el Gobierno para desarrollar en España una PAC capaz de dar respuestas a las necesidades del sector agrario.
El consenso alcanzado sobre los 3 textos reglamentarios objeto de debate -planes estratégicos, financiación y organización común de mercados agrarios- permitirá al Consejo empezar la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en los trílogos, en el próximo mes de noviembre. Estas reuniones se prolongarán hasta los primeros meses de la presidencia portuguesa de la UE en el primer semestre de 2021.
El ministro reiteró su satisfacción por el citado acuerdo que, según Planas, permitirá orientar el Plan Estratégico nacional (PEPAC) hacia las necesidades y prioridades del sector agrario, y que contará con un presupuesto de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027, más las aportaciones del Estado, de las CC.AA. y de los planes de recuperación, con las que se acercará a los 53.000 millones de duros.
Luis Planas remarcó que esta nueva PAC supone un cambio profundo con respecto a la actual, por su fuerte componente medioambiental, dado que el 40 % del gasto de esta política se destinará a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Además, por primera vez, añadió, los Estados miembros de la UE podrán elaborar su propio plan estratégico nacional, adaptado a su realidad agraria, “sin las rigideces que supone un modelo de talla única a nivel europeo y en el que se incardina la denominada “arquitectura verde”.
Planas destacó también que la próxima PAC contemplará la “perspectiva de género” en su política y dará un mayor protagonismo a los jóvenes a través de la obligación de destinar al menos el 2 % de los fondos a estos, como ha venido defendiendo nuestro país.
Al respecto, el ministro considera vital la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el incremento de la presencia femenina no solo en las labores del campo, sino también en las de representación del sector agrario y en el medio rural.
Modelo de aplicación de la PAC
El ministro señaló que ahora continuará también la negociación entre Estado y las CC.AA., lo que supondrá realizar un esfuerzo sin precedentes de coordinación y cooperación, para lograr el modelo de aplicación de la PAC
España, aseguró Planas, elaborará un Plan Estratégico nacional (PEPAC), que tenga en cuenta los diferentes modelos y particularidades agrarias del país, que se centre en la explotación familiar y profesional, que facilite la evolución hacia una agricultura más resistente al cambio climático y que prepare al sector para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones.
Entre estas demandas se encuentra la de construir un modelo productivo más sostenible medioambientalmente, enmarcado en la “arquitectura verde”, que tiene como eje principal los denominados ecoesquemas, que son ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente y que supondrán, según acordó el Consejo, el 20% del presupuesto de las ayudas directas (el Parlamento Europeo lo eleva al 30% del total).
Luis Planas indicó que se trata de una oportunidad que va a permitir a los agricultores y ganaderos explorar nuevos nichos de mercado y abrir nuevas expectativas comerciales.
Además, resaltó que las nuevas orientaciones medioambientales se aplicarán paulatinamente, tras dos años de “periodo de aprendizaje”, para permitir una adaptación gradual.
En concreto, durante los años 2023 y 2024, todos los fondos no gastados en los ecoesquemas, se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones y España pasará el dinero no ejecutado a la ayuda básica a la renta, en aras a la flexibilidad lograda y defendida por el ministro durante las negociaciones.
Además de la medioambiental, la sostenibilidad económica y la social de la PAC para los agricultores y ganaderos también están garantizadas, puesto que el 60 % de los importes de los pagos directos se destinará a la ayuda básica a la renta, al que se podrá sumar el 20 % de las ayudas de los ecoesquemas.
Respecto a la limitación de la cuantía máxima que un perceptor puede recibir de la ayuda básica a la renta, denominado también “capping”, los Estados pueden limitarla a partir de los 100.000 euros, si bien teniendo en cuenta los gastos de empleo.
En lo que se refiere a los pagos redistributivos (procedentes de la limitación) para hacer un uso más eficiente y más enfocado a los agricultores profesionales, España logró introducir criterios de elegibilidad adicionales al tamaño de la explotación.
De esta forma, añadió, se podrán concentrar en aquellas personas cuyos ingresos agrarios supongan una parte significativa sobre los ingresos totales, en aras de una mayor eficacia de este pago.
La disciplina financiera no afectará a los pagos de menos de 2.000 euros, como solicitaba España para una mayor simplificación de la gestión de la PAC.
Para España es también importante haber podido incluir al sector de la aceituna de mesa como elegible para las ayudas acopladas o vinculadas a la producción, así como la posible creación de programas sectoriales nuevos, como el que propone el MAPA, para el olivar, y el mantenimiento de los ya existentes para el vino, la apicultura y las frutas y hortalizas (este último sin techo de gasto en los programas operativos de las OPFH), así como los programas escolares de distribución de leche y fruta.
Por último, el ministro destacó que el sector vitivinícola verá también cómo la fecha de expiración del sistema de autorización para plantaciones de viñedo pasa de 2030 a 2040, demanda que había sido planteada por España y Francia.
