Planas llama a la responsabilidad de agricultores y ganaderos para aplicar los eco-regímenes de la PAC
Mientras que el ministro reitera que la Política Agraria Común (PAC) es un seguro de rentas para los agricultores y ganaderos, que recibirán 4.800 M€ anuales de ayudas directas en el periodo 2023-2027, las organizaciones agrarias andaluzas, salvo UPA, insisten en aplazar la aplicación la aplicación de los eco-regímenes ante la incertidumbre que genera en el sector, la falta de una normativa clara en continuo cambio y diseñada sin estudios previos de impacto.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, realizó este miércoles 2 de noviembre un llamamiento a la responsabilidad para que el sector agrario aproveche todas las oportunidades que ofrece la nueva PAC, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2023 y que “no pierda un solo euro” de las posibilidades de ayudas.
En respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro aludió a las voces “aisladas e irresponsables”, que llaman a la no aplicación de los eco-regímenes, la principal novedad de la nueva PAC que remunera prácticas voluntarias de los agricultores y ganaderos en favor del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y que supondrán el 23 % del presupuesto total de las ayudas directas.
“Es una total contradicción, señala Planas, porque significaría disminución de fondos para los agricultores y ganaderos, y disminución de objetivos ambientales que tendremos que cumplir, porque esta PAC pretende la rentabilidad, pero también la sostenibilidad ambiental”.
El ministro aseguró que la PAC supone un seguro de rentas para los agricultores y ganaderos españoles, con un volumen de ayudas directas de 4.800 M€ anuales en el periodo 2023-27, y cuyo pago “está garantizado” desde que la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico Nacional (PEPAC) para la aplicación de la reforma en España el pasado 31 de julio.
El ministro reiteró que la PAC es un apoyo fundamental para el sector agrario, junto a La ley de la cadena alimentaria; la ampliación de la subvención a la contratación de seguros agrarios, que en 2023 ascenderá a 317,7 M€, y los más de 1.000 millones de ayudas puestas en marcha por el Gobierno en este año.
El ministro explicó que ahora es el momento de trabajar en la información y el asesoramiento para todos los beneficiarios, una tarea en la que están implicadas, además del MAPA, las CC.AA., las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias.
Las OPAs andaluzas piden aplazar la aplicación de los eco-regímenes
Por su parte, el sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, salvo UPA-Andalucía, insiste en la urgencia de aplazar la aplicación de los ecorregímenes del nuevo marco normativo de la PAC, ante la incertidumbre que genera a los agricultores y los ganaderos la falta de una normativa clara, en continuo cambio y diseñada sin estudios de impacto previos.
Estas organizaciones agrarias se muestran firmes tras “la última provocación del ministro de Agricultura, Luis Planas, a los agricultores y ganaderos andaluces, que ha tenido lugar este miércoles 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados.”
Allí, señalan, “en respuesta a una pregunta en la sesión de control del Gobierno, el titular de Agricultura ha hecho un llamamiento “a la responsabilidad” para que el sector agrario aproveche todas las oportunidades que ofrece la nueva PAC, criticando además las “voces aisladas e irresponsables” que solicitan la no aplicación de los eco-regímenes, en clara alusión al rechazo que el Plan Estratégico de Planas ha generado en Andalucía, la principal región agraria de España.
Las organizaciones agrarias andaluzas consideran que las declaraciones del ministro son “un claro desprecio a los agricultores y ganaderos andaluces”, pues sostienen que “ni son voces aisladas ni irresponsables”.
El sector agrario andaluz reitera sus motivos para rechazar el Plan Estratégico de la PAC, “al considerar que hurta a Andalucía 500 M€ y busca desmantelar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural, con el objetivo de abrir las puertas del campo a los fondos de inversión.”
OPAs andaluzas: “es irresponsable exigir la aplicación de una norma aún en fase de borrador”
ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía entienden que “lo irresponsable es exigir la aplicación de una norma que está en fase de borrador, con continuos parches y que sólo genera incertidumbre en el sector, por lo que lo lógico y sensato, si no hubiera otros intereses de por medio, sería retrasar un año la aplicación de los eco-regímenes.”
Asimismo, recuerdan que “Planas tuvo claro desde un primer momento que iba a llevar a cabo su nueva política agraria a toda costa, con un marcado perfil autoritario, sin dar información, sin atender las propuestas del sector agrario andaluz, que incluye a uno de cada tres perceptores españoles de la PAC, y sin tener en cuenta las constantes demandas de consenso, ni las movilizaciones celebradas en unidad de acción.”
En definitiva, estas tres organizaciones señalan que se “ha priorizado los intereses de algunas CC.AA., generando desequilibrios y agravios territoriales.”
Según los datos manejados desde Andalucía, añaden, “las medidas del Ministerio de Agricultura van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras Comunidades, ya que entre otras cosas penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y se integran en regiones mucho menos productivas.”
Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 ha de secano; la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 ha de olivar, y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío”, señalan estas tres organizaciones.
Además, consideran que el PEPAC complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.
