El proyecto de PGE recorta un 8,1% la dotación presupuestaria del Estado al Mapama en 2017
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el actual ejercicio de 2017, presentado este martes 4 de abril en el Congreso de los Diputados prevé destinar 7.422 M€ para las políticas de «Agricultura, Pesca y Alimentación», una asignación similar a la fijada en 2016 (+0,3 %), pero con la diferencia que se reduce un 8,1 % la dotación estatal para este departamento.
Las políticas destinadas al sector agrario se financian en más un 88 % con los fondos de la Unión Europea (UE) y en 2017 vuelven a niveles estables, puesto que ya en 2015 hubo incrementos de partidas presupuestarias relacionados con los pagos por el final de las programaciones anteriores de las ayudas a Desarrollo Rural.
Dentro del proyecto de ley de PGE por Secciones, la del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) cuenta este año con una dotación de 1.729,52 M€ en 2017, lo que representa un descenso del 8,1 % respecto al año anterior.
Las transferencias agrícolas, pesqueras y de Desarrollo Rural a España por parte de la UE ascienden a un total de 6.823 M€. De éstas, unos 5.636 millones corresponden al presupuesto del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA)..
Las inversiones generales del Mapama disminuyen en el proyecto un 7,8%, elevándose a 787 millones de euros, e irán destinadas fundamentalmente a la financiación de infraestructuras hidráulicas, según el PGE.
Para Desarrollo Rural, el Ministerio dispone en este proyecto de créditos por importe de 1.214 M€ en 2017, cofinanciados por la UE, lo que supone un aumento de 179 millones (+17 %), en comparación con la dotación para 2016.
De esta partida, el proyecto de PGE prevé unas transferencias de 1.074 millones a las Autonomías y empresas privadas que participen en dichos programas rurales (PDR), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), procedentes del FEADER, y también figura un traspaso de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal de109 millones de euros.
A la prevención de riesgos (seguros agrarios, pesqueros o acuícolas), el proyecto de PGE fija una partida de 216 M€ en 2017, que es idéntica a la del pasado año, de la cual 211 millones se destinarán a financiar directamente las subvenciones del Plan nacional de Seguros Agrarios
Para el desarrollo de la política de regadíos, el Ministerio dispondrá de 57 M€ (de los que 41 millones serán inversiones) y, aparte de estas dotaciones, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEISA) tiene previstas inversiones de 17 millones en regadío.
En 2016, el apartado para «Gestión de recursos hídricos para regadíos» del Ministerio tuvo un presupuesto de 69 millones de euros.
En materia de agroalimentación, el proyecto de PGE incluye créditos por importe de 118 M€ para el programa de Competitividad y Calidad de la Producción Agraria: otros 44 M€ para Calidad de Producciones y Mercados Agrícolas», con un alza del 19%; otros 42 M€ irán destinados a atender el programa de Sanidad Agraria y 32 millones más para la industria agroalimentaria.
Para el Medio Marino y Pesca, el proyecto prevé 62 M€ en 2017, frente a los 71 millones presupuestados en 2016 (-12 %). De la partida pesquera destacan 16 millones destinados a subvenciones para CC.AA. y empresas cofinanciadas con fondos europeos.
En pesca, España ingresará en 2017 transferencias de la UE por importe de 147 millones.
Dentro del capítulo de los impuestos especiales e hidrocarburos, el proyecto de PGE señala que para adecuar la normativa interna al Derecho de la UE «se reduce el importe de la cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y la ganadería».
El PGE incluye 10 millones para ayudas complementarias dentro del Poseican, el programa especial por la insularidad para Canarias.
Problemas sanitarios
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 dedica un programa específico para la Prevención de los problemas sanitarios en toda la cadena productiva agraria, «ya que se trata de un elemento esencial para la rentabilidad y la competitividad de este sector».
El texto aboga, en este sentido, por «dar estabilidad de las producciones, de consolidación de los mercados y de confianza de los consumidores».
Unión de Uniones
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras un primer análisis del presupuesto destinado al Ministerio de Agricultura, constata la continuada pérdida de peso de esta sección con respecto al conjunto de los presupuestos de otros ministerios.
Unión de Uniones pone en evidencia el recorte de los gastos operativos del Ministerio de Agricultura en un 1,9 % hasta situarse en los 8.558 millones de euros, de los cuales sólo 1.684 millones de euros, un 19,7 %, corresponden a aportaciones del Estado, dependiendo el resto, en su práctica totalidad, de las contribuciones de la Unión Europea tanto del FEAGA para la política de mercados agrarios, como del FEADER, para las medidas de desarrollo rural.
Unión de Uniones critica que la aportación del Estado se vuelva a reducir nuevamente en un 8 % para 2017, lo que supone 147 millones de euros menos de contribución de las arcas estatales. Asimismo, la organización señala al injustificado optimismo del Ministerio en sus análisis del sector como causante del recorte del presupuesto a agricultura, ganadería y medio rural.
Unión de Uniones afirma que los recortes en los capítulos operativos del Ministerio se producen en prácticamente todos los programas y destaca especialmente los 144,1 millones de euros menos en regulación de los mercados agrarios (-2,5), como consecuencia de la menor previsión de ayudas de la PAC; los 127,2 millones de euros menos (-13,7%) de los programas dedicados a la política del agua (regadíos, ordenación, infraestructuras y calidad del agua) por la caída de los capítulos de inversiones reales; así como las reducciones, también importantes, de 25,8 millones de euros en protección y mejora del medio natural (-15 %) y de 23,3 millones de euros en actuaciones para la prevención de la de los programas de la contaminación y el cambio climático (-58,3%).
El programa de previsión de riesgos en el sector, en el que se incluye como partida más significativa la ayuda a los seguros agrarios, mantendría para 2017 su presupuesto congelado en el mismo nivel que el crédito inicial de 2016, es decir, 211,2 millones de euros, sin tener en cuenta las ampliaciones posteriores de crédito que se realizaron el pasado ejercicio para atender la demanda de contratación de seguros.
Unión de Uniones indica que el único programa que aumentaría de manera significativa es el correspondiente a Desarrollo Rural, que crecería un 17,4%, hasta alcanzar los 1.209,4 millones de euros, o 179,4 millones más de lo presupuestado en 2016. Este incremento obedece a la previsión del Ministerio de Agricultura de un notable incremento de la ejecución de las medidas del PDR por parte de las Comunidades Autónomas, que redundaría en unas transferencias del FEADER a las mismas de 1.073,6 millones de euros, es decir, 206,7 millones de euros más que la previsión inicial de 2016.
“Se trataría de una previsión poco realista, habida cuenta de que las transferencias del Ministerio a las Comunidades Autónomas con fondos propios para responder a la cofinanciación de los PDR regionales se reducen en 16,5 millones de euros, hasta colocarse en unos 103 millones.” – afirman desde la organización – “Esto quiere decir que el Ministerio prevé que las Comunidades ejecuten un 24 % más de gasto de los PDR, con una aportación un 14 % menor del Ministerio de Agricultura, un escenario bastante negativo para ello si pensamos en el grado de ejecución del pasado ejercicio” – añaden.
Por otro lado, además, las previsiones de ingresos procedentes de Bruselas, con las que se responden a esos gastos, el Ministerio tiende a sobredimensionarlas. De hecho, en el conjunto del período 2010-2016, las previsiones presupuestarias han estado 1.046 millones de euros y 2.461 millones por encima de la realidad en el caso del FEAGA y el FEADER respectivamente.
Una vez que se disponga de un estudio más detallado del presupuesto, Unión de Uniones solicitará reunirse con los grupos parlamentarios al objeto de presentar sus observaciones y propuestas durante la tramitación parlamentaria del mismo.
Unión de Pequeños Agricultores
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, apuntó a la Agencia EFEAgro que «cada año nos encontramos con un nuevo recorte» del presupuesto del Ministerio de Agricultura, aunque «se hable mucho de que es un sector estratégico» por lo que «no entendemos» esta reducción.
El secretario general de UPA afirmó que la cantidad de fondos propios del Estado para el Mapama es «insignificante» -dada su dimensión, al aglutinar todas las actuaciones relacionadas con Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente-.
Buena parte del presupuesto -recuerda- procede de ayudas de Política Agraria Común (PAC) y de otros fondos europeos.
Sobre los seguros agrarios, indicó Ramos, que, aunque el presupuesto para ENESA se mantenga, en los últimos años ha crecido el número de solicitantes, lo que representa en la práctica que se encarece su contratación para los agricultores.
Además, las Comunidades Autónomas cofinancian partidas en función de las cantidades que aporta ENESA -añadió Ramos-, lo que se traducirá igualmente en un menor apoyo a los productores.
De igual forma, mostró su preocupación ante una posible reducción de las cuotas del Impuesto Especial de Hidrocarburos que se devuelven a los agricultores y ganaderos por el gasóleo utilizado en sus explotaciones.
UPA explicó que estas devoluciones se han practicado en la totalidad de este impuesto especial, en virtud de acuerdos del Gobierno con el sector agrario por la subida de costes del gasóleo desde hace diez años, por lo que esta organización «exigirá» que se mantengan estas transferencias a los productores.
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
La organización agraria ASAJA, por su parte, destacó la estabilidad del gasto para políticas agrarias que recoge el proyecto de presupuestos generales del Ministerio de Agricultura para 2017, en partidas como los seguros agrarios.
Así, el director de relaciones institucionales, Juan José Álvarez, valoró que se haya conseguido un proyecto de presupuestos que puedan dar normalidad económica al país, y que éstos tengan estabilidad en el gasto para las políticas agrícolas y pesqueras, con un total de 7.422 millones de euros.
Álvarez subrayó que se mantienen las partidas para los seguros agrarios y la prevención de riesgos -unos 216 millones de euros en 2017, idéntica a 2016-, aunque a ASAJA le hubiera gustado mayor cifra para responder a necesidades de la agricultura en este capítulo, al tiempo que valora el apoyo al sector agroalimentario y a la integración de cooperativas.
Sin embargo, mostró su temor derivado de la trasposición del Derecho Comunitario de la UE a la normativa interna, que podría implicar una reducción de las cuotas que se devuelven a los agricultores y ganaderos por el impuesto especial de hidrocarburos.
En concreto, dentro del capítulo de los Impuestos Especiales (II.EE.) e Hidrocarburos, el proyecto de PGE señala que «para adecuar la normativa interna al Derecho de la UE «se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y la ganadería».