En la Orden APA/871/2023, el Ministerio de Agricultura establece los criterios de concesión de 357,7 millones de euros en ayudas directas extraordinarias a los sectores agrícolas más afectados por las consecuencias del segundo año de sequía y por el incremento de los costes de producción por la guerra en Ucrania.
La Orden ministerial se publicó este miércoles 26 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez concluido el procedimiento de consulta a las CC.AA. y al sector, y fija las condiciones y los importes de las ayudas, en función de las zonas y del nivel de afectación de la sequía en las mismas.
La Orden ministerial se publicó este miércoles 26 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez concluido el procedimiento de consulta a las CC.AA. y al sector, y fija las condiciones y los importes de las ayudas, en función de las zonas y del nivel de afectación de la sequía en las mismas.
Del importe total de 357,7 M€ para mitigar la situación de los agricultores con superficies de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate para transformación y arroz) se destinarán 268,7 millones.
Otros 8 millones de euros irán a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que los 81 millones procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- se destinarán, como se había previsto en la propuesta de Orden, a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara). No se contempla, por tanto, ayudas a otros cultivos leñosos, como el olivar o el viñedo, como habían solicitado algunas Comunidades Autónomas.
Más en concreto, para los cultivos herbáceos de secano, el importe unitario de la ayuda se diferencia por zonas. Así, la zona más amplia y con más afección por sequía, en la que las reducciones de cosecha han sido más acusadas, los agricultores recibirán el importe unitario por hectárea completo de la ayuda.
Esta zona comprende las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, así como las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, en Castilla y León, y la provincia de Álava, en el País Vasco.
Los agricultores de las provincias del Norte de Castilla y León, Zamora, León, Palencia, Valladolid, Burgos y Soria, en donde los efectos de la sequía, según el MAPA, han sido menos severos, así como los de las Islas Baleares y las Islas Canarias, recibirán el 50 % del importe unitario por hectárea de la ayuda.
Para los cultivos industriales, tomate para industria y arroz, se prevé una ayuda para los productores, que excepcionalmente no hayan podido realizar las siembras en las tierras que destinan a tomate o arroz.
Estas ayudas se pagarán directamente a los titulares de explotaciones agrarias, que sean beneficiarios de las ayudas directas de la PAC de 2023, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 30 de junio, sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún tipo de gestión adicional.
Las ayudas se concederán a partir de un mínimo de 200 euros y estarán limitadas a 300 hectáreas por beneficiario, en el caso de las tierras de cultivo de secano, y se pagarán mediante transferencia directa por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Igualmente, se transferirán 8 millones de euros a Extremadura, para que conceda pagos compensatorios a los productores de cereza del Valle del Jerte, que se han visto afectados por una inusual concurrencia de fenómenos climáticos.
Los pagos se concederán a los agricultores de cereza, hasta un máximo de 20 hectáreas, con un importe unitario completo para aquellos que hayan suscrito un seguro agrario y del 50 % del importe para los agricultores que no lo hubieran suscrito, para promover entre los agricultores esta forma de cobertura contra los riesgos del clima.
Con cargo al presupuesto de 81 millones de euros de la reserva agrícola se concederán ayudas a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara), ya que se han visto afectados en mayor medida en las fases críticas del cultivo.
En este caso, se establecerán dos zonas con importes de ayuda por hectárea diferenciados. Por un lado, recibirán el importe unitario por hectárea completo los productores de las provincias de Almería, Granada y Málaga, en Andalucía, así como los productores de Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y la provincia de Álava, en el País Vasco.
Los productores del resto de las provincias de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Murcia y la Comunitat Valenciana, recibirán el 50 % del importe unitario de la ayuda.
Estas ayudas se pagarán igualmente en forma de subvención directa por parte del FEGA, en base a las superficies elegibles de las solicitudes de la PAC de 2023, con un límite de 70 ha por beneficiario, sin que los productores tengan que realizar ningún tipo de gestión adicional.
La Orden Ministerial recoge también que las CC.AA. beneficiarias podrán realizar pagos complementarios a los 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola, a los sectores y explotaciones que consideren, hasta el límite del 200 % sobre lo concedido, de acuerdo con las condiciones establecidas en la misma. Es decir, podrán multiplicar por 2 como máximo dicha ayuda comunitaria con fondos autonómicos propios.
El MAPA señala que desde que comenzó la crisis de costes de producción por la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno ha movilizado ya más de 1.380 millones de euros en ayudas directas extraordinarias para el sector agrario.
De ese importe, unos 169 millones se destinarán a los sectores ganaderos de leche; 193,5 millones a los sectores ganaderos cárnicos y el sector de los cítricos; 300 millones a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; 355 millones a los sectores ganaderos; 5 millones para el sector apícola, a los que se suman los 357,7 millones de euros de la orden ministerial publicada hoy.
Estas ayudas se añaden a los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), que se elevan a 4.800 millones de euros anuales
Además, son adicionales a otras medidas fiscales, como la reducción general del 25 % del rendimiento neto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los agricultores y ganaderos acogidos al régimen de estimación objetiva por módulos; la reducción del impuesto aplicable al gasóleo agrícola o medidas de liquidez mediante préstamos avalados por SAECA a interés reducido y con subvención a parte del capital; así como incrementos en el presupuesto destinado a las subvenciones en los seguros agrarios y en las pólizas de seguro por sequía.
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