El Consejo de Ministros aprobó este martes 7 de marzo el Real Decreto 157/2023, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la repoblación de las explotaciones de ovino y caprino para producción de leche, de carne o reproducción mixta, cuya ganado se tuvo que sacrificar obligatoriamente como medida de emergencia por frenar el brote de Viruela Ovina y Caprina (VOC).
En conjunto, se destinarán unos 5 millones de euros, que serán abonados al 50% por el Estado y las CC.AA. afectadas, para compensar el sacrificio obligatorio de 42.601 animales ovinos y caprinos y los costes de reposición de la cabaña.
En conjunto, se destinarán unos 5 millones de euros, que serán abonados al 50% por el Estado y las CC.AA. afectadas, para compensar el sacrificio obligatorio de 42.601 animales ovinos y caprinos y los costes de reposición de la cabaña.
La finalidad de estas ayudas es garantizar la sanidad animal y el mantenimiento de la actividad productiva en las explotaciones afectadas por esta enfermedad, cuando se haya decreto el vaciado sanitario de las mismas. Son ayudas a la repoblación que deberán posibilitar la reanudación de la actividad ganadera.
Hasta el momento, se han detectado unos 26 brotes de VOC, de los cuales 13 se produjeron en Andalucía (Granada y Almería) y otros tantos en Castilla-La Mancha (Cuenca y Ciudad Real), habiendo sido preciso sacrificar 42.601 animales.
Las indemnizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para compensar el sacrificio obligatorio decidido por la autoridad competente ascienden a 5 millones de euros, pagados al 50 % por el Estado y por las CC.AA. afectadas.
Según el MAPA, la reposición de animales en las explotaciones supone un coste adicional para el ganadero en función del precio de mercado concreto de los animales. Para el pago de estas nuevas ayudas a la repoblación, el Gobierno transferirá a las CC.AA. un máximo de dos millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024.
El Gobierno considera preciso establecer una línea de subvenciones estatal para compensar dicho coste adicional y asegurar, de este modo, la viabilidad de las explotaciones.
Esta actividad ganadera genera importantes externalidades positivas en las CC.AA. afectadas, tales como el aseguramiento de unos niveles de renta equitativos entre los diferentes territorios y a fijación de la población en el medio rural, señala el MAPA.
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