La Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha mantenido este jueves 10 de marzo una reunión extraordinaria, en la que se dieron a conocer las medidas impulsadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad del Sistema de Seguros Agrarios Combinados (SSAC) ante el actual escenario de creciente siniestralidad. El objetivo de las mismas es evitar un incremento en los costes de las pólizas, que podría elevarse a unos 27 millones de euros anuales.
Seguro agrario: el Gobierno aprobará un Mecanismo de Protección Complementario para afrontar la elevada siniestralidad
La reunión estuvo dirigida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación y, a su vez, presidente de ENESA, Ernesto Abati García-Manso, quien informó del denominado Mecanismo de Protección Complementario, junto con representantes de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros (CGS).
Este mecanismo, según el MAPA, será aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es el Departamento competente en esta materia.
El seguro agrario cuenta con un instrumento fundamental para garantizar su viabilidad, como es el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y de las entidades aseguradoras, cuya finalidad es cubrir las indemnizaciones derivadas de los excesos de siniestralidad que puedan producirse en un año determinado.
La frecuencia de situaciones meteorológicas adversas, debida al cambio climático, ha generado un importante incremento de la siniestralidad en el sector agrario. Así, según indica el MAPA, en los más de 40 años de historia del seguro agrario, los cuatro ejercicios de mayor siniestralidad se concentran en esta última década, y tres de ellos en los últimos cinco años (2012, 2017, 2018 y 2021).
No obstante, asegura este departamento, el seguro agrario ha demostrado su solvencia y eficacia, gracias al mecanismo de reaseguro, que ha permitido abonar con normalidad las indemnizaciones correspondientes a los asegurados, que en cada uno de estos cinco años han superado los 700 millones de euros.
Sin embargo, la desfavorable coyuntura de siniestralidad ha provocado también que la reserva de las entidades no haya podido dotarse de manera adecuada en los últimos ejercicios, ya que todo o parte del recargo de seguridad cobrado en póliza, y que se destina a nutrir dicha reserva, ha debido utilizarse para el pago de indemnizaciones en cada año.
Tanto el reglamento de desarrollo de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, como la legislación general sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, establecen la necesidad de constituir una reserva suficiente para afrontar el exceso de siniestralidad.
En este sentido, la necesidad de dotar adecuadamente la reserva, a través del recargo cobrado en las pólizas, implicaría un incremento del coste de las primas del seguro, variable en función del capital asegurado, pero que podría alcanzar los 27 M€ anuales, si se toma como referencia los recargos cobrados antes de 2012, año en el que se produjo una bajada de éstos.
Coste de la póliza
Ante esta situación, el MAPA y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros, han estudiado distintas alternativas, con el fin de garantizar la suficiencia de esta reserva, pero sin que se produzca un incremento en el coste de las pólizas de seguro.
Según el MAPA, la medida adoptada complementará, mediante una segunda capa de protección, el actual esquema del reaseguro, de manera que el Consorcio de Compensación de Seguros asuma una mayor siniestralidad mientras los niveles de reserva permanezcan en niveles bajos. De esta manera, se logrará dar estabilidad al sistema, sin que ello repercuta en el coste final del seguro.
El SSAC constituye, desde su creación en 1978, un pilar fundamental para el sector primario de nuestro país, actuando como instrumento de garantía de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como medio de protección de la renta de los agricultores, añade este departamento.
Se configura como un sistema ejemplar de colaboración público-privada, en el que participan entidades públicas, privadas y representantes del sector agrario, adoptándose sus decisiones mediante un sistema participativo, según el MAPA.
Hasta tal punto constituye una referencia que otros Estados, como es el caso de Francia últimamente, han analizado el modelo español y tienen en tramitación el correspondiente proyecto de ley para implantarlo.
Contratación
Por otro lado, en la reunión de este 10 de marzo se dieron a conocer también los datos definitivos de la contratación del seguro agrario y de la siniestralidad del año 2021, ejercicio en el que la producción agrícola asegurada se mantuvo en cifras similares a las del año 2020, aunque aumentó un 9 % respecto a la media del período 2017-2020. Además, el capital asegurado alcanzó la cifra récord de 15.620 M€, un 2 % más que el año anterior.
También se constató que 2021 fue un año de elevada siniestralidad, un 22 % superior a 2020, y se abonaron más de 722 millones de euros de indemnizaciones.
El presupuesto aprobado para la subvención del seguro agrario del MAPA en 2021 se incrementó un 20 % con respecto al año anterior, hasta un total de 253,7 M€, mientras que las subvenciones finalmente abonadas a los agricultores y ganaderos ascendieron a 266 millones, equivalentes a un 32 % del coste total de las pólizas recaudadas.
Si se suman las subvenciones aportadas por las CC.AA., de casi 100 millones de euros, el porcentaje medio de subvención pública a la contratación de la póliza se elevó al 44 %, según el MAPA.
