Solicitan a Agricultura que medie en el proceso de regularización de las variedad de mandarina Orri
La UNIÓ de Llauradors ha pedido al Ministerio de Agricultura que medie e intervenga, si se da el caso, para resolver el proceso de regularización de la variedad de mandarina Orri, cuyo plazo de legalización finalizó el pasado viernes. Se trata de una variedad de la que se desconoce la superficie realmente plantada y la producción existente en territorio español.
Sus obtentores y explotadores están reclamando a los citricultores que quieran ‘legalizarla’ una cifra jamás conocida en la citricultura española de 66 € por árbol plantado (IVA incluido) y 0,03 euros por kilo comercializado. La regularización, de hecho, podría suponer unos ingresos para éstos de, al menos, 31 millones de euros y unos ingresos anuales de entre 300.000 a 750.000 euros.
La UNIÓ solicita al Ministerio que no permanezca ajeno a este asunto y se plantee sanciones para todas aquellas entidades que supuestamente hayan podido cometer un delito de estafa al promover el proceso de legalización de una variedad que está recurrido, presenta serias irregularidades y, en muchos casos, ni siquiera coincide con la que los agricultores plantaron legalmente hace unos años.
En este sentido, La UNIÓ ha informado al Ministerio de Agricultura que no existe confirmación de que la mandarina definitivamente plantada en muchos campos sea la variedad protegida Orri o que, por el contrario, se trate de la que mandarina de la que procede, la Orah o incluso la Or, que son libres y por las que no se podría reclamar royalty alguno. En este sentido, LA UNIÓ traslada al Ministerio en su escrito que un agricultor puede haber llegado a pagar 66 euros (IVA incluido) por planta de un cítrico que, sin saberlo, puede que no sea efectivamente Orri.
Por si no fuera suficiente todo lo anterior existe un recurso contra el registro comunitario de esa variedad y en el caso de que prospere todo agricultor que haya pagado el royalty no recuperará su inversión porque Orri quedaría como variedad libre. LA UNIÓ solicita a las entidades que están promoviendo la regularización a testar, antes de formalizar la efectiva regularización y cobrar las cantidades reclamadas, con los marcadores moleculares fijados para Orri su correspondencia con las plantaciones ahora legalizadas o contra las que en el futuro pudieran actuar.
La UNIÓ denuncia la estrategia seguida por algunos operadores de cítricos para implantar y controlar la expansión de nuevas variedades protegidas de cítricos. Antes de ser registradas y durante el llamado periodo provisional de protección’ (que comprende entre la solicitud del registro y su efectiva concesión y que suele prologarse por más de diez años) regalan varetas de esas variedades a citricultores particulares para así obtener un volumen de producción específico y reconocible para, una vez consagrada la variedad en los mercados, obtenida la protección y alcanzado un pacto con su legítimo obtentor, pasar a reclamar una lucrativa regularización de una producción que pasa a ser ilegal pero que ellos mismos contribuyeron a hacer crecer.
Este ha sido el caso de la variedad Orri, traída desde Israel con licencias para dos operadores, supuestamente difundida luego a los agricultores a cambio de comercializarla a buenos precios y a quienes ahora, una vez protegida, se les exige un pago hasta hoy desconocido para legalizarla. Una cantidad de 66 euros por árbol que supera con creces lo que el derecho a la obtención establece para este ‘periodo provisional de protección’ como ‘una indemnización razonable’.
Para La UNIÓ este tema debería estar regulado y considera idóneo el momento presente puesto que el Consejo de Ministros ha pasado a tramitación parlamentaria una reforma de la Ley de Patentes, donde esta organización trabajará para que se contemplen estas actuaciones y sean sancionadas fuertemente.
La UNIÓ, junto con diversos agricultores afectados, está analizando las acciones a emprender para la defensa de sus intereses ante un abuso brutal en la regularización de la variedad Orri, tanto desde el punto de vista económico con la imposición de un royalty desaforado como en el de la seguridad jurídica de un contrato de regularización blindado y sin capacidad de aportar cláusulas que garanticen los derechos del agricultor.
