Tibia firma del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria

Tibia, tirando a un poco fría fue la firma del Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM) en la Contratación Alimentaria que, según la ministra, Isabel García Tejerina, "abre una nueva era" en las relaciones comerciales y fomentará un sector más "equilibrado, competitivo y fuerte".

Tibia, más bien fría no solo por la hora de la firma, las 18,3o, ya de anochecida e intempestiva para el cierre en  los medios de comunicación, sino también por el ambiente, bastante distante y muy diferente al que hace poco más de dos meses precedió otra firma,  esta sí multitudinaria, del Acuerdo para la Sostenibilidad y Estabilidad del sector lácteo que, con todo, ha dado de sí por ahora lo que todos sabemos.

La firma del nuevo Código fue rubricado, además de por la ministra de Agricultura, por la patronal alimentaria FIAB, Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y por la asociación de la distribución Asedas, mayoritaria en el sector minorista de la alimentación, pero no por las otras dos asociaciones de la distribución, Anged y ACES, para quienes  el principio sacrosanto de la libertad de comercio, ellas que son tan poderosas a la hora de negociar con el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, está muy por encima de cualquier código voluntario.

Según García Tejerina, el CBPM en la Contratación Alimentaria  beneficiará a todos los eslabones de la cadena alimentaria y aportará más claridad, seguridad jurídica y equilibrio e innovación y, a la vez,  que mejorará la percepción de los alimentos entre los consumidores.

Tras agradecer el trabajo y esfuerzo de todos los sectores que participaron durante más de dos años en la discusión y debate para alcanzar este acuerdo, recordó  que el Código era el último aspecto que quedaba por desarrollar de la Ley de mejora de la cadena alimentaria, que ya puso en marcha la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y el Observatorio de la Cadena.

García Tejerina resaltó que la Ley 12/2013 ha sido la primera en sus características de toda la Unión Europea (UE), atreviéndose a añadir que servirá incluso de referente a nivel comunitario, según le han indicado desde la Comisión y el Parlamento europeo.

Para mantener actualizado e interpretar y determinar el alcance de las cláusulas del Código, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará formada por responsables de los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía y Competitividad, así como por los representantes de los agentes de la cadena alimentaria, que firmaron este Acuerdo

En su intervención, García Tejerina destacó que se trata de la primera vez que se establece un código para toda la cadena alimentaria y agredeció a los firmantes el esfuerzo que han realizado para llegar a este acuerdo.

Según indicó, la cadena de valor alimentaria es “absolutamente estratégica en nuestro país”, por su importancia social y económica, por lo que era necesario establecer un marco normativo que aportase equidad a las relaciones empresariales, y que estuviese dotado de los instrumentos adecuados para garantizar su cumplimiento.

García Tejerina detalló que dicho Código (ver TEXTO DEL CBPM en archivo adjunto) establece los principios sobre los cuales han de fundamentarse las relaciones comerciales y las prácticas mercantiles, y las circunstancias de adhesión y de baja del mismo. También apuntó que, como principios básicos, se definen el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pacto, la buena fe, el interés mutuo, la equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, la cooperación, la transparencia, el respeto a la libre competencia en el mercado y la sostenibilidad en la cadena alimentaria.

Al mismo tiempo, se establecen una serie de compromisos y prácticas comerciales generales, comunes a todos los operadores, así como prácticas comerciales específicas y, además,  fija unos compromisos adicionales que tienen por objeto garantizar la calidad de los productos alimenticios, reducir el volumen de desperdicio alimentario y reforzar la cooperación entre los operadores ante crisis de mercado.

Por otra parte, García Tejerina señaló  como aspecto relevante la mediación y el sistema de resolución de conflictos, cuyo objetivo es resolverlos con la máxima diligencia. También comentó que las empresas adheridas deben diseñar y publicar un procedimiento interno de resolución de conflictos.

Y para la interpretación y determinación del alcance de las cláusulas, se ha establecido una Comisión de Seguimiento del Código que fijará un sistema de control de su cumplimiento.

En definitiva, concluyó la ministra  “este Código nos acredita a todos ante la sociedad y, en especial, a aquellas empresas interesadas en poner de manifiesto ante los consumidores su responsabilidad social”. Con su firma “se abre una nueva era en las relaciones comerciales en la cadena alimentaria en nuestro país. Y ahora es tarea de todos difundirlo”.

Reacciones

Para el director general de Asedas, la única organización de la distribución comercial minorista firmante, Ignacio García Magarzo, se debe confiar en que las empresas que se adhieran ahora al Código -de carácter voluntario-podrán solucionar  sus  problemas de manera más rápida y eficaz, dado que  se trata de buscar «un punto de equilibrio» entre los eslabones y «aislar» prácticas que no ayudan a este objetivo.

Por su parte, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, subrayó que el CBPM dará instrumentos a la cadena para hacerla más equilibrada y competitiva y permitirá, a la vez, a las empresas  que se adhieran a título individual, ir resolviendo las diferencias que vayan saliendo en la cadena alimentaria.

Asimismo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, valoró el paso definitivo dado con esta firma, pero echó en falta, en cambio, que no lo hayan firmado dos de las tres organizaciones «importantes» de la distribución (Anged y ACES), lo que, en su opinión «pone en evidencia la falta de consideración hacia sus consumidores».

Entre las organizaciones profesionales agrarias las reacciones fueron favorables a este acuerdo, pero también de  de contención y de prudencia, con  ciertas críticas a las limitaciones del nuevoe CBPM, sobre lo que pudo haber sido y finalmente no es.  El secreatario general de  ASAJA, Juan Sánchez Brunete, consideró positivos los avances del Código en asuntos como la regulación del pago a proveedores, aunque «no les gusta que no haya entrado la venta a pérdidas», por lo que pidió al Gobierno que «presione a las industrias cuando haga falta y haya injusticias».

A su vez, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, mostró  su apoyo al Código a pesar de sus «lagunas», ya que no avanza, en su opinión, en la venta a pérdidas, ni en la eliminación de los productos «reclamo», y tampoco define bien el pago «a 30 días» de los productos perecederos, para evitar interpretaciones.

Por último, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, defendió también que se siga mejorando el Código en el futuro, para perfeccionarlo, para que los productores tengan precios justos que les permitan «vivir con dignidad» y que haya «sanciones» para que los incumplimientos de la legislación «no salgan gratis»

Análisis de impacto

Las asociaciones de la distribución minorista que no firmaron el acuerdo, ANGED y ACES,  señalaron  que «el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria tiene «elementos muy importantes», pero «produce disfunciones cuando se aplica a las relaciones comerciales entre grandes empresas de la industria y la distribución», por lo que necesitaría de un análisis de impacto, según indicaron en un comunicado conjunto.

Estas dos asociacionesl que matizan que, con su abstención en la votación del Observatorio de la Cadena Alimentaria «no hemos obstaculizado la puesta en marcha del Código».

ANGED y ACES reconocen el esfuerzo realizado por el Ministerio de Agricultura y los principales actores de la cadena alimentaria para dar forma a un Código «que ayude a equilibrar las relaciones entre el sector agrario, las cooperativas y las pymes industriales con los grandes grupos empresariales de la industria y de la distribución».

Añaden que sus empresas asociadas «han mostrado siempre su respaldo en aquellas iniciativas que se han planteado para mejorar la eficiencia y competitividad del sector agroalimentario» y que «suscriben plenamente la aplicación del Código para todo el sector productor y pymes industriales», pero «no así para las relaciones entre grandes grupos industriales y firmas de la distribución, ya que puede generar disfunciones y desequilibrios».

Esta ha sido la razón que motivó la abstención de ambas en la votación del acuerdo del Observatorio de Cadena Alimentaria, «a la espera de un análisis más profundo sobre las implicaciones que tiene este Código en el ámbito de los grandes grupos».

Afirman que en las relaciones comerciales entre las grandes empresas de la industria y la distribución «no existe tal desequilibrio», toda vez que «el nivel de concentración y la capacidad de negociación de las grandes corporaciones alimentarias son incluso superiores a los de la distribución».

A nivel europeo, la Supply Chain Initiative ya establece un marco adecuado de autorregulación, que han suscrito las grandes corporaciones de la distribución y la industria, añadieron ambas asociaciones y, en este sentido, apuntaron que la coexistencia de dos esquemas de autorregulación superpuestos puede plantear importantes problemas prácticos.