Unión de Uniones ha puesto énfasis en uno de los problemas conocidos por el MAPA, por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y por el propio sector agroalimentario, pero sobre el que nunca ha habido o se han dado respuestas.
Un 68% de las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria desde 2014 están sin pagar
Esta organización agraria considera que las sanciones impuestas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria tienen un “débil efecto desincentivador”, dado que su importe no es elevado y que, además, las de mayor cuantía están pendientes de pago por haberse recurrido.
Esto es un asunto que también viene sucediendo con las importantes “multas” que impone la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que en la mayor parte son recurridas por las empresas sancionadas y que, tras varios años, quedan en nada o se disminuyen de forma considerable por decisión judicial, como ha ocurrido con el “cártel” de las industrias lácteas.
Unión de Uniones señala que ha tenido acceso a los datos relativos a las sanciones impuestas y pagadas por incumplimientos de la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, que indican que los operadores sancionados con multas más elevadas acaban recurriendo las mismas en vía administrativa y judicial, quedando los pagos pendientes de las oportunas resoluciones.
Esto implica, según esta OPA, que del importe de casi 11,86 M€ de las 2.474 sanciones propuestas por AICA e impuestas por el Ministerio de Agricultura desde que esta Agencia lleva funcionando (2014) hasta el 31 de diciembre de 2020, sólo se ha hecho efectivo, con datos a este mes de noviembre, el 32,4% del total. En concreto, 3.847.105 millones de euros.
No obstante, ese importe afectaría al 87% del número de multas impuestas, de lo que Unión de Uniones deduce, por tanto, que la inmensa mayoría de las sanciones pagadas son de pequeña cuantía, con una media de 1.789 euros por sanción.
Por el contrario, habría otras 252 infracciones recurridas en vía administrativa o judicial, que no tendrían carácter de firmes y que, por tanto, aún no habrían sido pagadas. Estas infracciones con sanción pecunaria suman un total de casi 7,76 millones de euros.
Igualmente, existirían otras 70 sanciones, por un importe de 253.443 euros, que tampoco habrían sido abonadas aún, sin que se especifique el motivo de ello.
En conjunto, señala Unión de Uniones, un 68% del montante total de multas propuestas e impuestas desde que AICA empezó a trabajar en 2014 hasta finales de 2020, no habrían sido aún pagadas.
Derecho al recurso
Esta organización agraria recalca, no obstante, que no cuestiona el derecho de cualquier ciudadano o entidad a recurrir los actos administrativos que entienda que le perjudican “pero aquí lo que está claro es que los grandes operadores, con buenos equipos legales, utilizan todas sus herramientas para retrasar o esquivar las multas y solo pagan los infractores de menor cuantía.”
Unión considera, además, que estos datos indican que el régimen sancionador de la Ley de la Cadena Alimentaria tiene un “débil efecto desincentivador” para que quienes incumplen la Ley no sientan de nuevo tentación de hacerlo.
A todo esto se une, añade esta organización agraria, el pequeño importe de las multas que se imponen en comparación con la importancia de algunos operadores.
Así, según la memoria de AICA, el importe medio de las sanciones a la distribución minorista está en los 23.050 euros; a la distribución mayorista en 1.760 euros, y a la industria alimentaria en 2.093 euros. “Importes medios que dan una idea de lo barato que está saliendo incumplir la Ley” indica Unión de Uniones, que concluye con que “estaremos vigilantes para que la reforma ahora aprobada suponga realmente que la multa no acaba siendo inferior al beneficio que proporciona el incumplimiento de la normativa”.
