Pocos actores, de los que participan en el sector agroalimentario, se posicionan en público en contra del diagnóstico, mayoritariamente aceptado, de que una de las más importantes debilidades del sector productor es su falta de vertebración comercial, la pequeña dimensión empresarial de las cooperativas -las empresas de los productores- y, por ende, su falta de influencia y de capacidad de negociación en el mercado.
Necesidad, instrumentos e incentivos en el mundo cooperativo
José Luis Rojas, director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
El desequilibrio de la cadena de valor agroalimentaria, a favor de la distribución, es una realidad incuestionable, a pesar de la publicación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria en el 2013.
La gran distribución ha seguido en estos últimos años un proceso de concentración. La situación actual determina que las cinco principales empresas comercializan cerca del 60% del consumo alimentario de los hogares españoles y las marcas de distribución van adquiriendo, a su vez, más cuota de mercado.
De nada sirve echar balones fuera. Los principales responsables de este escenario son los propios productores y también sus organizaciones representativas, incluidas las cooperativas, que no hemos sabido orientar y priorizar las acciones, esfuerzos y recursos para mejorar el posicionamiento comercial de los productores.
Asimismo hay que imputar también responsabilidades a las distintas administraciones, que han comprendido muy tardíamente que el “café para todos”, en la utilización de sus presupuestos, su cobardía en definir una política propia, ha adormecido y debilitado a los agricultores y ganaderos de todo el Estado, si bien es cierto que en unos territorios y sectores, más que en otros.
Necesario impulso de la integración
Tras la puesta en marcha hace unos años de la Ley de Fomento de la Integración de Cooperativas, publicada por el ministerio de Agricultura en 2013, que contempla la nueva figura de la Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) de ámbito supra autonómico, el sector cooperativo castellano-manchego va a tener nuevos instrumentos para “engrasar” la toma de decisiones de los consejos rectores, en primera instancia, y de los socios posteriormente en las asambleas de las cooperativas.
Tras años de perseverar por nuestra parte, el Diario Oficial (DOCM) publicaba en diciembre pasado el Decreto por el que se establecen los requisitos para el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias de interés regional de Castilla-La Mancha (EAPIR) y se crea su registro; una figura administrativa creada por la Consejería de Agricultura con el objetivo de impulsar la integración de las cooperativas en el ámbito autonómico. En este punto, agradecemos desde aquí a esta Consejería por dar una potente herramienta al sector para impulsar que nuestras cooperativas tengan una mayor dimensión, por dar un importante revulsivo para ser, poco a poco, más grandes.
En periodo todavía de borradores, se encuentra la tercera herramienta prevista en el reglamento de la UE de Ayudas al Desarrollo Rural, que permitirá crear las Agrupaciones de Productores (APA), con menos exigencias para su reconocimiento y menos intensidad de ayudas.
Los que alcancen el reconocimiento o participen una EAP, EAPIR o APA no sólo tendrán más ayudas y prioridad, sino que también tendrán preferencias y mayores apoyos en las principales medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) orientadas a los productores, como mejora de explotaciones, incorporación de jóvenes, posiblemente seguros agrarios y otras medidas.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, criticable en otros temas, ha cumplido su cometido y si todo va como se prevé, tendremos una legislación puntera para favorecer el redimensionamiento de nuestras cooperativas; nos ha demostrado aquí su sensibilidad y concienciación con la integración cooperativa.
La responsabilidad vuelve a estar en los productores, que deben tomar decisiones, en las que no deben de estar ajenos, muy al contrario, los que actualmente ostentan la responsabilidad de dirigir las cooperativas: sus presidentes, rectores y directivos.
