Aprobado el RD-ley 10/2017 de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en el Duero, Júcar y Segura

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 10/2017  (BOE, de 10 de junio) por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las cuencas hidrográficas afectadas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, a propuesta de los Ministerios de Agricultura (Mapama); de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Hacienda y Función Pública; y de Empleo y Seguridad Social.

Así, se establecen medidas de apoyo a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía, es decir, las demarcaciones hidrográficas del Duero, del Segura y del Júcar, en el presente año. La cuenca del  Segura se encuentra en situación de emergencia y las del Duero y el Júcar, de alerta.

Exenciones en el canon de regulación y en la cuota de tarifa

Por ello, y conforme a lo previsto en los Planes de Sequía, se conceden exenciones al pago del canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua. También en el pago de la tarifa de conducción de las aguas incluida en la Ley de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y en la cuota de este año de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase.

Se beneficiarán los titulares de las explotaciones agrarias de las cuencas del Duero, del Júcar y del Segura que, en este año (y sin efecto retroactivo), hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50 por 100 de la normal -tal y como hizo el Gobierno en el período 2005-2009- o que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos de, al menos, un 20 por 100 de la producción en normal en zonas desfavorecidas y de un 30 por 100 en las demás zonas.

Estas exenciones de cánones y tarifas supondrán un ahorro a los regantes de casi 54 millones de euros. De éstos, 36,9 millones de euros se ahorrarán los titulares de derechos al uso de agua para riego de la cuenca del Segura (35 millones correspondientes a los regantes del trasvase), 8,5 millones de euros los titulares de la cuenca del Júcar, y 8 millones de euros, los regantes de la cuenca del Duero.

Más beneficiarios de las exenciones

También se beneficiarán de estas exenciones la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el Acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos de agua no habituales (pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derechos, incremento de recursos no convencionales…), necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones, afectadas por la sequía en la cuenca del Segura.

Moratorias de pagos en toda España

Por otro lado, las empresas y los trabajadores por cuenta propia titulares de explotaciones agrarias en toda España afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, podrán obtener una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, así como en el pago de las cuotas por las jornadas reales correspondientes a ese mismo período.

Además, el Real Decreto Ley prevé que se puedan actualizar los contratos de cesión de derechos de agua entre concesionarios de las cuencas del Segura, del Duero y del Júcar, con carácter excepcional y temporalmente limitado, y en el ámbito de cada una de las cuencas.

Así, los concesionarios de la cuenca del Segura podrán autorizar contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, entre ellos mismos, hasta el 30 de septiembre de 2018.

Con el mismo carácter y vigencia temporal podrán autorizarse estos contratos de cesión de derechos entre concesionarios de la cuenca del Duero, mientras que los concesionarios del Júcar tendrán como vigencia temporal el 30 de septiembre de este año.

Mejora del dominio público hidráulico

Por último, el Real Decreto Ley actualiza el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, previsto en la Ley de Aguas, en todas las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias), para dotar a los órganos competentes y a los organismos de cuenca de los necesarios recursos para la protección medioambiental y la mejora del dominio público hidráulico, en aplicación del principio de recuperación de costes de los servicios de gestión del agua y en virtud del texto refundido de la Ley de Aguas

Esta medida consiste en modificar el tipo impositivo del canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica del previsto en el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas de manera que se pasa del 22 por 100 actual al 25,5 por 100, y correlativamente ajustar los porcentajes de reducción de las centrales hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW, habida cuenta de su impacto ambiental.

Medidas adoptadas hasta el momento

Con la aprobación de este Real Decreto Ley, el Gobierno de España continúa dando respuesta a las situaciones de sequía con numerosas medidas que han permitido minimizar sus impactos ambientales, sociales y económicos. Así lo lleva haciendo desde que en mayo de 2015 se declarara la sequía en las cuencas del Segura y del Júcar.

De este modo, en estas dos cuencas se han movilizado más de 250 hm³ de agua adicionales, a través de la incorporación de agua desalada, la extracción de agua de pozos de sequía, los intercambios de derechos de agua y el aprovechamiento de los volúmenes de agua remanentes por avenidas de años anteriores.

También se han impulsado, a lo largo de la pasada Legislatura, inversiones en materia de agua por un valor total de trescientos millones de euros, entre las que se incluyen trece obras de emergencia ejecutadas en la cuenca del Segura, por importe de 35 millones de euros, y otras diez en la del Júcar, por valor de 20 millones de euros, gracias a los Reales Decretos de sequía aprobados.

A ello se suma la ayuda de nueve millones de euros a la producción de agua desalada en las desaladoras de Torrevieja y de Valdelentisco; la puesta en servicio de la desaladora de Torrevieja y el incremento de la producción en las de Águilas y Valdelentisco, que han pasado de operar al 15 por 100 de su capacidad a alcanzar el 100 por 100. Se ha autorizado el aprovechamiento temporal de recursos hídricos procedentes de la desaladora de Torrevieja (21 hm3) a los usuarios del trasvase.

Mientras, en el caso de la cuenca hidrográfica del Duero se ha puesto en marcha un Real Decreto de declaración de sequía y de medidas excepcionales para la gestión de los escasos recursos hídricos.

Paquete «Sequía»

Por su parte, el pasado día 8 de junio, el  subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, presentó ante las organizaciones profesionales agrarias, el plan de medidas de la Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería.

Durante la exposición, se realizó un diagnóstico de la sequía meteorológica y un análisis de la sequía hidrológica en las distintas cuencas hidrográficas de España, para describir a continuación las medidas propuestas.

El conjunto de medidas propuestas se estructura en cuatro grupos: en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC. Además se han anunciado otras medidas que están en tramitación dentro de un Real Decreto-ley, que incluirían exenciones del pago de tasas y cánones de riego para las demarcaciones hidrográficas del Duero, Júcar y Segura y el aplazamiento por un año en el pago de la cuota de la Seguridad Social entre los meses de julio de 2017 y febrero de 2018.

En lo que se refiere al seguro agrario, el Mapama destacó el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo, hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones.

Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.

En cuanto a la fiscalidad, el subsecretario destacó la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338 millones de euros y que casi con seguridad se superará para la declaración fiscal de 2018, dado que los daños producidos en este año, especialmente los de sequía, son mayores.

Otra de las medidas principales de las anunciadas fue la Orden de ayudas a la financiación agraria, que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.

Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse.

No obstante, el Ministerio ya está trabajando en una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía. Una nueva línea de avales para agricultores y ganaderos para facilitar el acceso a créditos, con un importe de 60.000 euros por beneficiario, dos años de carencia y cinco para devolución.

 En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a través del FEGA, va a solicitar a la Comisión Europea el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de Desarrollo Rural, a partir del próximo 16 de octubre, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional.

Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto de declaración de la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más del 30 % de la producción anual media) para dicho ámbito territorial.

Esto va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para el cobro del “pago verde” de la PAC  de y las medidas agroambientales de los PDR autonómicos.

 En tramitación

Por último, el subsecretario anunció la tramitación de un Real Decreto-ley por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica (en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Segura y Demarcación Hidrográfica del Júcar), que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal.

A su vez, dicho Real Decreto-ley contemplará una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica.

En cualquier caso, el Ministerio continuará realizando un seguimiento de la situación de sequía y de las medidas aplicadas en coordinación con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas agroalimentarias y otras administraciones públicas.

Haddad calificó la situación «preocupante» por la falta de lluvias, que afecta especialmente a la zona Noroccidental del país y a cultivos de secano como el cereal.

Por su parte, la directora general del Agua, Liana Ardiles, señaló que el Ministerio tiene muy avanzada la preparación de otra regulación, para declarar la situación de sequía hidrológica en la cuenca del Duero, clasificación que ya tienen las cuencas del Júcar y Segura, para las que también se prepara una prórroga.

En relación a la declaración de «sequía hidrográfica» en la cuenca del Duero, Ardiles explicó que implicará la adopción de decisiones excepcionales para facilitar el uso de agua y reconocer que es un fenómeno climático «asimilable a un desastre natural».

En el repaso de los últimos datos sobre la situación climática y sus consecuencias, desde octubre pasado hasta primeros de junio, la media nacional de las precipitaciones fue un 12 % inferior a su valor normal y la reserva hidráulica peninsular bajó hasta solo un 54,2 % de la capacidad de almacenamiento.

Sin embargo, en algunas zonas la sequía dañó de forma «virulenta» a los cultivos, como el Noroeste, donde algunas parcelas perderán el 100%, la totalidad de sus cosechas de secano.

Insuficientes, sin ayudas directas

El subsecretario de Agricultura recalcó la contradicción que supondría  dar ayudas directas por sequía, algo que no está «sobre la mesa», porque entonces no tendría sentido financiar el aseguramiento.

Por su parte, en declaraciones a EFEAgro,  el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, calificó de positivas como «positivas» las medidas anunciadas por el Ministerio, aunque quedan pendientes de algunos «flecos»,en cuanto al abaratamiento de los seguros agrarios o de las tarifas eléctricas.

Asimismo, el director de los Servicios Técnicos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), José Luis Miguel, afirmó que algunas medidas son útiles y «de agradecer» para el agricultor, pero tienen «coste cero» para el Ministerio y aún son insuficientes, dada la «gravedad» de la situación.

Por último, el secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Senovilla, valoró como «insuficientes» las actuaciones, añadiendo que, ante una de las sequías más graves de los últimos 30 o 40 años, hacen falta ayudas estatales «de minimis» para el productor profesional.