Según informa la Confederación Rural Argentina (CRA), está por comenzar la siembra de soja 2016/17 en Argentina y en materia de semillas no han habido cambios significativos que mejoren el entorno, la fiscalización, la aplicación de la Ley de Semillas y la transparencia en la comercialización de soja.
Peligra la normal comercialización de la campaña de soja 2016/17 en Argentina
A pesar de la conciencia de las autoridades argentinas sobre la necesidad de avanzar en fortalecer el Instituto Nacional de Semillas (INASE), sigue sin constituirse su directorio y no se vislumbran acciones contundentes en pos de combatir el comercio ilegal de semillas para hacer cumplir la Ley.
Adicionalmente el INASE continúa aprobando variedades que tendrían doble protección legal por la Ley de Semillas y la Ley de Patentes, contrariando lo que establece la legislación vigente adherida desde 1994 al Acta 1978 de la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Argentina no admite esta doble protección, o se está en el sistema de obtentor (Ley de Semillas) o en el sistema de patentes.
Por otro lado, y a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Agroindustria argentino, según la CRA, Monsanto insiste con su sistema de intervención privado en el comercio de soja, principal producto de exportación donde Argentina es líder en harina y aceite de soja, imponiendo su cláusula en los contratos de venta de soja y la fiscalización sobre toda esta producción, sea o no soja intacta, lo que entorpece la comercialización.
Es por todo esto que, según la Confederación, para generar una oferta integral que provea soluciones de alto nivel a los agricultores y la creación de un motor de innovaciones para la agricultura de nueva generación es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización y el INASE hacer cumplir la ley vigente, derogar los sistemas de intervención privados sobre la comercialización de soja que lleva adelante Monsanto y trabajar en una legislación moderna que respete los derechos de los agricultores, fomente la utilización de semilla fiscalizada, genere mayor investigación, desarrollo local y competencia entre los proveedores de tecnologías en semillas a precios competitivos.
De no producirse los cambios necesarios, vaticina que se vislumbra un nuevo escenario de incertidumbre sobre la comercialización y exportación de soja y en la incorporación de innovaciones al proceso productivo.
