El ministro de Agricultura, Luis Planas, apeló este lunes 29 de noviembre al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya reforma se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados este jueves, 2 de diciembre, porque está llamada a ser el instrumento fundamental para hacer frente a las actuales dificultades que atraviesan aquellos sectores agrarios más vinculados al encarecimiento de determinados insumos, como los fertilizantes o los piensos.
Planas fía el problema de los altos costes de producción a aplicar la nueva Ley de la Cadena Agroalimentaria
Sin embargo, las organizaciones agrarias quieren soluciones “de choque” sobre la mesa y medidas a corto plazo, que amortigüen ya la crisis de costes y precios que están sufriendo muchas explotaciones agrarias y la mayor parte de los sectores, siendo especialmente grave, como reconoce el propio Ministerio de Agricultura, en el caso del vacuno de leche.
Luis Planas se reunió con el conjunto de la cadena alimentaria (agricultores y ganaderos, industria y distribución) para hacer un análisis de la situación, en un momento que calificó de “excepcional” por el encarecimiento de insumos, especialmente las materias primas para la alimentación animal, los fertilizantes y la energía, en los mercados internacionales.
Esta situación “excepcional” afecta más a algunas producciones, como el vacuno de leche cuyos márgenes se han visto seriamente comprometidos.
Para el conjunto del sector agroalimentario, como para el propio Gobierno es importante que se cumpla la Ley de la Cadena, ante la crisis de rentabilidad que atraviesan muchas explotaciones agrarias.
En todo caso, Planas avisó que la situación es «difícil», porque entran en juego variables del mercado internacional sobre las que no se tiene una influencia directa, pero, aún así, cree que hay medios para amortiguar el problema, aunque no concretó cuáles, salvo para hacer referencia a la aplicación de la Ley de la Cadena.
No obstante, las organizaciones son conscientes de la realidad de la grave situación de crisis de costes y precios que vive el sector, porque hasta ahora la ley no ha servido para trasladar ni siquiera parte de ese fuerte incremento de la mayor parte de los insumos de algunas producciones agrarias a los precios de venta de los productos. Por ello, ven la respuesta del Gobierno bastante insuficiente y sigue en pie las movilizaciones convocadas, a la espera de establecer un calendario concreto en los próximos días.
Por su parte, el ministro quiso destacar el ambiente “constructivo” mostrado por todas las partes intervinientes en la reunión, y reiteró que el Gobierno está comprometido con el sector para dialogar y para buscar soluciones de forma conjunta en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria, un “instrumento nuevo”, que el Gobierno modificó a instancias de las organizaciones profesionales agrarias y del conjunto del sector.
Planas hizo un llamamiento a todos los agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley, de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de escalones de la cadena.
“Tenemos que ser capaces de dar respuesta en el ámbito de la ley”. Según Planas,” todos se mostraron dispuestos a asumir sus responsabilidades.”
Asimismo, el ministro se mostró dispuesto a colaborar con los sectores para facilitar el cumplimiento de la ley, a través del Observatorio de la Cadena y de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).
Planas recordó que el Gobierno inició la reforma de la Ley 12/2013 en 2020 a petición de las organizaciones agrarias, y aseguró que se trata de una norma muy importante porque va a suponer “un cambio en las reglas de juego y en la cultura de la negociación”, puesto que supone un avance en la transparencia sobre la formación de precios y el reparto de valor en la cadena alimentaria.
En una primera fase, en febrero de 2020, se aprobó un decreto que introdujo en la ley la obligatoriedad de que en cada operación de venta dentro de la cadena se repercutieran los costes de producción.
Ahora, con la segunda fase de la reforma, que culminará con la aprobación en el Congreso de los Diputados el día 2, se da un nuevo avance al introducir la prohibición de la “venta a pérdidas” y el establecimiento de las prácticas comerciales desleales.
No obstante, reconoció que son acciones que tardarán un tiempo en ver sus frutos, porque suponen cambios de cultura en el funcionamiento de la cadena, por lo que emplazó a los actores de la cadena a nuevos encuentros en el futuro.
Las movilizaciones siguen
Por su parte, los dirigentes de las principales organizaciones agrarias, aunque mostraron pese a todo su confianza en el cumplimiento de la Ley de la Cadena, confirmaron que seguirán adelante con las movilizaciones previstas y que en los próximos días fijarán su calendario, en demanda de medidas financieras y fiscales para solventar en parte la situación a corto plazo.
Así, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, aseguró que el calendario lo concretarán en su Junta Directiva el próximo 2 de diciembre, mientras siguen negociando la solución de los problemas del campo.
Según Barato, a pesar del carácter «coyuntural» que puede tener el alza de los costes, como consecuencia de la reactivación económica tras la pandemia, “esta situación puede ser el espejo que muestre si la Ley de la Cadena funciona o no”. Y, en ese sentido, el sector lácteo puede servir de «modelo para otros sectores», añadió.
Además, el presidente de ASAJA insistió en que “las leyes están para cumplirlas”, en referencia a la de la Cadena Alimentaria, que prohíbe vender por debajo de los costes de producción, e instó a lograr un reparto equitativo en la formación de precios.
A su vez, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, aseguró también que su Consejo Nacional decidirá sobre el calendario de movilizaciones y demandó que se dé ya “alguna salida o solución a la crisis de costes y precios del sector agrario, mientras se avanza en la aplicación de la Ley de la Cadena.”
Para Padilla, “esta Ley es un instrumento válido, pero tiene que cumplirse, pero eso no quita para que se adopten medidas de choque en algunos sectores, incluidas medidas fiscales; ayudas en régimen “de mínimis” o la creación de observatorios para analizar la subida del coste de los insumos y las importaciones.”
Aunque mostró su confianza en el compromiso expresado en la reunión de cumplir la Ley de la Cadena, mientras tanto debe darse “alguna salida al sector agrario en esta situación coyuntural, que afecta tanto a los productores de ciertos subsectores.”
Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirmó que respetarán la «unidad de acción» con el resto de las organizaciones agrarias, cuando tomen la decisión de fijar el calendario de movilizaciones que, a su juicio, «deben ser permanentes para intentar cambiar las cosas.”
Ramos reconoció que «costará trabajo» que se cumpla la Ley, necesaria para resolver el problema de los costes, pero mientras tanto reclamó medidas, como ayudas directas al sector ganadero y lácteo.
Asimismo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, instó a garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, ante el riesgo de que desaparezcan y aludió también a los problemas logísticos que están afrontando en la exportación.
«Entendemos que una mesa donde se dialogue, no hay que despreciarla», añadió Villafranca, que pidió la colaboración de «todos» para que el campo y el tejido industrial subsistan.
Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), su director general, Mauricio García de Quevedo, defendió también el importante rol que puede tener la Ley de la Cadena para abordar estas crisis y valoró esta reunión para buscar soluciones en estas «difíciles» circunstancias y bajo una «visión de cadena».
A su vez, el director general de la patronal de los supermercados (ASEDAS), Ignacio García Magarzo, mostró su confianza en que “los nuevos instrumentos legales y el funcionamiento “eficiente” de la cadena agroalimentaria sirvan para superar esta situación lo antes posible» y aprovechó su intervención para dar un mensaje de tranquilidad a los consumidores, ya que espera que los precios de venta al público (PVP) suban «lo menos posible» en el contexto actual.
A la reunión asistieron también el presidente de Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, y el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray.
