El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayó ayer en el segundo encuentro de la serie de foros participativos organizado por el MAPA en torno al proyecto de Ley de Reducción de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que ésta tiene que ser “una ley de convencimiento y no de coerción”, ya que requiere de la implicación de toda la sociedad en su conjunto.
Planas: “La Ley de desperdicio alimentario es una ley de convencimiento y no de coerción”
En este sentido, Planas ha calificado el desperdicio alimentario como “el espejo donde se refleja la ética de una sociedad” y como un lujo que no nos podemos permitir “porque hay gente que aún pasa hambre y porque no tenemos planeta B”.
El ministro ha recordado que, hoy por hoy, en España tres de cada cuatro hogares reconocen tirar comida a la basura. Traducido en cifras, eso supone 1.364 millones de kilos de comida y bebidas al año. En el resto del mundo, los datos no son mucho mejores, ya que, según la FAO, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano acaban convirtiéndose en desperdicio alimentario.
Esta segunda cita ha tenido lugar en el Caixa Forum Macaya de Barcelona y ha contado con la intervención de Raúl Moreno Montaña, diputado del Parlament de Catalunya y ponente relator de la ley contra el desperdicio alimentario que tiene Cataluña, pionera en nuestro país.
Dado que el encuentro estaba destinado a la prevención en el ámbito de la distribución y del canal Horeca, también han participado representantes de la distribución. El objetivo es que estos encuentros participativos cuenten con los puntos de vista de todos los actores implicados para conseguir las mejores soluciones a través del diálogo y la experiencia. En palabras del ministro Planas, “es una Ley de suma y queremos enriquecer el proceso de su tramitación escuchando a todos los eslabones de la cadena y partes interesadas”.
En orden de cosas, Luis Planas ha realizado una apelación a la ética, “porque todavía hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones con problemas de malnutrición”. Pero también a la inteligencia, “porque no es muy inteligente tirar todos los recursos utilizados para producir los alimentos, máxime cuando algunos de ellos, como el agua, el suelo o la energía, son escasos y vitales para nuestra supervivencia”, ha añadido el ministro.
España es el tercer país comunitario, después de Francia con su Ley Garot e Italia con su Ley Despilfarro Cero, que incorpora una normativa específica sobre desperdicio alimentario a su ordenamiento jurídico. En todo caso, la Comisión Europea tiene fijado como objetivo reducir, para 2030, el 50% del actual desperdicio alimentario.
Asimismo, Naciones Unidas, en su Agenda 2030, ha incluido esta meta a través del ODS número 12, que compromete a los países adscritos a garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles.
La Ley, que consta de 15 artículos repartidos en cinco capítulos, cuatro disposiciones finales y una adicional, pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo y ancho de toda la cadena alimentaria, desde el origen hasta los hábitos de consumo en hogares y la restauración.