Planas y Cooperativas continuaron discrepando sobre la aplicación de Ley de la Cadena Alimentaria
El ministro de Agricultura, Luis Planas, y Cooperativas Agro-alimentarias de España continuaron con su discrepancia (“acuerdo en el desacuerdo”) sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria a las entidades asociativas durante la clausura de la Asamblea ordinaria de esta organización, celebrada en Madrid este 23 de mayo, que reunió a más de un centenar de delegados de las distintas Federaciones y territorios.
Así, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca destacó en la clausura que las cooperativas buscan la rentabilidad de las explotaciones de sus socios. Por ello, combinan una eficiente estrategia empresarial con la atención a otras cuestiones que otros modelos empresariales no se plantean.
Villafranca añadió que “en las cooperativas trabajamos para personas que quieren vivir de su actividad y en sus pueblos, por lo que tenemos una gran responsabilidad. Nuestros proveedores son a la vez los dueños de la empresa cooperativa”.
En referencia a la Ley de la Cadena, el presidente de Cooperativas señaló que no va a conseguir que las explotaciones sean rentables, ni siquiera va a cubrir sus costes de producción porque los precios los marca el mercado.
Villafranca destacó que la ley ha generado unas expectativas que muchos productores han creído, y cuando no se alcanza lo prometido llega la frustración que se suma al resto de problemas y retos del sector.
Durante su intervención señaló que la Ley no puede dudar del modelo cooperativo en cuanto a la relación de los socios con sus cooperativas, añadiendo que estas empresas “están sobradamente fiscalizadas y controladas por su propia normativa más compleja y garantista que la Ley de la cadena.”
En concreto, Villafranca hizo referencia al aumento desproporcionado de las inspecciones a las cooperativas que generan burocracia, frustración entre los profesionales al servicio de los propios productores, y en nada contribuyen a mejorar la rentabilidad, y menos aún a una mayor cultura de las relaciones comerciales cuando se pone el acento en una relación socio-cooperativa.
Por ello, el presidente de Cooperativas pidió al ministro que se reconduzca la situación y que la ley de la cadena respete el modelo cooperativo, tal y como refleja el documento firmado con ASAJA y COAG.
“No se trata de anular la ley, pero sí reconducir cuestiones que no aportan nada y que van en contra del propio productor” recalcó Villafranca, por lo que pidió al ministro que se les excluya de ciertas obligaciones de la ley de la cadena alimentaria, mostrándose a favor de «buscar siempre el acuerdo», sin dejar de defender sus intereses.
El presidente recordó que los precios los pone el mercado y criticó «que se ponga en duda la relación del socio con la cooperativa», de la que es propietario, por lo que «no tiene que estar obligado» a determinar el valor, el calendario y el registro de los pagos.
Por eso, insistió en la necesidad de modificar esos aspectos, incluidos los relativos al registro de contratos alimentarios, puesto que entre las cooperativas hay grandes empresas y «no se puede obligar a los operadores que inscriban los contratos como si fueran pequeños agricultores».
Planas calificó de ilegal excluir a las cooperativas de la aplicación de la Ley de la Cadena
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, precisó en la clausura de la Asamblea ordinaria de Cooperativas que no se puede excluir a ningún tipo de empresa de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria porque, de lo contrario, sería «una modificación ilegal» que acabaría en la Justicia europea.
Planas destacó que en la ley redactaron un apartado específico a petición de las cooperativas, lo que hubo que explicar a la Comisión Europea, que «tenía muchas dudas del encaje legal de la posición particular de las cooperativas respecto al conjunto del sector».
Planas sostuvo que «la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales no excluye a ningún tipo de empresa en relación con la aplicación de la ley y, si alguien pretendiese hacerlo, sería una modificación ilegal, contraria al Derecho comunitario, y acabaríamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).»
El titular de Agricultura recordó que las cooperativas están exentas en determinadas condiciones de llevar a cabo contratos individuales con los socios y de informar de ciertos procedimientos como los momentos de pago y el calendario de liquidación (siempre que dispongan de un acuerdo vinculante).
Planas añadió que «me parece difícil que se pueda, desde el punto de vista de la gestión, decirle a un agricultor o un ganadero, aunque sea socio, que lo que va a percibir no va a ser superior al precio que le ha costado producir o que no se aplican las reglas de la ley de cadena a su entrega. Y no se trata de dar un paso atrás, sino de mejorar su aplicación».
En relación a la proposición de ley propuesta por ERC y aceptada esta semana por el Congreso de los Diputados, el ministro ha afirmado que «es un trámite más y lo que cuenta es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE)».
Las cooperativas agroalimentarias facturaron 43.200 M€ en el ejercicio de 2022
Cooperativas Agro-alimentarias integra a casi 3.700 cooperativas, que representan a más de 1,1 millones de familias y dan empleo directo a unas 122.000 personas, según los datos de su último informe del Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario de España (OSCAE).
En 2022, estas entidades asociativas facturaron 43.200 millones de euros, un 15 % más que el año anterior, lo que supuso el 69 % de la Producción Final Agraria (PFA), el 30 % de la industria agroalimentaria y más del 14 % de las exportaciones del sector en España.
«Nuestro modelo cooperativo es un modelo vivo, de empresa adaptada a los tiempos», defendió Villafranca, quien subrayó, además, su carácter democrático, su rendición de cuentas y el traslado de sus beneficios a sus socios y al territorio rural, del que nunca se van a deslocalizar.
El presidente de Cooperativas concluye en que “son una organización abierta a la negociación aportando propuestas y soluciones, además de leal con las instituciones, pero eso no supone renunciar a defender sus intereses.
