ASAJA-Sevilla señaló que, al parecer, estaría en vías de solución una de las cuestiones que más alarma ha generado en las últimas semanas en el campo andaluz y que es muy importante para esta región, como es la articulación en la nueva PAC de las entidades en régimen de atribución de rentas.
Se trata de la integración en el Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), a efectos de la percepción de ayudas directas, de las sociedades civiles sin objeto mercantil, sociedades civiles profesionales, comunidades de bienes, comunidades de herederos o herencias yacentes, comunidades de Propietarios, explotaciones agrarias de titularidad compartida u otras entidades similares sin personalidad jurídica, en la mayoría de los casos, explotaciones familiares gestionadas en común.
Según esta organización agraria, la interpretación para definir y cumplir con la figura de “agricultor activo” por parte de las entidades en régimen de atribución de rentas, que el Ministerio de Agricultura incluyó en el último documento de trabajo, ponía en serio peligro a este tipo de sociedades, pues en la mayoría de los casos quedaban fuera de las (ayudas) de la PAC.
Según ASAJA-Sevilla, este tipo de entidades y sociedades son figuras asociativas muy extendidas en muchas zonas de España, especialmente en Andalucía, donde cuentan con una gran implantación.
Son empresas familiares, en su mayoría de tamaño pequeño o mediano, que tienen como origen y objeto el funcionamiento de un bien común familiar (explotación agraria) y son consideradas fundamentales, según esta organización, para la generación de empleo y para la articulación económica de muchas comarcas.
Al respecto, ASAJA Sevilla trasladó al MAPA la inquietud por el impacto que tendría la modificación planteada en miles de explotaciones, por lo que elaboró una batería de observaciones y argumentaciones, incorporadas al documento general que ASAJA Nacional presentó al MAPA, así como al documento que ASAJA-Andalucía presentó ante la Consejería de Agricultura autonómica para que apoyara y trasladase también esas peticiones al Ministerio.
Agricultor activo
ASAJA Sevilla, si bien mantiene que la comprobación de la figura de “agricultor activo”, a través del modelo fiscal 184 (que se presenta por este tipo de sociedades y comunidades) del IRPF, es la más adecuada para comprobar la coherencia de los ingresos, “considera también como un gran avance que el MAPA esté barajando que, para que estas figuras asociativas puedan seguir dentro de la nueva PAC, se requiera que al menos un comunero o socio cumpla con los criterios requeridos a las personas físicas”.
En otros términos, que uno de los comuneros o socios cumpla con la definición de “agricultor activo” a efectos de que la comunidad de bienes o sociedad civil pueda seguir percibiendo pagos directos de la PAC, lo que supone, por tanto, estar dado de alta o inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o cumplir con la regla de que al menos el 25% o más de sus ingresos totales sean ingresos agrarios.
Un criterio que, según esta organización agraria, tiene su fundamento jurídico en la Política de Desarrollo Rural, en la que se incidió en requisitos específicos sobre los titulares de la explotación, frente a los criterios estrictamente productivos, que siempre han caracterizado, y así debería seguir siendo, al primer pilar de la PAC.
En todo caso, añade ASAJA Sevilla, el Ministerio de Agricultura contempla también la posibilidad de que si hubiera que transformar este tipo de entidades en régimen de atribución de rentas (por no poder cumplir siquiera con alguno de los dos requisitos anteriores), en sociedades mercantiles u otra denominación jurídica, esta cambio no se consideraría como una creación de condiciones artificiales a los efectos de seguir percibiendo ayudas directas de la PAC.
Esta organización agraria espera que estos avances se vean reflejados cuanto antes en los documentos en los que está trabajando en la actualidad el Ministerio de Agricultura, de cara a la reforma de la PAC que entrará en vigor en 2023.
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