José María García Alvárez Coque
Agricultura, moneda de cambio
José María García Alvárez Coque
Con los años nos hemos acostumbrado a verificar cómo las concesiones arancelarias en agricultura se convierten en habituales para alcanzar acuerdos comerciales entre la UE y países terceros. Son múltiples ejemplos los que impregnan los acuerdos comerciales de nueva generación, como el recién ratificado CETA con Canadá, el finalizado y pendiente de ratificación con la Comunidad de Desarrollo Sudafricana, o las negociaciones recién abiertas con Australia y Nueva Zelanda, entre otros.
La agricultura aparece como una moneda de cambio en estos procesos. No estoy necesariamente culpando a los negociadores europeos sino simplemente señalando un hecho que es por otra parte comprensible, desde una lógica de economía política. Estos acuerdos aprovechan las ventajas comparativas que en la UE residen en la exportación de productos de alto contenido tecnológico y en la importación de productos intensivos en trabajo y en recursos naturales.
Los productores agrarios europeos no disponen de una influencia política decisiva como la que pueden tener las grandes corporaciones industriales, a pesar de la presencia del COPA-Cogeca en Bruselas. Una población activa agraria envejecida, cuyo objetivo en muchos casos es salir del sector, no se presenta como fuerza política relevante, salvo en algunos países como Francia, con presencia de medianas y grandes explotaciones bastante homogéneas, o como en los países nórdicos y Holanda, con una poderosa organización de la producción.
No se puede detener la globalización, pero siempre habrá perdedores. ¿Quiénes la padecen en el sector? La presión es sobre las pequeñas explotaciones, sobre todo de aquellas producciones que requieren una elevada inversión en activos fijos: ganadería, leñosos, horticultura intensiva, entre otros.
Las concesiones se diseñan a veces desde oficinas que no tienen en cuenta las particularidades del sistema agroalimentario ni sus impactos. Así, por ejemplo, la ampliación del periodo de importación de cítricos procedentes de Sudáfrica durante un mes y medio, hasta finales de noviembre, puede ser problemática. La llegada de productos de calidad insuficiente al mercado al inicio de la campaña europea puede abatir decisivamente los precios en el resto de la campaña. Un libre mercado sin alternativas es un pasaporte al abandono de tierras y al despoblamiento, con elevados costes ambientales y sociales.
¿Qué hacer? Primero, reclamar una globalización consciente que requiera una evaluación de impacto en los subsectores más débiles de la agricultura europea. En segundo lugar, reconocer que hay factores de competitividad que han sido hasta ahora secundarios para las políticas públicas. Entre ellos, están los cuatro retos que deberán guiar las políticas agrarias en los próximos años.
El primero es el reto climático que debe introducir un enfoque circular del manejo de recursos. El segundo, es el desequilibrio de la cadena de valor que demanda organizaciones de productores potentes que podrían ser respaldadas por la PAC, como sugiere el recientemente aprobado Reglamento Ómnibus. El tercero es la evolución estructural hacia fórmulas empresariales que permitan fortalecer la profesionalización del capital humano y la gestión común de parcelas para adquirir dimensión. El cuarto es el reto tecnológico con la implantación de la innovación digital y una agricultura de precisión hacia la optimización de costes y la mejora de la calidad.
Una visión común es necesaria: la confianza en las posibilidades de un sector agroalimentario camino de llegar a la mítica cifra de 50 mil millones de euros de exportación. Y no hay una única estrategia para lograrlo. Desde el frente político externo, se trata de defender una globalización responsable y consciente de sus impactos. Desde el frente externo, reforzar la capacidad competitiva, poniendo en valor la gestión sostenible de las explotaciones. O también plantear que las concesiones comerciales en el frente externo requerirían compensaciones en el frente interno, no con subsidios a las rentas sino con políticas activas que respondan a los retos enunciados.
