El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona Blasco, no ceja en su empeño de incitar al debate para influir, si no convencer del todo, al personal de que la PAC es muy necesaria para la supervivencia del sector agrario, pero que las ayudas deben ir a compensar y garantizar directamente la renta real de sus beneficiarios, acercándola a la renta media española, más que a redistribuirse, como hasta ahora, entre distintos sectores o territorios.
Aragón, el laboratorio para una PAC que garantice las rentas agrarias
Alfredo López. Coordinador de AgroNegocios
Lo ha dicho otras veces, pero lo volvió a repetir de nuevo: “la PAC debe cumplir la promesa que hizo a los agricultores: aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura” (articulo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Y eso es algo que no ha sucedido, ya que la renta agraria supone solo entre el 40-50% de la renta media general.
Para el consejero aragonés, la propuesta se justifica en el hecho de que los datos estadísticos en esta Comunidad demuestran que la PAC actual no ha solucionado el problema de la escasa dimensión económica del sector y sus bajas rentas, incluso en las explotaciones muy competitivas que han realizado inversiones de mejora, porque los mercados no remuneran adecuadamente los productos agrarios.
Olona, que estuvo acompañado por José María Salamero, director de la Producción Agraria, presentó de nuevo en la Casa de Aragón, en Madrid, su propuesta sobre la PAC futura, pero esta vez “enriquecida” con un estudio concienzudo y pormenorizado con datos reales de la distribución de las ayudas comunitarias y de la renta de los agricultores de su Comunidad, que incluye un algoritmo que corrige, matemáticamente, lo que entiende por las principales deficiencias de la PAC actual.
El modelo propuesto por el Gobierno de Aragón se basa en que las ayudas comunitarias sirvan para compensar las rentas agrarias. Aplicado “en laboratorio” por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ha logrado unos resultados que el propio Olona califica como “satisfactorios”, porque demuestran que, “más allá de su formulación teórica, el modelo funciona”.
Esa “diferente” redistribución de los pagos directos de la PAC beneficiaría más, por ejemplo, a quienes más dependen (en su nivel de ingresos y de renta) de la agricultura y, por tanto, más contribuyen a su mejora. También aumentaría de forma significativa el porcentaje de beneficiarios de máxima profesionalidad.
Lograría aumentar la subvención media por agricultor y ganadero de esta Comunidad en un 27,41%, pasando de los 8.748 € actuales a los11.146 € (mucho más en Teruel, donde se elevaría un 48,4%), mientras que la renta agraria media por beneficiario subiría un 46,9% (en Teruel, un 145,91%).
Daría lugar también a que la ayuda aplicada, por su parte, fuese mayor cuanto más negativa o menor fuese la renta del perceptor (ahora, por ejemplo, existen rentas agrarias negativas que no se compensan) y se reduciría progresivamente, hasta llegar a anularse en algunos casos, a medida que las rentas de los beneficiarios aumentasen.
Actualmente, el 72,47% de las explotaciones familiares aragonesas tiene renta negativa o pérdidas, sin contar con las ayudas PAC, frente al 27,7% que sí es rentable y son bastantes los agricultores que, como mucho, son “mileuristas” y reciben la mitad de renta que el resto de ciudadanos.
El 73% de los beneficiarios de la PAC en esta Comunidad tiene una producción estándar inferior en valor a los 25.000 euros, lo que da una idea de sus problemas estructurales, y más del 50% de los receptores (porcentaje que irá en aumento en los próximos años) tienen más de 65 años.
Ayudas y rentas elevadas
Todo esto contrasta con la situación actual, en la que, según denuncia Olona, “se dan casos en que se compensan rentas que, sin subvención, ya son elevadas o muy elevadas. Y, además, esta compensación tiende a ser más elevada, cuanto mayor es la renta.”
En Aragón se ha observado que con el actual régimen de la PAC cerca de dos tercios de los beneficiarios configuran un colectivo en el que la renta agraria es muy poco significativa en su renta total. Se trata de personas que no dependen de la agricultura y que no aportan valor a la misma”. Este colectivo recibe un tercio de las ayudas que, en realidad no llegan al sector agrario y que están detrás de la ineficiencia de la PAC”, asegura el consejero aragonés.
Casi un 74,5% de los beneficiarios seguirían cobrando la ayuda directa con la nueva propuesta, pero habría un 21,5% que dejaría de percibirla, titulares que, en la mayoría de los casos, no viven de la actividad agraria, tienen una productividad y una contribución medioambiental muy baja o son gran grandes propietarios que no necesitan realmente un complemento de renta vía subvenciones.
Además, según los cálculos de esta propuesta, un 46,43% de los titulares cobrarían más ayuda que ahora, el 53,57%, al menos; el 24,46%, el doble o más, y el 37,37% la mitad o menos que ahora.
“En definitiva –señala Olona- la aplicación de este modelo supondría una redistribución de la ayuda entre beneficiarios, basada en cuatro criterios objetivos como la profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones y la productividad.
En otros términos, sería preciso dar cabida en la PAC a todos los agricultores y ganaderos, con independencia de su orientación productiva, dimensión o ubicación, eliminando los enfoques sectoriales y territoriales.
La compensación de renta se articularía en función de la dependencia agraria de los ingresos, primando la profesionalidad; la productividad de las explotaciones, penalizando la ociosidad y premiando la actividad generadora de empleo; la dimensión económica de las explotaciones, incentivando la mejora estructural y la viabilidad, así como la contribución ambiental de las mismas, al promover la generación efectiva y verificable de bienes públicos. Es decir, aquellos agricultores y ganaderos que realizase prácticas agroambientales (agricultura ecológica o integrada, Red Natura 2000…) contrastables contarían con una prima que multiplicaría por 1,5 su ayuda PAC.
Implicaría también una gran simplificación administrativa, al unificar más de un centenar de ayudas distintas por beneficiario que en la actualidad llevan a un “laberinto administrativo” creando problemas de gestión y perjudicando al productor.
En la actual PAC, por el contrario, “se prima unas producciones sobre otras, unos territorios sobre otros y a unos agricultores sobre otros, en base a unos criterios que son difícilmente justificables e imposibles de explicar”, según Olona.
El mayor perceptor de ayudas PAC ahora recibe 827.710 euros en Aragón. Con el modelo propuesto no llegaría a 150 000, en concreto, se quedaría en un techo máximo de 147.898 euros. “Y ello sin la necesidad de establecer expresamente un límite o techo máximo de ayudas, como hace referencia el texto de Comunicación de la CE sobre el futuro de la PAC, que ha sido filtrado estos días”, añadió el consejero.
Como resumen, con el modelo teórico que se propone quedarían excluidos de las ayudas quienes presentasen, precisamente, valores muy bajos o nulos en profesionalidad, productividad, y dimensión económica (el 21,52 % de los perceptores actuales), mientras que 46,43 % de los beneficiarios actuales verían aumentada su ayuda y el 53,57 % la verían reducida.
¿Supondría esa redistribución un problema social? Para el titular de Agricultura de Aragón no, porque no es en sí un problema, puesto que esos perceptores “no constituyen el núcleo de nuestro sistema agrario, ni tampoco contribuyen a su desarrollo. Y tampoco en términos sociales, porque estos beneficiarios perciben cantidades muy pequeñas, cuyo impacto es mínimo en sus ingresos, que proceden de otras actividades y no de la agricultura”.
Cuestión de renta
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón presentó ya en 2016 una propuesta de reforma de la PAC al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea, en la que afirmaba que las ayudas directas basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) debían que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores, en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF. “Lo que no tiene ninguna lógica, afirmaba entonces Olona, es que lo que surge como una manera de compensación de la renta, no tenga en cuenta la renta, como ocurre ahora”.
Para fijar esta nueva forma de compensación, Olona planteaba establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los profesionales del campo que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla. “Para corregir las deficiencias de la PAC, el objetivo no debe ser equiparar las ayudas, como se pide en algunos ámbitos, sino equiparar las rentas mínimas para que no haya explotaciones familiares que, contando con una estructura adecuada, no puedan sobrevivir por los fallos de mercado”, defiende Olona.
Esta propuesta incluía a todos los agricultores y ganaderos, independientemente de su orientación productiva y dimensión de su explotación, y se modulaba mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma.
Todo esto supone una modificación sustancial (más bien, radical) del enfoque del Primer Pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), basándose en una asignación financiera para Estados y comunidades autónomas similar a la actual.
El planteamiento del Gobierno de Aragón tenía como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual y con los elementos que la convierten en una política ineficaz, que eran profusamente analizados en el documento.
En términos de equidad, la propuesta buscaba que no sean las rentas más altas, las que más ayudas reciban. Y, en términos de eficacia, impedir que una buena parte de las subvenciones lleguen a beneficiarios cuya dependencia de la actividad agrícola y contribución a la misma es escasa o irrelevante.
Renta compensatoria
Olona defiende, por lo tanto, que la renta se convierta en el elemento básico de referencia en torno al cual se deban poner en marcha los mecanismos de compensación. “Si no se realiza esta compensación, se produce una transferencia de rentas desde los agricultores hacia el resto de la sociedad, dado que, por lo general, los precios pagados por los alimentos no cubren todos los gastos de producción”, afirma Olona.
En su formulación teórica, sometida durante estos meses al debate público y a la opinión de varios expertos, la propuesta aragonesa no ha sido rebatida de forma contundente, sino más bien valorada como una aportación interesante y valiente.
No obstante, según afirmó el consejero, sí creo dudas sobre su viabilidad práctica, por lo que vimos, “necesario someterla al test de los datos reales para que dejara de ser una elucubración más o menos acertada”.
Esa es la prueba que se ha realizado ahora, cruzando las declaraciones de IRPF y de la PAC de más del 70% de los beneficiarios aragoneses, quedando demostrado que el modelo sería aplicable si existiese voluntad política de hacerlo.
En este sentido, Olona indicó que, al margen de las ayudas directas, los criterios que definen su propuesta (profesionalidad, productividad, dimensión y defensa del medioambiente) están siendo puestos ya en práctica en Aragón en determinadas líneas de subvenciones buscando, precisamente, una mayor eficiencia de las mismas.
Es cierto, afirmó, que la prueba de “laboratorio” se limita al territorio aragonés, pero esta Comunidad tiene el tradicional modelo agrario de explotación familiar que caracteriza al conjunto del país.
En todo caso, añadió, sería deseable poder aplicar esta misma prueba en otros territorios o en el conjunto del Estado y “para ello necesitaríamos, lógicamente, la colaboración de otras Administraciones”.
Ventajas de la propuesta
La compensación directa de las rentas mediante la fórmula planteada por el Gobierno de Aragón permitiría, según la propuesta del Departamento de Desarrollo Rural, incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas; orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo, así como equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.
También serviría para primar la buena gestión de las explotaciones agrarias; mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas; introducir exigencias medioambientales con criterio y viabilidad agronómicos; legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad, así como transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto.
Texto adjunto del INFORME «Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz»
