El campo se levanta: Gran tractorada. Por Jaime Lamo de Espinosa
La preferencia comunitaria era el principio protector del mercado agrario de la CEE que aseguraba que el mercado interior debía ser abastecido preferentemente por los agricultores y ganaderos comunitarios. ¿Dónde está ahora aquella preferencia comunitaria? ¿Qué preferencia es ésta que permite esta competencia desleal? Preferencia no es igualdad, es un trato mejor que a los demás. Y este es, en el fondo, el nudo de todo lo que está ocurriendo en España y la UE.
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
Titulé mi última Carta “El campo europeo en cólera” y tras describir lo que estaba ocurriendo en Alemania, Francia, etc., pronostiqué que todo ello conduciría a una situación semejante en España. Y efectivamente los tractores han inundado las carreteras de todas las provincias durante este mes, entre aplausos, incluso con un gesto de la Reina Doña Letizia de afecto hacia ellos. Y han culminado su marcha sobre Madrid el pasado 21. Tractores inicialmente convocados por una desconocida 6F, aunque más tarde se unieron Asaja, Coag y Upa, en toda España y apareciera una Unión de Uniones. Cuando se concentraron en Madrid colapsaron la Puerta de Alcalá y Atocha ante el Ministerio de Agricultura. Y no es de extrañar porque había muchos síntomas que venían anunciando un descontento profundo en el sector agrario español causado por decisiones gubernamentales internas y de la Unión Europea.
Desde el punto de vista interno los agricultores ven cómo su actividad no está suficientemente remunerada, cómo suben sus costes día a día, los fertilizantes, los fitosanitarios, el gasóleo, la energía eléctrica, los piensos, e incluso el salario mínimo interprofesional, que ha crecido un 54% desde 2018, que naturalmente les ha afectado seriamente. Y ellos ven que sus precios de venta en origen no crecen a ese ritmo y al tiempo observan que los precios de sus productos en destino multiplican por 3, por 5 o por 10 sus propios precios mientras ellos venden a pérdidas. No funciona la cadena alimentaria conforme a la ley que asegura y debe garantizar que no puede haber ventas en origen a pérdidas.
En síntesis, reclaman que el Gobierno escuche sus propuestas y demandas, esto es, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que no haya ventas a pérdidas, que haya “cláusulas espejo” para los productos de fuera de la UE para que estos cumplan los mismos requisitos que los de los países miembros, y que se reduzca la burocracia a la que se enfrentan para poder llevar a cabo sus cosechas a cambio de ayudas europeas.
No lo entienden ellos y tampoco la sociedad en general. Y eso está provocando el cierre de numerosas explotaciones. Son personas mayores las que abandonan su actividad, sin que haya renovación generacional, sin que los jóvenes quieran ser agricultores. Y eso contribuye a una España aún más vaciada.
A ello hay que añadir que la sequía, tan dura, se ha visto acompañada de medidas exageradamente limitativas hacia el riego y falsedades sobre sus consumos. El uso de agua en agricultura es de 15.000 hm3, no 24.000 hm3 como dicen algunos. En cambio, la vertida al mar o pasada a Portugal alcanza ya los 85.000 hm3. Pero tenemos 3,8 millones de hectáreas de regadío y caminamos hacia los 4,5 millones de hectáreas. En un país de estrés hídrico estructural y sequías frecuentes hay que facilitar ese camino, no bloquearlo o entorpecerlo.
En pleno febrero, la gran presa de Alcántara (3.000 hm3 de capacidad), turbina agua para obtener energía eléctrica, agua que perdemos en el embalse y va gratis para Portugal. Solo en Cáceres, hay embalsados hoy 5.682 hm3, cantidad superior a la demanda urbana de toda España. Por ello, son plenamente defendibles las exigencias de Mazón, presidente de la Generalitat de Valencia, frente a la ministra Ribera y así han pactado que una comisión de expertos revisará las reglas del Trasvase Tajo-Segura. Me alegro. Ese trasvase es un bien a proteger. Y no olvidemos que personas como Luis del Rivero, prestigioso ingeniero, en su profundo y documentado artículo reciente, se reafirma en que “hay agua y de sobra”, o Domingo Pinilla, gran ingeniero hidráulico y presidente de Asiama, que afirma que “el volumen anual de agua de lluvia caída en España es suficiente para cubrir las necesidades hídricas del país”. Definitivo.
Han faltado inversiones hídricas durante años y ahora lo pagamos, algunos territorios más que otros. Así el problema de la sequía en Cataluña deriva de no haberse llevado a cabo el Plan Hidrológico Nacional que aprobó Aznar en 2001. Desgraciadamente el Gobierno de Zapatero derogó aquel Plan e impidió que se conectaran todas las cuencas de agua de España como estaba previsto. Aquella interconexión entre cuencas, cuya ejecución se impidió, es la que ha imposibilitado que lleguen ahora aguas al Levante español y a Barcelona. Incluso aguas del Ródano, a precios más bajos, se rechazó durante años por unos y otros. Tampoco la Generalitat ha llevado a cabo inversiones internas de importancia para abordar este problema si un día se suscitaba.
Pero además se sienten en este momento agobiados por la inmensa burocracia que nace en Europa, que llega aquí a través de decisiones del Gobierno y de las autonomías. Burocracia que procede de tres lugares: la PAC, el cambio climático y la Agenda 2030. Un hecho: la Unión Europea en 2022 aprobó 27.138 directivas, reglamentos, etc., pero de ellos 3.643 para la agricultura y 3.308 para medio ambiente… burocracia… Casi todo “políticas verdes”.
Y los agricultores y ganaderos ven cómo esas “políticas verdes” se transforman en reglas y prohibiciones para su actividad, limitaciones en el uso de fertilizantes, cumplimiento de los eco-regímenes, limitaciones en los sanitarios, cumplimiento de una cartilla digital que no entienden y que les obliga burocráticamente… y todo eso en muchos casos teniendo que contratarlo con externos a la explotación y que estos costes se añadan a sus costes de producción.
Hay mucha ecología radical que, bajo la apariencia de medidas de defensa ambiental, está introduciendo fuertes limitaciones en el uso de los insumos o en el manejo del ganado. Las leyes de bienestar animal no ayudan a la ganadería, están perjudicando su desarrollo e incluso su mantenimiento, obligan a más inversiones que además elevan sus costes y los agricultores y muy en especial los ganaderos han dicho “hasta aquí hemos llegado”. Ahora parece que la Comisión va a regular el transporte de animales de renta prohibiendo el mismo incluso por altas temperaturas, lo que puede afectarnos mucho dado nuestro clima.
A ello se añade la competencia desleal de productos procedentes de terceros países –cítricos de Turquía, espárragos de China, aguacates de Brasil, tomates de Marruecos, etc; así ahora las clementinas Hernandinas no tienen precio en Valencia– donde las exigencias a las que están aquí sometidos nuestros productores allí son desconocidas: edades laborales, no seguridad social, libertad en el uso de fertilizantes o fitosanitarios, etc. Costes bajísimos. Por eso piden “cláusulas espejo” de tal modo que las reglas agrarias tanto en lo que afecta a personas como a métodos y medios de producción sean iguales para todos.
Hay que recordar que en el Tratado de Roma se hablaba de la “preferencia natural” entre Estados, que luego pasó a ser, tras Stressa, para la PAC, la “preferencia comunitaria”. Tal preferencia era el principio protector del mercado agrario de la CEE que aseguraba que el mercado interior debía ser abastecido preferentemente por los agricultores y ganaderos comunitarios. ¿Dónde está ahora aquella “preferencia comunitaria”? ¿Qué preferencia es ésta que permite esta competencia desleal? Preferencia no es igualdad, es un trato mejor que a los demás. Y este es, en el fondo, el nudo de todo lo que está ocurriendo en España y la UE.
Tanto las manifestaciones en el resto de Europa como en España se han movido bajo los lemas de “Sin nosotros no hay alimentos”, “Precios justos para el campo”, “Sin un agricultor no hay comida” , “Sin nosotros los pueblos desaparecerán”, “Queremos ser agricultores y no nos dejan”… Son gritos que constituyen exigencias y advertencias. Si quiere usted alimentarse debe cuidarnos a nosotros, los agricultores y ganaderos, que somos los que los producimos. Y yo añado y pregunto, ¿dónde está la ley de Bienestar de los Agricultores? ¿Acaso los animales deben tener más derechos que los que los producen y cuidan?
Y es que, como escribí en mi carta pasada, “hay una corriente en el fondo del mundo agrario español y europeo porque no se valora suficientemente su actividad y sus productos, que son nuestra alimentación”.
Todo ello ha llevado al ministro Planas a reunirse el pasado 15 de febrero con las OPAs, las cuales le presentaron sus peticiones sobre la cadena alimentaria, sobre la simplificación de la UE, las cuestiones comerciales, el gasóleo profesional, etc., a lo que el ministro respondió con dieciocho medidas y el anuncio de la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, así como la promesa de remitir a Bruselas su propuesta de simplificación de la PAC y señaló que la puesta en marcha del cuaderno digital será voluntaria.
Estas propuestas no dieron satisfacción suficiente a los agricultores. Ahora el tema se ha desplazado a Bruselas y el 26 habrá un Consejo de ministros del ramo donde estos problemas deberían encontrar solución. Pero los agricultores han advertido que se volverán a manifestar en Madrid si los ministros de Agricultura de la UE no aceptan sus peticiones. Es previsible, pues, que la tractorada siga.
¿Qué pasa ahora? Sin duda, toca esperar… ver qué resultados nos llegan desde Bruselas y qué decisiones se adoptan aquí. Veremos…
Un cordial saludo
