Hay un interesante debate sobre quién es y quién no es un agricultor "profesional". Hay umbrales y baremos, que a algunos les parecen altos y a otros, bajos. Sin embargo, está claro que el perfil del beneficiario de la futura PAC no se medirá según su dedicación a la agricultura, sino por su eficiencia y su sostenibilidad.
El debate sobre el agricultor profesional y la nueva PAC. Por Eduardo Moyano Estrada
Eduardo Moyano Estrada (IESA-CSIC)*
El viejo debate sobre el “agricultor profesional” parecía ya superado con los profundos cambios ocurridos en el sector agrario en las últimas décadas. Sin embargo, se ha reactivado con motivo de la controversia generada en torno a la definición de “agricultor activo”, propuesta por el Ministerio de Agricultura en la negociación del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC-2022.
La definición de “agricultor activo”
De acuerdo con el criterio marcado por la Comisión Europea, el MAPA propone definir como “agricultor activo” (y, por tanto, beneficiario de las ayudas de la PAC) al titular que o bien esté dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) como autónomo, o bien demuestre que, al menos, el 25% de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria generada en su explotación. Asimismo, establece que todo agricultor que haya recibido, al menos, 5.000 euros de ayudas directas al año, tendrá también la consideración de “activo”.
Esta propuesta ha dado lugar a un interesante debate dentro de las organizaciones agrarias, (OPAs), a las que, sin embargo, no les resulta fácil posicionarse respecto a este asunto. Sus bases sociales están formadas por agricultores de distintos perfiles profesionales y diferente grado de dedicación a la agricultura, así como por explotaciones de muy variadas características según regiones y territorios, reflejando así la gran diversidad de nuestra agricultura.
Todas las OPAs tienen en sus filas agricultores a título principal con explotaciones de diverso tamaño, pero también muchos a tiempo parcial o pluriactivos, que compaginan la actividad agraria con otro tipo de actividad (sea como profesionales de otros sectores o asalariados). También cuentan con agricultores mayores, que complementan sus ingresos con la pensión de jubilación.
De ahí que no les resulte fácil a las OPAs fijar una posición sobre este tema, debido a los efectos divergentes que cualquier definición de agricultor “activo” pudiera tener en los distintos subsectores agrícolas o en los diversos territorios.
No obstante, las críticas a la propuesta del MAPA han surgido de aquellos grupos que aún reivindican como eje central de su discurso la vieja figura del “agricultor profesional”, entendido como aquél que tiene a la agricultura como actividad principal.
Estos grupos ven la propuesta de “agricultor activo” como una falta de reconocimiento a los “verdaderos” profesionales de la agricultura, que son los que, en su opinión, deberían tener prioridad a la hora de distribuir las ayudas de la PAC. Critican la propuesta del MAPA por entender que beneficia a los agricultores a tiempo parcial o pluriactivos, que, desde su punto de vista, no deberían ser objeto prioritario de ayuda.
Por el contrario, hay grupos dentro de las OPAs que reivindican la importancia de los agricultores “pluriactivos” por su contribución a la producción agraria y el Desarrollo Rural, considerando por ello que también deben ser beneficiarios de la PAC.
Esa disparidad de posiciones es lo que explica la controversia sobre este asunto. Es un debate complejo, atravesado por factores sectoriales y territoriales, y también marcado por el cambio que una determinada definición de agricultor activo pudiera suponer en el actual escenario de distribución de las ayudas de la PAC.
Un debate complejo
Además de controvertido por sus efectos en la aplicación de la PAC, es también un debate complejo, ya que no es fácil definir lo que es un “agricultor profesional” en la agricultura del siglo XXI. Su complejidad se refleja en la falta de consenso en torno a este ya viejo concepto.
Algunos consideran “profesional” sólo al que está afiliado como autónomo al REASS, excluyendo de esa categoría al que no lo está o está afiliado a otro régimen (Régimen general como asalariado o como empresario).
Otros aceptan incluir en esta categoría a aquellos agricultores que obtienen de la actividad agraria más de la mitad de sus ingresos. Y los hay aún más extremos, que sólo consideran profesional al agricultor que tiene la agricultura como única fuente de ingresos económicos.
En todo caso, estos grupos de opinión consideran muy bajo el citado umbral del 25% que fija el MAPA en su propuesta de “agricultor activo”, y entienden que discrimina a los “verdaderos” profesionales.
Asimismo, consideran demasiado elevado el umbral de los 5.000 euros de ayudas directas como criterio complementario, por entender que beneficia al agricultor «pluriactivo» titular de una gran o mediana explotación.
Es ésta, no obstante, una crítica basada en razones de carácter ideológico (verdaderos/falsos profesionales) y que no valora otro tipo de consideraciones más prácticas, como, por ejemplo, los efectos que pueda tener una determinada propuesta de “agricultor activo” en el conjunto de la agricultura española.
Seguro que el MAPA ha considerado otros umbrales, por encima y por debajo de ese 25% o de los 5.000 euros de ayudas, estudiando en cada caso cuántos agricultores quedarían incluidos o excluidos de los beneficios de la PAC.
Si el umbral es muy elevado, y se acerca a ese 50% que marca la diferencia entre el agricultor “a título principal” y el agricultor “a tiempo parcial”, lo más probable es que quedasen excluidos de las ayudas de la PAC muchos de los casi 700.000 beneficiarios actuales. Lo mismo ocurriría si se baja el umbral de los 5.000 euros.
¿Eso beneficiaría o perjudicaría a la agricultura española? Imagino que ésta es la pregunta que guiados por el interés general se habrán hecho los responsables del MAPA antes de hacer pública su propuesta.
Supongo que las OPAs también se habrán hecho esa misma pregunta a la hora de valorar la propuesta del MAPA, si bien su respuesta habrá variado según el modelo agrícola que cada organización defiende. Lo mismo cabría decir de las Comunidades Autónomas, cuyo desigual posicionamiento se guía por los efectos que pudiera tener en sus territorios.
Entre la ideología y el pragmatismo
Responder a esa pregunta puede que les resulte fácil a algunos dirigentes de las OPAs, quienes, desde una visión ideológica y utilizando razones morales, identifican el “buen” agricultor con el “profesional”.
Según este discurso, sólo el agricultor profesional (a título principal) es un “buen” agricultor, por cuanto sería quien realmente está contribuyendo a la producción final agraria y a la dinamización de los territorios rurales, mientras que el agricultor a tiempo parcial o pluriactivo sería una rémora.
Pero esta visión ideologizada ha quedado obsoleta en la práctica. Los cambios tecnológicos son de tal magnitud, que hoy le es posible a muchos agricultores dedicarse parcialmente a la agricultura y hacerlo con un alto grado de eficiencia y profesionalidad.
Además, en muchos territorios rurales, la presencia del agricultor a tiempo parcial es fundamental para mantener el dinamismo económico y evitar la despoblación, así como para preservar el medio ambiente (por ejemplo, complementando su renta agraria con las procedentes de otras actividades, como el turismo rural o el agroturismo, o incluso con las pensiones).
Ser agricultor a título principal no es hoy garantía de ser un “buen” agricultor en el contexto de la agricultura europea del siglo XXI. Se puede ser un buen profesional siendo un agricultor pluriactivo. Y, por eso, los poderes públicos tienen que ser muy pragmáticos a la hora de definir el perfil de los beneficiarios de las ayudas de la PAC.
Tienen que definir el agricultor “activo” con criterios razonables y flexibles, de forma tal, que no cause perjuicios al conjunto de la agricultura española. Ya sabemos que en política no siempre lo más justo es lo mejor, y cuando hablamos de la PAC estamos hablando de política.
Elevar el umbral de ingresos por encima del 50% para priorizar al agricultor a título principal, como algunos reivindican, puede que sea justo y deseable. Pero en una agricultura tan diversa como la española, eso tendría como consecuencia excluir en algunas CC.AA. a casi dos tercios de los actuales perceptores de las ayudas directas, con los efectos que ello podría tener en términos económicos y políticos.
Un nuevo profesional para una nueva PAC
Creo que el debate sobre el “agricultor activo” no debería girar, por tanto, sobre una figura de “agricultor profesional” que, basada en la plena dedicación a la actividad agraria, ha quedado superada por los cambios producidos en la agricultura durante las últimas décadas.
El debate debería centrarse en cómo aplicar la PAC para que las explotaciones agrarias puedan, con independencia del perfil social o jurídico de su titular, estar en sintonía con el modelo de agricultura eficiente (en términos productivos) y sostenible (desde el punto de vista ambiental y socioeconómico) que preconiza la UE.
El camino hacia una PAC más “verde” ya se ha abierto con los «ecoesquemas» y corroborado por el Pacto Verde Europeo. Ello conducirá a una mayor condicionalidad de las ayudas agrarias y a la gradual, pero inexorable, disminución de los actuales pagos directos no finalistas.
El tiempo de la PAC como política de transferencia de rentas está en su punto final, dando paso a una política de incentivos para avanzar hacia un nuevo proceso de modernización de la agricultura.
En ese camino, el perfil del beneficiario de la futura PAC no se medirá según su grado de dedicación a la agricultura, sino por su eficiencia productiva y su contribución a la lucha contra el cambio climático, la restauración de la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas y la transición energética, además de incorporar la digitalización en la gestión de sus explotaciones.
Ese es el perfil del “agricultor profesional”, que será referente de la PAC en sus futuras reformas. Ello no impide que la composición de la renta u otros factores relacionados con ella, pueda ser tenida en cuenta para modular y limitar la cuantía de las ayudas públicas o para crear algún programa específico de pagos compensatorios o redistributivos en favor de los agricultores con rentas bajas.
Pero lo que parece claro es que la definición del agricultor “activo” a efectos de la PAC debe reflejar la diversidad existente en la agricultura española. Como he señalado, nuestro sector agrario no está formado sólo por agricultores a título principal, sino por una variedad de perfiles profesionales (incluidos pluriactivos y a tiempo parcial) que, cada uno en su medida, contribuyen a la producción final agraria, a la sostenibilidad y al desarrollo de los territorios rurales.
* Publicado en Diario Rural el pasado 10 de septiembre y cedido para su publicación por cortesía del propio autor.
