Pedro Narro
El Euro-harakiri genéticamente modificado
El ritual del harakiri consistía antiguamente en clavarse una espada por el lado izquierdo con el filo hacia la derecha, realizando un corte firmemente, volviendo al centro para terminar con un corte vertical hasta casi el esternón. La UE no es un Samurái y tampoco ha usado un cuchillo afilado para sacrificar, con una simple propuesta sobre las importaciones de organismos genéticamente modificados, todos los principios por los que Schuman, Monnet o Adenuaer pensaron que merecía la pena ser europeo.
Detractores y partidarios de los OGMs no pueden estar satisfechos hoy con una propuesta comunitaria que plantea, a imagen y semejanza de lo decidido hace unos meses con el cultivo, permitir a los Estados miembros que prohíban el uso en su territorio de OGMs autorizados para alimentación o pienso en función de criterios ajenos a la ciencia o la salud. No es un buen precedente el permitir que Estados miembros puedan vetar el uso de productos sanos y autorizados en todo o parte de su territorio en virtud de ‘factores legítimos’. Como consumidor de jamón, vino y de la Semana Santa sé que cualquiera de ellos puede ser el siguiente, si no hoy…. mañana.
El Presidente Juncker, harto de la hipocresía de muchos países nunca ocultó su intención de trasladar la responsabilidad en materia de OGMs a los Estados miembros, por ello sus funcionarios han sudado de lo lindo para intentar articular una propuesta legislativa que jurídicamente pueda sostenerse. El resultado es decepcionante. La UE renuncia a su labor de guardiana de los Tratados y dirige un misil a la línea de la flotación de la UE; el mercado interno, el comercio y el crecimiento económico.
Uno de los pilares de la UE es el mercado interno, es decir, un mercado único en el que circulan libremente bienes, servicios, capitales y personas. Una eventual restricción o prohibición nacional del uso de OGMs fundamentada en consideraciones de naturaleza política conculcaría el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
A la vuelta de la esquina, si el Consejo y el Parlamento no lo remedian, nos encontraremos con un caos normativo impredecible, en constante evolución y atomización y a cuyo lado el ‘greening’ sería un juego de niños.
La armonización y simplificación de legislación es uno los objetivos de esta Comisión Europea pero no hace falta mucha imaginación para saber que la fragmentación del mercado interno no va a beneficiar a ninguna de las actividades económicas que se desarrollan en la UE generando empleo y riqueza. ¿A quien le importa el devenir de la economía europea si podemos legislar para favorecer lo que entendemos que es una determinada percepción de la sociedad sobre los OGMs?
La globalización es una realidad, competimos en un mercado global regido por normas y obligaciones internacionales. La UE, que hace unos años justificaba todas sus reformas con el fin de cumplir con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, presenta ahora una propuesta legislativa que no sólo discrimina y desincentiva la importación de organismos genéticamente modificados sino que vulnera los cimientos de la normativa básica que regula el comercio a escala internacional. La Comisión Europea tendrá que responder por las barreras comerciales sin justificación, discriminatorias y desproporcionadas que los Estados miembros puedan imponer al uso de OGMs.
La perplejidad entre nuestros socios comerciales, la industria y el conjunto de la cadena alimentaria es máxima. Incluso las organizaciones ecologistas europeas reconocen que transferir la responsabilidad de la decisión sobre OGMs a nivel nacional no respeta el funcionamiento del mercado interno y que podría desembocar en una batalla jurídica sin cuartel. A menudo la cuestión de los OGMs se convierte en un tema ideológico, pero es el sector agrícola de la UE quien sufre las consecuencias. Nuestros ganaderos son capaces de poner cifras y datos al drama de legislar en contra de la ciencia.
El sector ganadero en Europa depende de la importación de proteínas vegetales. La UE afronta un déficit imposible de superar en el corto o medio plazo. De hecho en la última campaña la producción europea de soja alcanzó los 1, 7 millones de toneladas, lejos de cubrir ni tan siquiera el 5% de las necesidades de la UE.
Todos los países de la UE, favorables o detractores de los OGMs, usan la soja genéticamente modificada para alimentar su cabaña ganadera. Sectores como el avícola, el porcino o el lácteo dependen de este recurso. Por ello, la UE importa anualmente una media de 34 millones de toneladas de soja, en su amplia mayoría transgénica. Si algunos países se lo proponen sus ganaderos no importarán más pienso genéticamente modificado pero al mismo tiempo conseguirán, sin rubor alguno, que aumenten las importaciones de animales procedentes de Brasil o Argentina alimentados con OGMs y con unas normas de producción ‘diferentes’ a las europeas.
Estoy convencido que dentro de 15-20 años los manuales de derecho comunitario no se olvidarán de esta propuesta y servirá de didáctico ejemplo para explicar que cuando la UE más predicaba la ‘Smart Regulation’ decidió renunciar a los principios fundamentales de sus Tratados con luz, taquígrafos y el Diario Oficial de la UE.
