En todo caso, ese grito, esta llamada del campo, ha sido abordada con rapidez y eficacia por el ministro Planas, que ha hecho aprobar en Consejo del pasado 25, un Real Decreto Ley que modifica la de la Cadena Alimentaria de 2013, reforzando la capacidad negociadora de los agricultores, dando mayor transparencia en los precios, prohibiendo la venta a pérdidas, etc.
El grito del campo: “Queremos precios justos”. Por Jaime Lamo de Espinosa
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Estimado lector:
En mi Carta anterior escribí “hoy el campo llama a la puerta o quizás grita”. Y sí, hemos visto durante todo el mes de febrero cómo el campo español se levantaba cada vez con más fuerza y en más y más provincias, con miles de tractores configurando un grito común que, personalmente, me recordaba al famoso y estremecedor cuadro de Munch, “El grito”. El grito del campo: “Queremos precios justos”. Un grito que ha encontrado su apoyo incluso en el propio Gobierno, pues el vicepresidente Iglesias les ha animado diciendo “Seguid apretando, tenéis razón”. Y un grito que ha llevado a los tractores al corazón de las ciudades, hecho casi insólito, como nos recordaba hace poco Abel Hernández, gran conocedor de la España vaciada.
¿Y quiénes son esos agricultores y ganaderos? Hay que ser conscientes de que hoy ya casi no viven en el campo pequeños agricultores cuya vida familiar depende de su propia producción. De hecho el reempleo ya no existe. Y esos minifundios con producciones de escaso valor son los desaparecidos y que han generado la España vacía. Quedan medianos y grandes agricultores que son emprendedores y para los cuales el objetivo de su trabajo es obtener rentas, beneficios, como cualquier empresa. Si esto no sucede ocurre lo que estamos viendo en estas semanas.
Este grito del campo tiene muchas causas, la subida del SMI que ha sido, de algún modo el detonante, la presión sobre sus rentas por unos precios de los productos que venden que no pueden negociar y decrecientes (algunos hoy son precios similares a los de hace tres o cuatro décadas) y unos precios de los insumos que compran que son fijos para ellos y crecientes y ambos les comprimen sus rentas, la competencia interior de productos de terceros países al amparo de cesiones comerciales de la UE (Marruecos, Turquía, Sudáfrica, etc.). A ello convendría añadir tres cuestiones poco mencionadas pero graves: a) el alto coste fiscal que soporta el campo y del que los agricultores no son conscientes, b) el temor al efecto del Brexit sobre la nueva PAC y c) las amenazas de EE.UU sobre el posible incremento de sus aranceles, parte de los cuales ya lo están sufriendo (aceite de oliva). Profundicemos algo sobre cada uno de ellos.
El alto coste fiscal que soporta el campo que ha sido puesto de manifiesto por Daniel Lacalle en un magnífico artículo en El Español (15.2.2020) donde afirma que “la protesta está totalmente justificada ya que los márgenes son ruinosos”. Y a ello añade que “a los agricultores les suben año a año los costes fijos vía impuestos”. El coste del SMI pasa de 950 a 1.450 euros por coste laboral añadido. Los costes de la energía más aún, pues un 60% de su factura son impuestos (y yo añado el coste del llamado “factor de potencia” que se paga todo el año cuando solo se riega unos cuatro meses). Lacalle lo califica como “expolio fiscal que se genera en toda la cadena de valor” pues concluye “Es Hacienda el gran beneficiario de la cadena”. Y tiene razón sin duda. Es un tema que las OPAs deberían estudiar y analizar con rigor.
La segunda cuestión es el recurrente anuncio de que las ayudas de la PAC, en el marco de los nuevos presupuestos de la Unión Europea podrían reducirse en un 14%. Efectivamente, la UE se enfrenta tras el Brexit a un agujero presupuestario cuantificado en unos 75.000 millones de euros que aportaba antes el Reino Unido. Y en consecuencia la Comisión pretende resolver ese problema reduciendo los fondos destinados a la PAC, a la Cohesión y simultáneamente crear nuevos fondos para la Transición Ecológica y la digitalización. Es decir, pretende hacer más con menos. Imposible. Eso significaría una reducción de los fondos PAC de 329.300 millones de euros y los pagos directos a agricultores se reducirían en 30.000 millones al tiempo que las ayudas del desarrollo rural en otros 24.000. Y otra paralela de los Fondos para la Cohesión de 380.100 millones de euros.
No es pues de extrañar que los agricultores españoles al igual que los franceses, italianos, etc., vean con enorme preocupación esta reducción de ingresos que inevitablemente van a experimentar durante el periodo 2021-2027. Pues esas ayudas representan aquí en el entorno de un 30% de la Renta Agraria nacional año tras año. Su mantenimiento es, pues, crucial para el sector agroganadero. Y su reducción, en la proporción antes mencionada, representa una pérdida de unos 925 millones de euros. Pero la Cumbre de la UE se reunió los pasados 20 y 21 de febrero sin acordar nada y constatando las grandes diferencias entre Estados Miembros. Afortunadamente Macron lucha sin parar en favor del mundo rural francés y de su PAC.
Aquí nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya ha declarado que ese presupuesto sería “insuficiente en condición e injusto en su reparto”. Hasta tal extremo es notable esa injustica que el líder del PP, Pablo Casado, le ofreció a Pedro Sanchez, presidente del Gobierno, un apoyo incondicional –y repito incondicional–, en su rechazo a estos presupuestos comunitarios que dañarían al campo español con enorme intensidad. La ministra de Exteriores fue muy contundente en sus expresiones diciendo que “no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento para la transición ecológica”.
Es imprescindible, a mi juicio, luchar por mantener el máximo de ayudas PAC y al tiempo –señalo– debería acordarse exonerar fiscalmente la percepción de tales ayudas, de todas las ayudas PAC. Es decir, su percepción, ya sean ayudas directas anuales de DPB o semejantes, o sean ayudas para el cambio estructural, debe ser sin que generen gravamen alguno posterior en el IRPF. Sería la manera de compensar, en parte, esa pérdida de fondos PAC. Y tal vez esa decisión podría adoptarse a nivel comunitario o nacional.
Y nos queda como tercera cuestión la amenaza que sobrevuela sobre nuestras exportaciones agroalimentarias a EE.UU por el establecimiento de la Tasa Google, recientemente aprobada junto a la Tasa Tobin. Lo fue antes en Francia y Macron la retiró por ese temor a que Trump gravara con nuevos aranceles las exportaciones agroalimentarias francesas. Y aquí, se ha aprobado el pasado 18 de febrero, y su aplicación –si es que llega, a final de año– puede provocar retorsiones sobre nuestras ventas agroalimentarias –vinos, aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, conservas vegetales, jamón, etc.– a aquel gran mercado. Conviene repensar esta cuestión pues un portavoz de la Embajada de EE.UU en España nos ha advertido (20.2.2020) que “si España impone unilateralmente un impuesto sobre servicios digitales, EE.UU tomará todas las medidas apropiadas para defender nuestros intereses”. También Ceoe y Cepyme han manifestado su rechazo a la aprobación de ambas tasas. Hay pues que buscar, sobre la Tasa Google, una decisión común a todos los países de la OCDE o de la Unión Europea pues en caso contrario entraría nuestro sector FAO en zona de alto riesgo.
En todo caso ese grito, esta llamada del campo, ha sido abordada con rapidez y eficacia por el ministro Planas, que ha hecho aprobar en Consejo del pasado 25, un Real Decreto Ley que modifica la de la Cadena Alimentaria de 2013, reforzando la capacidad negociadora de los agricultores, dando mayor transparencia en los precios, prohibiendo la venta a pérdidas, etc. Y anunció cambios futuros en las leyes de integración en cooperativas para potenciarlas y llevarlas al modelo holandés, y un aumento de las dotaciones para seguros agrarios. Una rápida y positiva respuesta. Aunque sigo creyendo que, además, debería crearse una Mesa de Rentas Agrarias en el seno del Ministerio con todas las OPAs y la cadena de valor representada, para llevar a cabo un estudio profundo sobre los escandallos de la cadena, cuantificar claramente los márgenes de distribución, analizar las cargas fiscales, comprobar dónde, cuándo y cómo y en qué subsectores se dan las ventas a pérdidas, etc.
No olvidemos que todo este grito nos está diciendo que los jóvenes no se quedarán en el campo en estas condiciones que sufren ellos o sus padres, que iremos perdiendo más y más población rural, pero no solo la envejecida, sino sus sucesores, y que el abandono de la agricultura y la ganadería llevará inevitablemente a un vaciamiento rural más profundo aún que el presente.
Un cordial saludo
