El Guadalquivir clama un cambio de rumbo. Por Eduardo López Vargas

Eduardo López Vargas. Secretario de Organización de COAG Andalucía y presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía

Una sequía demasiado prolongada da la puntilla y pone contra las cuerdas al sector agrario y, especialmente, al modelo social y profesional de agricultura, mayoritario en Andalucía.

El impacto de la falta de precipitaciones en un contexto, además, de cambio climático que es un problema de emergencia mundial, en el que las temperaturas ya no atienden a las estaciones ni entienden de términos medios, a causa del calentamiento global que provoca que esté ardiendo en estos momentos el Mediterráneo, Canadá, Australia o el Amazonas, ha supuesto un revés de importantes repercusiones socioeconómicas para Andalucía.

Y es que han sido varias las campañas consecutivas con reducción de cosecha, lo que ha empeorado este año con los campos vacíos, maquinarias paradas y los jornaleros en paro. Esto quiebra la dinámica del principal sector económico de producción real en Andalucía.

En una situación de pérdidas a nivel regional, destaca la repercusión negativa que la sequía y la falta de agua para riego ha tenido en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, donde las limitaciones de las dotaciones para el riego han provocado una auténtica ruina en cultivos de gran calado social como el olivar y otros leñosos, los hortícolas al aire libre para consumo en fresco y para transformación, el algodón, el girasol, la remolacha… en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, principalmente, en las grandes zonas regables de Palma del Río, Fuente Palmera, Valle Inferior, Puente Genil y la gran comarca agrícola del Bajo Guadalquivir.

La falta de agua para regar ha provocado un tsunami de desgracias: al no poder mantener los cultivos y, en el peor de los casos ni tan siquiera sembrarlos, se han cerrado industrias de transformación y se ha visto seriamente perjudicado el sector de los insumos: maquinaria, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, transportistas… y, por supuesto, los jornaleros, generándose pérdidas millonarias y de empleo. Un auténtico varapalo para Andalucía.

Sabemos que las sequías en Andalucía son cíclicas y que el verdadero problema es el desajuste entre las demandas y la oferta. Por eso el reto está en gestionar de manera responsable y sensata un recurso público como es el agua, que es vital para el modelo social y profesional de agricultura, que es el que tenemos en Andalucía y que mantiene vivos nuestros pueblos.

Una gestión de cuenca nefasta

Y, hay que hablar claro, en el Guadalquivir ha ocurrido todo lo contrario. La gestión de la cuenca ha sido nefasta, especialmente en los últimos veinte años. Y esta circunstancia ha arrastrado a la cuenca a una situación de insostenibilidad que ha dado la peor cara con esta sequía, siendo la zona regable con más limitaciones. La incompetencia de quienes han gestionado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -CHG- ha generado un déficit estructural de más de 300 hectómetros anuales, lo que pone en jaque el futuro de la agricultura y, por tanto, de muchos pueblos de Andalucía.

Y no hay medida. A pesar de la falta de agua actual, la Confederación sigue ampliando las zonas regables por mucho que lo nieguen públicamente. Tan sólo hay que echar un vistazo a las publicaciones de los Boletines Oficiales de las Provincias -BOP- para comprobar cómo tierras que eran de secano pasan a tener título de agua por arte de birlibirloque, acogiéndose a la ‘fórmula del ahorro’ o a compromisos históricos. En el Guadalquivir no hay agua para todo ni para todos, pero suman y siguen. ¿Por qué se está permitiendo esto? ¿Cuáles son los intereses? ¿Quiénes se están beneficiando?

Los datos refrendan esta barbaridad: desde la última sequía, que tuvo lugar en la década de los 90, se ha duplicado la superficie de riego de la cuenca del Guadalquivir, que ha pasado de 460.000 hectáreas a las 900.000 que hay en la actualidad, pasando por un cambio de cultivos tradicionales anuales a leñosos súper intensivos, que la propia Confederación ha fomentado a través de la Planificación, dando lugar a que penetren fondos de inversión y grandes empresas foráneas para apropiarse de la tierra y el agua.

Mientras tanto, no existen garantías para las dotaciones de riego ya existentes, este año es el quinto año consecutivo con recortes. El modelo social y profesional es el que más sufre estos recortes, dada su ajustada estructura de costes, necesita de producciones y rentabilidades óptimas para afrontar el año, no tienen ‘colchón’ para soportar varias campañas sin producir. Esto está suponiendo, incluso, la expulsión de jóvenes de la actividad agraria, que no pueden asentarse en el sector. Permanecen los mayores porque no tienen otra alternativa, sobreviviendo precariamente y endeudados. Todo ello abre la puerta a la concentración en pocas manos de la tierra y el agua, expulsando a agricultores profesionales y familias.

Ante esto, desde COAG exigimos respuestas y una reacción definitiva que ponga pie en pared a este expolio de un bien público. Reclamamos que el nuevo Gobierno que se conforme en España cambie el rumbo en la gestión de la Confederación. La cuenca no puede permitirse una gestión que dé la espalda a la situación de emergencia climática y a las extracciones sin control.

El Guadalquivir necesita que se ponga orden y se desarrolle un exhaustivo sistema de control de regadíos, tanto de aguas subterráneas como superficiales, adaptado a las tecnologías del siglo XXI. Debe asumir el reto de revisar la planificación hidrológica recientemente aprobada, en la que se prohíba, sin excepción, la ampliación de la zona regable, así como que se frene la expansión de cultivos leñosos súper intensivos, muy dependientes del agua y poco adaptables a periodos de sequía que van a seguir viniendo.

Deberá contemplar, asimismo, las infraestructuras que sean necesarias y posibles para corregir el déficit, pero también se debe invertir en planes de recuperación de los acuíferos, en la recarga de éstos en años muy lluviosos, así como en aquellas medidas ambientales necesarias para garantizar el buen estado de las masas de agua y los ecosistemas asociados. Por mucho que se empeñen algunos en culpar a los ecologistas, las demandas de éstos no son el problema del Guadalquivir.

La inmensa mayoría de los agricultores profesionales del Guadalquivir esperan que se produzca el cambio de rumbo, que se ponga orden en el descontrol y que se haga cargo de la Confederación un equipo de gobierno responsable, valiente y con talante, que priorice un reparto de agua con interés general, atendiendo a un modelo de agricultura social y profesional, que es el que da vida a nuestras zonas rurales, que crea empleo y que fija la población al territorio. Deben estar dispuestos a emprender los cambios necesarios para garantizar el presente y el futuro de una cuenca que es un pulmón socioeconómico de Andalucía, y que es, en definitiva, un patrimonio de todos los andaluces.