Luis Mosquera. AgroNegocios

«El actual sistema de embalses, en toda la cuenca mediterránea, no es suficiente para garantizar el agua en condiciones de sequía severa»

La Comagri está ahora inmersa en discusión de la propuesta de la CE sobre Indicaciones Geográficas, en la que la Presidencia sueca quiere llegar a un acuerdo para que en la próxima Presidencia española se celebren los trílogos. ¿Cómo están las negociaciones actualmente? ¿Cree que será posible cerrar este tema en el segundo semestre del año?

La discusión en la Comisión de Agricultura está muy avanzada. En las últimas semanas, gracias al trabajo en equipo entre todos los grupos políticos, hemos logrado formular casi 50 enmiendas de compromiso, que cubren alrededor del 90% de los 1.000 cambios propuestos presentados en las Comisiones AGRI, JURI e INTA a la propuesta del comisario de Agricultura Wojciechowki.

Este paquete de cambios será votado el 20 de abril en la Comisión AGRI y validado a fines de mayo por el Pleno del Parlamento, formando nuestro mandato de negociación para iniciar diálogos tripartitos con la Comisión y el Consejo ya en esta Presidencia semestral sueca. Nuestro objetivo es llevar el texto a la Cámara para la aprobación definitiva de la reforma bajo la Presidencia española, a final de año.

En ese sentido, usted y otros eurodiputados han visitado recientemente la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante. ¿Qué impresiones han sacado de esta visita, dado que el papel de la EUIPO con respecto a las IGs es precisamente uno de los puntos de fricción en las negociaciones?

La visita a la EUIPO fue fundamental para experimentar de primera mano el altísimo nivel de experiencia que esta agencia puede ofrecer en la protección y promoción de las Indicaciones Geográficas, en particular en lo que respecta a cuestiones de carácter técnico y administrativo. Sin embargo, como Parlamento, creemos que el papel de la EUIPO debe seguir siendo consultivo, dejando las opciones políticas finales a la Comisión Europea, sobre la base de las habilidades agrícolas y de desarrollo rural intrínsecas que la DG AGRI puede aportar. Esta será nuestra posición de partida de cara a las negociaciones que nos esperan, conscientes de la necesidad de encontrar un compromiso ambicioso junto con el Consejo también sobre este punto.

En esta primera parte del año también se espera la propuesta de la CE sobre la nueva normativa de información alimentaria a los consumidores, con el etiquetado frontal de los alimentos como tema importante. Usted se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra el sistema de etiquetado francés Nutriscore. ¿Cuál es la actual postura de la Comagri sobre este sistema y que espera de la Presidencia española, que presumiblemente se encargará de gestionar el inicio del debate en el Consejo?

El debate sobre las diferentes opciones de etiquetado de alimentos está abierto desde hace algunos años y nosotros confirmamos que los sistemas de semáforos, y en particular el Nutriscore francés, no son adecuados porque no informan correctamente, sino que condicionan a los consumidores en el momento de la compra. Precisamente por eso hemos puesto sobre la mesa el sistema italiano Nutrinform Battery, que creemos que explica de forma más detallada y transparente el aporte real de nutrientes de cada porción de alimento que consumimos.Pero la propuesta de reforma de estos sistemas está actualmente bloqueada y excluida del programa de trabajo de la Comisión para 2023. Por tanto, tenemos elementos concretos para creer que el tema muy probablemente se pospondrá para la próxima legislatura, que comenzará en 2024.

¿Cree que la Comisión Europea incluirá en su propuesta la posibilidad de introducir advertencias sanitarias en bebidas como el vino, de la misma índole que las que existen en el tabaco y como lo que parece va a aplicar Irlanda sin que Bruselas se oponga?

Hemos presentado una pregunta urgente sobre este tema, preguntando a la Comisión Europea qué pretende hacer para garantizar que Irlanda cumpla con los procedimientos de autorización establecidos por la Organización Mundial del Comercio. No podemos aceptar la introducción a nivel nacional de un etiquetado sanitario obligatorio para las bebidas alcohólicas con afirmaciones como «gravemente nocivas para la salud». No solo sería un estándar erróneo, sino que también representaría una barrera al comercio internacional. Por no hablar de que en el Parlamento de la UE ya hemos tomado una posición muy clara contra las declaraciones de propiedades saludables, votada por una amplia mayoría en la resolución sobre la lucha contra el cáncer: de hecho, creemos que nuestros ciudadanos deberían estar mejor informados, con más sistemas de etiquetado transparentes para las bebidas alcohólicas, a fin de poder distinguir entre el “uso” y el “abuso” de alcohol.Pero la batalla en defensa del sector vitivinícola no termina aquí: de hecho asistimos a iniciativas cada vez más frecuentes que ven algunas excelencias del sector agroalimentario europeo, incluidos y sobre todo los vinos, en el centro de atención de las políticas internacionales de salud pública. En este sentido, cuanto más se mantenga el sector vitivinícola en coaliciones con otros sectores del sector agroalimentario europeo -incluso desde un punto de vista estrictamente regulatorio- más herramientas de defensa tendremos frente a las crecientes iniciativas que quieren relegar al vino a una política cada vez más marginal, o incluso excluirlo. Por ello, estamos trabajando para que el vino sea el protagonista del nuevo reglamento sobre indicaciones geográficas, a pesar de las numerosas solicitudes de su exclusión, que correrían el riesgo de aislarlo ante los retos de futuro que nos esperan.

“Creemos que el papel de la EUIPO en el nuevo reglamento sobre Indicaciones Geográficas debe seguir siendo consultivo”

“Tenemos elementos concretos para creer que el tema del etiquetado frontal de alimentos muy probablemente se pospondrá para la próxima legislatura, en 2024”

 “Estamos trabajando para que el vino sea el protagonista del nuevo reglamento sobre Indicaciones Geográficas”

La regulación para un uso sostenible de los fitosanitarios es otro de los grandes temas que afronta la UE en este año, a la espera del estudio del impacto económico de la misma y en la producción de alimentos. ¿Qué manifiesta la Comisión de Agricultura del PE sobre esta regulación? ¿Como ingeniero agrónomo, cree que la agricultura comunitaria se podría permitir una reglamentación tan restrictiva?

Este también es un tema decisivo en el que el Ejecutivo europeo tendrá que ser coherente. No se puede pedir a nuestros agricultores, en el marco del Green Deal y la estrategia “De la granja a la mesa”, que reduzcan a la mitad el uso de pesticidas para 2030, sin ofrecer una alternativa válida para la protección de cultivos. Las nuevas biotecnologías sostenibles, como la cisgénesis (cambio genético que se introduce en un organismo a partir de la incorporación de un gen procedente de otro organismo) y la edición del genoma, son conocidas y están disponibles para la comunidad científica internacional desde hace décadas y solo deben ser reguladas con una disposición reglamentaria. Sin embargo, la Comisión parece haber querido poner el carro delante del caballo, primero proponiendo ambiciosos objetivos de reducción y solo después ofreciendo instrumentos alternativos funcionales para lograr estos objetivos. Como Comisión de Agricultura, estamos trabajando para revertir este enfoque, y solo comenzaremos a trabajar en el reglamento propuesto sobre el uso sostenible de pesticidas cuando un reglamento  sobre nuevas técnicas genéticas (NGT) esté simultáneamente sobre la mesa.Ya en la universidad, nuestros profesores nos enseñaron la importancia y el valor del mejoramiento genético: una técnica milenaria que nos permite producir y comercializar nuevas variedades de plantas más resistentes a enfermedades, escasez de agua y a bajos costes. La edición de genes no ha hecho más que acelerar este proceso existente en la naturaleza. Ahora se trata de traducirlo en un texto normativo.

Apuestan desde la Comagri por la tecnología e innovación, como futuro de un sector agroalimentario sostenible, pero también económicamente rentable. ¿Es así? ¿Qué pasos cree que debería dar la Comisión Europea en este sentido?

Todos estamos de acuerdo en que queremos practicar una agricultura con un menor impacto ambiental y sostenible en términos de salud pública, posiblemente sin químicos sintéticos. El problema, repito, sin embargo, es con qué insumos productivos que permitan a los agricultores producir suficientes alimentos, con altos estándares de calidad, garantizándoles un ingreso adecuado. En nuestra opinión, gracias a la investigación y la innovación, es una ecuación que se puede solucionar para lograr lo que la FAO ha identificado como «intensificación sostenible».

El cambio climático empuja a la agricultura a ser mucho más eficiente en cuanto al uso de un bien ya tan escaso como es el agua, y más en países que ya viven intensamente este grave problema como Italia o España. ¿Cuáles serían a su juicio las políticas hidrológicas que se deberían fomentar y asumir en el marco la Unión Europea más allá de las actuaciones nacionales?  

En un contexto global que ve crecer geométricamente a la población mundial, con las mismas tierras cultivables y con un clima alterado por el exceso de emisiones contaminantes, solo veo un camino: fortalecer nuestra capacidad de abastecimiento de agua en situaciones de falta de precipitaciones constantes y consecuentes disminuciones en las reservas en los acuíferos. El actual sistema de embalses, tanto en Italia como en toda la cuenca mediterránea, no es suficiente para garantizar el agua en condiciones de sequía severa, tanto por falta de inversión como de mantenimiento de las propias instalaciones. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRR) y sus fondos representan una oportunidad irrepetible en este sentido y esperamos que no se desperdicie, por razones de índole ideológica o incluso burocrática.

En orden interno y como observador privilegiado de la política agraria de su país, ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de la nueva PAC en Italia? ¿El Plan Estratégico nacional italiano ha sido bien aceptado por el sector o cosecha también críticas, como en el caso español?

 La nueva Política Agrícola Común que ha entrado en vigor este año, y que nos acompañará a todos, agricultores y consumidores, hasta 2027, garantiza unos recursos financieros sustancialmente inalterados: hablamos en Italia de 7.300 millones de euros al año que servirán para practicar una agricultura más selectiva, de calidad, orientada a la transición ecológica y a la sostenibilidad social. Pero recordemos que este CAP, revisada y corregida, después de más de 60 años de “carrera” laureada no está escrita en piedra y puede ser remodelada en el camino. Su aplicación a nivel nacional, tanto en Italia como en España, apoyará en todo caso a los agricultores más virtuosos: se acabaron los tiempos de las ayudas a la lluvia.