Espectáculo a cielo abierto. Por Esther Herranz.

Por Esther Herranz. Experta en la UE y en Agricultura (diputada europea 2022-2019), profesora y apasionada del sector agrario.

La semana pasada asistía atónita a una representación pública de unos pseudo-ambientalistas que, en defensa de sus intereses propios, se encadenaron a las verjas del MAPA y llenaron de carteles y pancartas la puerta de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que es de todos; de ellos y de quien no comparte su opinión. Espectáculo a cielo abierto.

Me recordó a aquellos que emprendieron en los años 70 y que irrumpieron en nuestra sociedad con la fuerza de la novedad, de lo extraño y lo desconocido y que, a falta de más información, convencieron a muchísimos de que estaban en posesión de la verdad absoluta en sus reivindicaciones y que, en definitiva, el fin justificaba los medios.

Pero ha llovido mucho desde entonces. Todos hemos aprendido mucho de democracia, del marketing, de la propaganda, de los grupos de interés y de la financiación de los lobbies. Así que ahora ya no nos afecta tanto y, sobretodo, hechos así nos llevan a pensar qué y quiénes están detrás, al fondo de todo, de tanta performance, o interpretación que diría el castizo. No respetan las instituciones democráticas, los medios del Estado de Derecho y quieren, a través del impacto mediático, arrebatar nuestro derecho a analizar con sensatez y cordura la realidad y decidir libres e informados sobre cada caso.

Cabe decir que la seguridad del Ministerio ha resultado dañada en su imagen. Una se pregunta qué estaba haciendo el personal de Seguridad y la Guardia Civil de la puerta, mientras estos asaltantes tomaban por la fuerza un edificio público. Pero eso corresponde a su ministro aclararlo. Hasta ahí nada más que decir a la espera de sus aclaraciones.

Conviene destacar que todas las opiniones son aceptables en un diálogo democrático, organizado, respetuoso y digno. Sin embargo, la toma por asalto de un edificio, sea éste el Banco de España, la Plaza del Congreso, los Soportales de la Verdura o el Ministerio del Interior, es inaceptable. Como demócrata sólo en el marco acordado legalmente acepto el debate y la exposición pública de las diferentes opiniones; el resto es usurpar el espacio y la libertad de los demás.

El asunto que defendían aquellos actores callejeros de la Plaza de Atocha era el de un tema controvertido, sin definición existente en la UE y recientemente definido legalmente por la legislación española: las macro-granjas. Que viene a ser una prohibición en España de grandes granjas de producción primaria. Es decir que, en el sector primario, está prohibido lo que en el sector del automóvil o del textil se prima y se aplaude, la economía de escala.

Siempre he creído en los estudios de impacto ambiental (EIA) y en las medidas previsoras y protectoras que de ellos emanan. Es por ello que no comprendo la preocupación de quienes se manifiestan contra las explotaciones más grandes, máxime cuando en otros países de la UE están funcionando y produciendo, por no hablar de países terceros de donde importamos alimentos para las personas y para los animales, y donde las explotaciones tienen, en ocasiones, más tamaño que regiones o países de la UE.

No creo que sea casualidad que determinadas ONGs se decidan a criticar producciones en las que los españoles somos competitivos y hemos desplazado a otros Estados miembros de la UE en los mercados. Me malicio intereses terceros.

Creo que, si somos coherentes, los EIA deberían darnos la seguridad de que tratamos al entorno con respeto y las Administraciones públicas deben ser responsables de su puesta en práctica y con ella, darnos seguridad y transparencia.

Si hay problemas de contaminación por nitratos, que los hay, es por la mala gestión de las instalaciones y por la negligencia de quien tiene la responsabilidad de cuidar de sus buenas prácticas, o sea la Administración.

Ya tenemos la normativa ambiental más exigente del mundo, por tanto la responsable de velar por su cumplimiento debe hacer su trabajo y no dedicarse a prohibir lo que es incapaz de gestionar por su inoperancia o ineptitud. No es un problema de tamaño, sino de gestión.

Este tipo de explotaciones han de convivir con aquellas más reducidas, de tamaño pequeño o mediano, pero todas ellas dentro de la legalidad y con la seguridad jurídica que merecen.

Hoy son las granjas y su tamaño, ayer fue la carne de vacuno, mañana puede ser la carne de pollo y pasado mañana el pescado de acuicultura, donde (mire usted por dónde) también empezamos a despuntar.

Hay quienes sólo buscan acabar con la producción de alimentos en Europa, a menos que éstos lleven el marchamo ecológico. Y yo me pregunto, ¿todo esto a quién beneficia? ¿Dónde está la ventaja en importar de países terceros lo que no queremos que se produzca aquí? Yo me daría una vuelta por algún puerto grande del Norte de Europa para encontrar respuesta.