Estrategia europea «De la granja a la mesa» y productos importados. Por Tomás García-Azcárate

Tomás García-Azcárate

Tomás García-Azcárate

Una de las críticas más frecuentes a la estrategia europea «De la granja a la mesa» es que impone obligaciones y costes adicionales a los productores europeos, que no se aplican a los productos importados, provocando una competencia desleal en detrimento de los productores y consumidores europeos.

La Comisión es tan consciente de la relevancia de esta crítica que ha incluido en su estrategia un capítulo » Fomento de la transición global » donde explica que la política comercial de la UE debe ayudar a fortalecer la cooperación con terceros países y a conseguir los ambiciosos compromisos de su participación en las áreas clave tales como el bienestar de los animales, el uso de pesticidas y la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La Unión se esforzará por promover las normas internacionales en los foros internacionales competentes y fomentará la producción de alimentos producido respetando altas normas en términos de seguridad y de sostenibilidad.

En el marco de los acuerdos bilaterales, siempre es posible renegociarlos para llegar a un acuerdo “mejorado”. Para ello, nuestros socios deberán obtener concesiones para compensar el endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado europeo. Claramente, esto significa un aumento de las cuotas y/o una disminución de los derechos de aduana residuales si existen y/o (si corresponde) una extensión del período anual al que se aplican.

En el marco multilateral, esto significa renegociar las reglas en la OMC y/o en el Codex Alimentarius. Estas negociaciones son complejas. De hecho, la Comisión ya ha comenzado, pero debemos ser conscientes de que llevará tiempo obtener resultados que serán inciertos.

¿Significa eso que no hay nada que podamos hacer hoy y ahora? La respuesta es claramente no. Pero debemos contar con una fuerte resistencia. A los países terceros no les gustará, ni tampoco a los Estados miembros importadores. Los influyentes lobbies portuarios y comerciales resistirán. Vamos a suponer que realmente existe una firme voluntad política y vamos a clasificar las diferentes alternativas que se me ocurren según sus dificultades técnicas.

Podemos reforzar nuestros protocolos sanitarios de importación, por ejemplo, para ponerlos al mismo nivel de requisitos que los que se aplican a los productos europeos exportados. El concepto de “una sola salud” significa que también debemos dar plena prioridad a la sanidad vegetal y animal. Incluso con alertas repetidas, como las muy recientes relacionadas con las naranjas sudafricanas o los limones turcos, nada (o casi nada) se mueve.

También podemos trabajar con los Límites Máximos de Residuos (LMR). En principio cuando una sustancia fitosanitaria deja de ser aprobada a nivel europeo, el LMR se reduce al límite de detección, que generalmente corresponde a la ausencia de residuos detectables por los métodos analíticos habituales (valor por defecto de 0,01 mg/kg)”. Decimos “en principio”, porque la Comisión Europea puede aumentar este LMR si la evaluación de riesgo concluye, para facilitar las necesidades del comercio internacional que no se aprecian ningún efecto inaceptable para la exposición alimentaria.

El caso del glifosato nos puede servir de ejemplo. Se utiliza como desecador hasta 4 días antes de la cosecha en Canadá (práctica no autorizada en Europa). El LMR aceptado para las lentejas se multiplicó por 100 entre 2008 y 2012 para llegar a 10 mg/kg, mientras que el propuesto por el Codex es de 5 mg/kg y el LMR aplicado en Canadá es de… 4 mg/kg.

Los usos “excepcionales”

La situación es particularmente compleja en el caso de frutas y hortalizas, debido a los «usos menores». Hay sustancias y productos que están autorizados para su uso en otras producciones agrarias pero no para las frutas y verduras. Por ejemplo, el uso del etefón está permitido para el trigo, el tabaco o el arroz con un LMR es de 2 mg/kg, pero no para las frutas y hortalizas. Esta situación es a menudo la causa de las “autorizaciones excepcionales” (a menudo a repetición) otorgadas por los Estados miembros.

El registro de un producto fitosanitario es un proceso costoso. No es rentable para muchas empresas hacer el esfuerzo humano y económico para preparar un dosier para estos usos menores. En otros casos, no hay alternativas porque la investigación privada no tiene interés económico en el tema por falta de rentabilidad esperada. Si esta es la situación, nos enfrentamos ante un fallo de la economía de mercado. Por lo tanto, corresponde a la investigación pública, o la financiación pública, corregir dicho fallo.

Si el producto puede ser utilizado «excepcionalmente» por el productor europeo, también se puede utilizar en terceros países. Si el LMR se establece «normalmente» en el nivel de detección, también debería poder ajustarse «excepcionalmente» para los productos importados. No se pueden imponer condiciones más estrictas a los productos importados que las aplicadas a los productores europeos. Este caso de las «autorizaciones excepcionales» puede ser un verdadero caballo de Troya frente a un enfoque más riguroso. Deben realizarse inversiones suficientes para reducir el número de autorizaciones concedidas y abrir un registro de estas autorizaciones para terceros países.

Nos queda otro problema importante. ¿Qué hacer con el uso de productos prohibidos en Europa y que no dejan residuos en el producto importado? No podemos imponer nuestras normas a terceros países, pero podríamos pedir (¿obligar?) a estos países a que nos exporten únicamente productos que no hayan utilizado productos prohibidos en Europa. Nos encontramos en el contexto de las negociaciones bilaterales, asumiendo que el país tercero tiene los medios físicos, presupuestarios y humanos para controlarlo. Seamos prudentes con lo que exigimos a nuestros socios comerciales. En 2020, el senador francés Laurent Duplombur elaboró un informe que concluyó que, en Europa, unas 900 sustancias (de las 1.488 que deberían controlarse) casi nunca lo son.

En la reforma de 1996 de la Organización Común de Mercado de las frutas y hortalizas, que estableció las organizaciones de productores como las conocemos hoy, se creó un cuerpo de control comunitario para reforzar la capacidad operativa de los Estados miembros y garantizar un nivel similar de control en todo el territorio de la Unión. Después de algunos balbuceos, la idea fue abandonada. Ningún (y cuando escribo ninguno es ninguna) Estado miembro quiso una verdadera transparencia y autorizar que alguien venga a meter sus nariz en sus pequeñas cocinas nacionales. Nadie lo dijo con estas palabras pero, entre todos mataron al cuerpo de control comunitario, y el solo se murió.

En conclusión, la Presidencia francesa de la Unión, que comienza el 1 de enero, anuncia que quiere avanzar seriamente en este asunto. Nuestro ministro está insistiendo en múltiples foros sobre el tema. Obviamente, estas son buenas noticias. Si se puede y si se debe, pero debemos ser conscientes de los problemas y las resistencias con las que chocamos, los límites de lo que se puede hacer y los plazos  necesarios para obtener los distintos resultados.