La “década Fruit Attraction”: quién gana y quién pierde en un sector al alza

Los fruticultores familiares siguen perdiendo rentabilidad por la ausencia en general de unos precios dignos y remuneradores.

La “década Fruit Attraction”: quién gana y quién pierde en un sector al alza

Andrés Góngora Belmonte, responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG

Óscar Moret, productor de fruta y afiliado de nuestra organización en Aragón, reflejaba a la perfección en un breve artículo este pasado mes de agosto la dramática situación de los profesionales de este sector, detallando cómo se van quedando en el camino las ilusiones y el trabajo, y sobre todo cómo se ha eliminado la rentabilidad del fruticultor y se le hace abandonar su profesión con la consiguiente destrucción de la economía familiar en las zonas productivas.

Esta situación se replica con preocupante frecuencia en otras zonas de producción y en otros cultivos hortofrutícolas. Por ejemplo, los agricultores de la almendra están viendo como emerge un nuevo sector completamente distinto, en zonas llanas, con riego y altos rendimientos, y contra el que no pueden competir sus árboles erguidos en zonas de pendiente y con un valor ambiental y social que no se retribuye ni por asomo.

Pero también hemos visto como zonas en las que no se cultivaba tradicionalmente sandía o brócoli están apostando por estos cultivos, gracias a capital procedente de otros sectores económicos, con colchones financieros de los que no disponen las agricultoras y agricultores de nuestro sector y, a veces, con ayudas agrarias procedentes de tiempos pasados.

Así, sector tras sector, observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo del sector de las frutas y hortalizas en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al agrario, ganan terreno en detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales y, en definitiva, en detrimento del modelo social y profesional de agricultura, proveedor de riqueza en el medio rural, así como de otros bienes públicos.

Mientras en 2007 había una superficie de frutas y hortalizas de 1.462.000 hectáreas, con 215.000 titulares de explotaciones hortofrutícolas, en 2016 para un área en producción aún mayor, 1.594.000 has, hay 172.000 titulares. Es decir, en 10 años mientras el sector ha perdido un 20% de activos, la superficie ha crecido un 9% y en más de 130.000 hectáreas.

La tormenta es perfecta y se basa en una crisis de rentabilidad, que dura ya muchos años en un sector que vive esencialmente del mercado y para el que unos precios dignos y remuneradores son la única salida viable.

A esto hay que sumar muchos elementos:

– Una PAC que deja fuera, sin derechos de ayuda, a los agricultores tradicionales de frutas y hortalizas, que han de competir de manera desigual con otros que llegan con “mochila” de otros cultivos, en ocasiones de bastante importancia.

– Una cadena alimentaria desequilibrada, que deja importantes márgenes en eslabones que no son el agricultor, que se ve presionado para sacar a cualquier precio sus perecederas producciones.

– Los eslabones favorecidos en esa dinámica (corredores, operadores, intermediarios, mayoristas, exportadoes, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor, y luego los  destinan a la propia producción para competir con los hortofruticultores tradicionales en una diabólica espiral.

– Un sistema de Organizaciones de Productores (OPFH) que ha posibilitado la creación de entidades ficticias para que el sector comercial acceda a ayudas públicas, y que estaban pensadas para que los agricultores avancen en la cadena.

– Una Ley de la Cadena con dificultades de aplicación en el sector, porque las citadas OP quedan al margen de la obligatoriedad de contratos escritos y por las dificultades de aplicación para el sector mayorista de los mercados centrales.

– Un sistema de acuerdos comerciales, que facilita la entrada de producto de terceros países producido en condiciones de dumping, frente a las más exigentes condiciones de producción del mundo, las que cumplimos con gusto en la Unión Europea.

Menos que celebrar                                  

Sí, felicitamos a los organizadores de Fruit Attraction por la relevancia que ha alcanzado esta feria en estos 10 años y el papel que representa para ofrecer una imagen y una salida a las producciones que cultivamos. Sin embargo, los profesionales del campo cada vez tenemos menos que celebrar.

Sin la labor de la producción y la empresa familiar el sector más relevante de la agricultura española se vendría abajo. Es necesario tenerlo presente. Aunque intenten cambiar esta máxima y busquen eliminarnos de la ecuación, vamos a continuar dando guerra. Queremos un sector hortofrutícola con agricultores y agricultoras

Es hora de que todos los agentes y operadores enseñen  la patita y se posicionen a este respecto, especialmente las Administraciones que bandean y no acaban de posicionarse en favor de un modelo familiar y profesional, aunque a la hora de las declaraciones públicas, muchas veces se llenan la boca de buenas palabras y muchos gestos.

Es necesaria una clara apuesta por un modelo de producción basado en una hortofruticultura con hortofruticultores, en una agricultura familiar de agricultores profesionales, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directamente en sus explotaciones y viven de su actividad.

Este modelo mayoritario en la Unión Europea, lleva unido a su labor esencial, la producción de alimentos para la sociedad, otros bienes por los que las explotaciones no reciben remuneración: medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales, paisajísticos, turísticos, etnográficos, etc.

Las Administraciones (estatal, regionales y locales) han de posicionarse claramente a favor de este modelo que se ve amenazado por las inversiones externas, el capital ajeno que busca sólo rendimientos económicos sin generar, entre otros, ni tejido social, ni mantenimiento de la población rural y del medio ambiente.

En un contexto de restricciones presupuestarias, y en pro de la defensa del citado modelo social y profesional de agricultura, los apoyos públicos han dirigirse únicamente a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales agrarias, evitando que caigan en manos de grandes empresas y agentes comerciales.

 

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