Gran pacto nacional del agua

Gran pacto nacional del agua

Es obligado un gran Pacto Nacional del Agua, con una Autoridad Nacional del Agua, que cambie el actual sistema de gobernanza del agua, que determine una gran inversión en obras hidráulicas y que establezca nítidamente cómo se debe actuar en una protección descentralizada contra inundaciones, como la actual.

Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.

 

Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.

Querido lector:

He escrito ya muchas veces que el cam­ bio climático acarreará grandes sequías e intensas lluvias irregulares. Estos dos últimos años ya las hemos sufrido ambas. Y también que, frente a ellas, si quere­ mos mantener la producción agraria o incrementarla para seguir conservando nuestra soberanía alimentaria y nuestras exportaciones tradicionales, será obliga­ torio practicar una gran política de riegos. Habrá que llevar el agua al clima, a zonas con clima favorable o zonas secas que no puedan sobrevivir sin agua. Eso significa más presas, más controles hidráulicos y no precisamente lo contrario, la destruc­ ción de aquellas sin razón alguna. Porque, lo he repetido mil veces, “la agricultura española del futuro será de riego o no será”. Y todo ello favorecerá una España no vaciada.

Y esta carta aparece, lógicamente, después de la terrible DANA de Valencia y sus dramáticas consecuencias. DANA que ha puesto de manifiesto los gran­ des errores cometidos durante los últimos años, comentados ya en mi carta anterior: no construcción de presas, por ej. Cheste, que estaban prevista y aprobadas, no limpieza del Barranco del Poyo –sería un “atentado ecológico”, asegura la ministra Ribera ante el Congreso– por una errónea ideología que ha antepuesto la vegeta­ ción en los cauces a la seguridad de las personas, no inversión por falta de pre­ supuesto y por llevar fondos a otras falsas prioridades, etc. DANA que, además, se agrava por un silencio de 2,5 horas de la Confederación del Júcar (CHJ) sobre la crecida del caudal de esa rambla en las horas clave, por olvidar que existen los te­ léfonos para que una alerta pueda y deba ser transmitida con urgencia y por tantas otras cuestiones que podríamos seguir comentando.

Numerosos errores y negligencias que nos han llevado a esta terrible situación con más de dos centenares de muertos y decenas de pueblos asolados que siguen limpiando barro y buscando fondos con los que reconstruir sus casas, sus comer­ cios, sus vidas… Acuamed ha señalado a la ministra Ribera como la responsable de evitar las riadas de Valencia, un juez abre causa penal contra la presidenta de Por JAIME LAMO DE ESPINOSA
la AEMET por las muertes de Valencia, la CHJ notificó que la presa de Forata tarda­ ría 13 horas en desbordar pero se llenó en 89 minutos, al tiempo se desembalsaba en Benageber sobre el Turia, etc.

Todo ello pone de manifiesto la nece­ sidad de una nueva política hidráulica que garantice, cualquiera que sea el partido gobernante, los abastecimientos activos de agua para consumo humano, industrial y agrario y que compense la irregularidad del tiempo, con embalses, y del espacio, con trasvases, de los ríos españoles. Pues nuestros ríos son irregulares, con agudísi­ mos estiajes y crecidas imprevistas.

Será pues necesario, obligado diría, en el futuro llevar a cabo fuertes inversio­ nes para garantizar el abastecimiento y la seguridad. Y como habrá cada vez más sequías y por tanto menos tierras produc­ tivas habrá que ir hacia más hectáreas regadas donde el clima lo aconseje. Hay que replantear, ya, nuestras infraestruc­ turas hidrológicas y nuestras políticas de gestión del agua. Por ejemplo, habrá que construir la presa de Cheste y dejar el ba­ rranco del Poyo libre de vegetación y obs­ táculos al agua, hasta el nuevo cauce del río Turia como estaba previsto por gobier­ nos autonómicos y nacionales anteriores. Porque en las próximas décadas, según el IPCC, tendremos cada vez mayores precipitaciones en muy cortos periodos de tiempo y por tanto mayores riesgos de grandes riadas.

Además, habrá que reforzar los sis­ temas de predicción de lluvias, los de alerta de emergencia para reducir daños urbanísticos y humanos. Y establecer nue­ vos protocolos de actuación preventiva. No vale con informar solo con mails que a lo mejor en fin de semana nadie lee. Y establecer una política urbanística que im­ pida la construcción en zonas inundables. Todo ello sin perjuicio de las políticas de inversión de plantas desalinizadoras de agua de mar.

Por todo ello, olvidemos el discurso que hace prevalecer ideológicamente las cañas, las lagartijas o los peces a la seguridad hídrica de los pueblos y las personas. Olvidemos, por favor, tales dis­ cursos y construyamos embalses, sí, no los destruyamos. Y aseguremos así nues­ tras poblaciones y nuestra agricultura de riego. Lo contrario, ya lo hemos visto estos últimos seis años de gobernanza con una hiperregulación ambiental exagerada. Como ha escrito con acierto Sergi Doria en ABC (20.11), hemos sido “inundados por la ideología”. Y por los silencios, como el que siguió al desembalse de 7.000 mi­ llones de litros desde Forata que desbordó el Magro. Presa que, como aseguran los expertos, es una estructura de hormigón clásica que resiste por gravedad al vuelco y al deslizamiento. Ese tipo de presas arco gravedad es capaz de soportar cuando la cerrada es rocosa, como en este caso. No había necesidad de desembalsar.

En el año 2021, Alemania sufrió una fuerte inundación con 150 muertos y ello provocó una comisión de investigación y la dimisión de una ministra. Se vio que había que dar espacio al agua, a las riadas. Y se apostó por medidas preventivas e inverso­ ras. Copiemos ese ejemplo.

Por todo ello tiene razón Javier Sáenz de Cosculluela, exministro de Obras Públicas bajo el gobierno de Felipe Gon­zález, cuando afirmaba hace días, “es prioritario recuperar la política hidráulica que se abandonó hace años”. Sí, lo es, pero yendo más lejos aún dado lo vivido. Aquí, para proyectar y realizar lo necesario es obligado un gran Pacto Nacional del Agua, con una Autoridad Nacional del Agua, que cambie el actual sistema de gobernanza del agua, que determine una gran inversión en obras hidráulicas –pre­ sas, canales, azudes, etc–, que asegure su realización y que, al tiempo, se esta­ blezca nítidamente cómo se debe actuar en una protección descentralizada contra inundaciones, como la actual.Y que garan­ tice que no aparecerán obstáculos futuros de índole partidista o territorial, porque las aguas no son de los territorios son un bien del común, de todos.

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