En las tres intervenciones de Isabel García Tejerina, ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, ante la Comisión del Senado y ante la Comisión para el estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la ministra expuso un conjunto de medidas de extraordinaria importancia que atañen a la agricultura, a la industria alimentaria, al medio rural, al sector marítimo-pesquero, al medio ambiente, al cambio climático y al agua y las infraestructuras hidráulicas.
Importantes intervenciones de la ministra en el Congreso y en el Senado. Por Jaime Lamo de Espinosa
Por Jaime Lamo de Espinosa. Director de Vida Rural.
Querido lector:
Hemos empezado un nuevo año, 2017, y aunque habría muchos hechos interiores y exteriores a comentar (nueva legislatura sin mayorías en España, la cuestión catalana, las incógnitas sobre Trump, la debilidad de la Unión Europea, la influencia del Brexit, los cambios en la geoestrategia de EE.UU, Rusia, China, etc.) me limitaré a destacar aquello que más nos afecta: las tres importantes intervenciones de la ministra, Isabel García Tejerina, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, (21 diciembre), ante la Comisión del Senado (28 diciembre) y ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados (18 de enero de este año).
Las del Congreso y el Senado coincidieron en su contenido, no podía ser de otra manera. Y ninguna fue una intervención al uso, no hubo una exposición liviana y de escaso compromiso, como suele ser frecuente.
La ministra templó y mandó, y ello quedó demostrado al ser capaz de exponer un conjunto de 66 medidas de extraordinaria importancia que atañen a la agricultura, a la industria alimentaria, al medio rural, al sector marítimo-pesquero, al medio ambiente, al cambio climático y al agua y las infraestructuras hidráulicas. (Por cierto es una pena que el Ministerio de Agricultura que acaba de cambiar su nombre no haya incorporado la expresión “agua” en su denominación y que las propias Comisiones del Congreso y del Senado donde se desarrollaron estos debates no cambien su nombre por el de Agricultura, Pesca, Alimentación, Aguas y Medio Ambiente. Por si vale para algo ahí queda la sugerencia).
Déjenme que comience recordando que la ministra hizo hincapié en unos indicadores que avalan la posición que ha alcanzado el sector en España. Entre septiembre 2015 y agosto 2016 el sector exportó 45.500 millones de euros; hace años representaba el 8% del PIB, hoy es ya el 10%; la renta agraria se ha incrementado en un 5,1% en 2016 superando la parte agraria los 25.255 M€, y, en resumen, “hoy el sector agroalimentario crea más riqueza en el medio rural y es cada vez más competitivo en los mercados internacionales”. También recordó lo logrado en la PAC, la aprobación de la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, y la Ley 13/2013 de Integración Cooperativa.
Tras estos datos pasemos a señalar los puntos de mayor interés contenidos en su programa. Un programa que pocas veces escuchamos de los ministros en el Parlamento pero que es un compromiso de actuación digno de ser estudiado y valorado.
En materia “estrictamente agraria” destacaré tres aspectos. Primero, la creación de una Conferencia para tratar sobre la futura revisión de la PAC, es decir, para definir la posición española ante ese gran reto. Algunos dirán que es prematura, pero pienso, al contrario, que el tema es de tal envergadura y requiere armonizar tantos intereses sectoriales e interterritoriales que bien vale la pena comenzar pronto.
El segundo punto de importancia, a mi juicio, afecta a la política de seguros agrarios. Mi pasión por este tema es fácilmente comprensible por haberse aprobado bajo mi mandato la ley actualmente vigente. La ministra se propone no solo mantener y mejorar el sistema, sino, y esto es muy importante, estudiar una posible línea que permita cubrir la pérdida de ingresos. De llevarse a cabo sería un salto cualitativo importantísimo, no exento de dificultades, pero que posicionaría la política de seguros agrarios española al frente de la de cualquier país del mundo. Y tercero, potenciar las explotaciones agrarias para hacerlas más competitivas, orientadas al mercado, con nuevas tecnologías y fomentando la agricultura ecológica, lo que es elogiable.
En el plano agroalimentario, las propuestas pasaron por un plan estratégico del sector, el refuerzo de la posición de los productores en la cadena alimentaria –tema éste de vital importancia–, favorecer la integración de la oferta, y definir un nuevo marco estratégico del cooperativismo, así como un protocolo para resolver las incidencias en la cadena alimentaria, sumando a ello el programa para la excelencia de la cadena.
En el ámbito del medio rural y de la potenciación de sus actividades son de destacar las medidas de prevención y lucha contra los incendios forestales y la defensa de la caza, de la actividad cinegética, como algo relevante para diversificar, ampliar y mejorar las rentas del medio rural. La caza no es una práctica antiecológica.
Todo el mundo sabe que, aunque parezca una contradicción, ayuda a conservar las especies y desde luego genera una actividad económica muy notable para los núcleos donde dicha práctica es habitual. No hay más que escuchar a los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha para comprenderlo, pues las cifras macro que allí se manejan son de gran envergadura y dan vida a multitud de municipios y aldeas rurales.
Excluyendo de los comentarios la parte referente al sector marítimo-pesquero –que fueron ampliamente tratados y con gran profundidad–, procede comentar las medidas propuestas respecto al “cambio climático y la transición energética”, así como sobre los temas de aguas. Que el cambio climático lo tenemos aquí y nos afecta de modo singular es un hecho.
Solo el presidente Trump parece no creer en él. Pero la cumbre de París (COP21) y sus reuniones posteriores (COP22- Marrakech 2017) muestran hasta qué punto se hace necesario reducir los gases de efecto invernadero (GEI) y trabajar a favor de una agricultura climáticamente inteligente. La ministra afirmó que “hoy España es un país que cumple” enumerando seguidamente los protocolos a los que estamos obligados y que se van cumpliendo progresivamente.
Es cierto que dado que la producción vegetal es menos emisora de GEI que la producción animal y que aquella requiere consumos de agua virtual menores que la ganadera, ello está impulsando un creciente vegetarianismo o veganismo que crece día a día, no basado en la piedad animal, sino en estos otros factores que se vienen observando. Pero, con independencia de ello, la lucha contra el cambio climático desde la agricultura es una necesidad.
No olvidemos que la fotosíntesis convierte al sector, muy especialmente al arbóreo y forestal, en un enorme sumidero de CO2 y de aquí que repita hoy lo que ya he dicho muchas veces: si se acepta el principio de que “el que contamina paga” debería aceptarse también que el que mitiga o descontamina debería cobrar cantidades equivalentes.
Finalmente en el núcleo de las intervenciones relativas al agua, y tras destacar el enorme esfuerzo realizado en materia de planificación hidrológica y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, encontramos una referida a la estrategia nacional del regadío y cinco complementarias de gran interés en materia de aguas.
Se propone la modernización de regadíos, es decir, continuar en el proceso que nos está llevando a reducir los consumos por hectárea y per cápita en un mundo donde cada vez los m3/ha y m3/cap se van reduciendo año tras año. España hoy es el primer país de Europa en superficie regada y el noveno del mundo. También ha propuesto la ministra la conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.
Pero quizás la propuesta estrella de toda la intervención ante la Comisión sea la de lograr un gran Pacto Nacional del Agua, mediante un proceso político “inclusivo y participativo”, por tanto basado en el consenso de las comunidades autónomas y los usuarios, que permita extraer esta cuestión del debate político durante varias legislaturas. Bien sabe Dios que muchos investigadores y profesores hemos venido pidiendo esto desde hace años, podría citar a los profesores Llamas, Tamames, Garrido o yo mismo.
Es una auténtica necesidad nacional que debe construirse alejada de los egoísmos territoriales y comprendiendo que el agua es un bien de dominio público y vital, entendiendo que, si existen cuencas hidrográficas excedentarias y otras sedientas, tal vez haya que establecer la interconexión de cuencas para los momentos de emergencia.
Es una cuestión bien compleja y difícil pero merecía que alguien la pusiera sobre la mesa y tratara de avanzar sobre ella. Bienvenida sea la propuesta.
Un cordial saludo.
