Se estima que solo en daños agrícolas la “huerta de Europa” ha sufrido quebrantos por un importe situado entre los 200 y los 300 millones de euros. Cítricos, hortalizas, uva de mesa, de vinificación, almendros, flores, invernaderos, ganado, todo ha sido arrasado. Es la ruina de la Vega Baja y el Alto Vinalopó.
La DANA de la Vega Baja, un fenómeno para el que no está preparada ninguna cuenca. Por Jaime Lamo de Espinosa
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
Lo ocurrido en las semanas centrales de este mes de septiembre en la Vega Baja de la Comunidad Valenciana y en Murcia es un hecho tan insólito y sus datos y cifras tan asombrosas, en todos los órdenes, que bien merecen una reflexión sobre sus causas, sus efectos y sobre las medidas que habrá que adoptar para que no vuelvan a producirse, al menos con esa intensidad. Y además es una paradoja que en un país que sufre estrés hídrico permanente, y más acentuado aún en la región señalada, se produzca un fenómeno meteorológico de estas características.
Todos sabemos ya que la causa ha sido la llamada DANA, una especie de gota fría atípica desconocida, acompañada de elevadas temperaturas del mar, alta concentración de vapor de agua y viento húmedo. Este fenómeno de la naturaleza desencadenó en pocas horas unas tormentas y trombas de agua altamente destructivas.
Aemet nos dice que la tromba arrojó casi la lluvia de todo un año en pocas horas, 521 l/m2, cuando lo normal en el año en esa zona está alrededor de los 300 l/m2, de los que casi 190 l/m2 cayeron sobre Orihuela en menos de dos horas y eso sumó 300 l/m2, dato este jamás registrado en la historia de la ciudad y un 40% superior, según Aemet, a lo ocurrido en 1987 (aunque menor que la gran riada de Santa Teresa el 15 de octubre de 1879 donde hubo más de 1.000 muertos) que es el peor año registrado hasta ahora en los últimos dos siglos. Se estima que el Segura, siempre ávido de agua, ha vertido al mar entre 50 y 60 hm3 de agua y no ha sido más por el positivo efecto de laminación de la avenida del embalse de Santomera. (Terminada esta carta aparecen nuevos daños en otras zonas como el sur de Madrid, otra vez Arganda, Gerona-Costa Brava, etc.)
Los daños no han podido ser más destructivos. En el plano humano siete persona han fallecido arrastradas por el agua pero hay más de 10.000 damnificados que han visto cómo las aguas anegaban casas, corrales, cobertizos, almacenes, tiendas, bares, etc., destrozando tractores, remolques, automóviles, camiones, mobiliario doméstico e incluso las propias casas, cosechas agrícolas, etc., etc. Una auténtica catástrofe.
Las imágenes de TV, en las que se podían apreciar enormes y extensas superficies anegadas de agua, llenas de lodos que cubrían campos y cosechas, incluso de árboles como los cítricos, mostraban la gravedad agraria de la tragedia. Los campos de cultivo eran grandes lagunas de lodazal. Se estima que solo en daños agrícolas la “huerta de Europa” –sur de Alicante y zonas de Murcia y Almería– ha sufrido quebrantos por un importe situado entre los 200 y los 300 millones de euros. Cítricos, hortalizas (alcachofas, patata, batata, brócoli, zanahorias, etc.), uva de mesa, de vinificación, almendros, flores, invernaderos, ganado, todo ha sido arrasado. Es la ruina de la Vega Baja y el Alto Vinalopó. Como ha dicho con toda razón el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, “el sector agroalimentario ha quedado absolutamente arruinado” añadiendo lo que esto entraña en pérdidas de empleos en meses venideros.
El Gobierno se movilizó desde el inicio y sumó a los equipos de bomberos propios de cada ciudad y comunidad tropas de la UME, La Legión, diversas unidades del ejército, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, etc., etc. y otras hasta llevar allí más de 2.000 refuerzos que han trabajado sin descanso y por eso han sido despedidos por la población entre aplausos. También se ha apresurado a declarar el área afectada como zona catastrófica y ha acordado destinar 774 millones de euros para tales zonas. Y, además, muchos vecinos cobrarán sus seguros sea vía compañía aseguradora o vía Consorcio de Compensación de Seguros, pero eso para quienes estuvieran asegurados y me temo que muchos no lo estén, desgraciadamente para ellos.
A partir de ahora comenzarán a examinarse las culpas por negligencia o inacción de unas y otras administraciones públicas poniendo injustamente el acento en la Confederación Hidrográfica del Segura. Muchos querrán ver en una falta de limpieza de los cauces la causa de esta tragedia. Creo que se equivocarán quienes vayan por ese camino. La causa directa ha sido una precipitación extrema que sin embargo es recurrente en esa zona. De hecho, la CHS tiene una recopilación histórica de inundaciones y precipitaciones extremas en esa cuenca desde el siglo XIII hasta nuestros días donde se recogen numerosos episodios de riadas y se señalan los daños ocasionados. Algunos ya se han mencionado.
Pero para trombas de agua como esta nunca está preparada esta cuenca ni ninguna otra, aquí o en el resto del mundo, véase lo ocurrido recientemente en el Caribe y EE.UU. Además la limpieza de cauces, según dice la CHS, corresponde a ayuntamientos y autonomías. Pero el problema mayor deriva seguramente de las innumerables construcciones autorizadas en los últimos cien años bordeando ríos y cauces y ahogando por los laterales las vías de salida. Son comunes en toda España las rieras, torrenteras y barrancos que han sido ocupados por caminos, carreteras, parkings, campings, viviendas, etc., y que ahora han actuado de embudo para la salida de las aguas.
No olvidemos que la longitud de los cauces de dominio público hidráulico en nuestro país tiene una gran magnitud, cercana a los 500.000 kms. A modo de ejemplo, considerando solo los ríos hasta de tercer orden se estima en 65.559 km de longitud. Estos datos, que deben considerarse con las dos márgenes de cada cauce, contrasta con la longitud de 7.880 km de nuestras costas marítimas.
La extraordinaria dimensión de la zona demanial hace inviable su completa delimitación en unos plazos razonables, por lo que la actividad de los Organismos de cuenca se centra en tramitar las actuaciones solicitadas por los interesados en áreas de especial conflictividad. Y algunos tramos de río se encuentran sometidos a presiones externas de todo tipo que pueden condicionar el dominio público hidráulico, existiendo el riesgo de invasión, degradación, usurpación o inadecuada utilización.
La invasión del dominio público hidráulico supone la introducción de presiones dentro del mismo, tales como: zonas de inestabilidad de márgenes del cauce; meandro, erosión, aterramiento; propiedades colindantes con el cauce, que cierran dentro del mismo su propiedad; intrusión de urbanizaciones, edificios e industrias; explotación incontrolada de graveras; granjas, urbanizaciones e industrias, que vierten efluentes al cauce o talas de bosque de ribera.
En el año 1993 se puso en marcha el denominado Proyecto Linde, que se configuró como un plan de actuación estructurado, que permitía corregir a medio plazo situaciones de presión externa de cualquier tipo, actual o potencial, sobre el dominio público hidráulico. Era objetivo del Proyecto Linde delimitar y deslindar físicamente, cuando procediera, las zonas del dominio público hidráulico presionadas por intereses de cualquier tipo, que corren riesgo cierto de ser usurpadas, explotadas abusivamente o degradadas por falta de una respuesta contundente y reglamentada de la Administración. Una vez transcurridos más de dos décadas desde la puesta en marcha del Proyecto Linde, y en base a lo ocurrido y a la urgente necesidad de proteger los ecosistemas fluviales de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, debe impulsarse la delimitación del dominio público hidráulico y la determinación de las zonas inundables, basándose en la experiencia acumulada y en las nuevas tecnologías en el marco del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Y, finalmente, todo este fenómeno hay que enmarcarlo en el “cambio climático”, pues no es un tema ajeno. Tan grave es esta cuestión que el Gobierno de Merkel acaba de aprobar una inversión en Alemania de 100.000 millones de euros hasta el año 2030 para esta finalidad. Y por ello, el nuevo Gobierno que nazca del 10N, cualquiera que sea su signo político, y también el nuevo Gobierno de la UE que se está formando, deberían abordar esta cuestión con nuevas iniciativas, nuevos paradigmas, que partan de nuevas formas de pensar sobre los cauces, los ríos, las aguas, y las infraestructuras hidráulicas necesarias –ojalá hubiera habido más embalses laminadores de avenidas como el de Santomera– y sin olvidar que los regadíos son la salvación de nuestros municipios. Allí donde hay agua y riego no hay España vacía.
Un cordial saludo
