Necesitamos una inversión pública hidráulica que sea igual o superior a la que habitualmente se aplica a infraestructuras terrestres. Y esto sería absolutamente nuevo, solo comparable a lo ocurrido durante un escaso tiempo a finales del siglo XIX, al amparo de la presión y las teorías de Joaquín Costa.
La necesidad de replantearnos la política hidráulica.Por Jaime Lamo de Espinosa
Por JAIME LAMO DE ESPINOSA, director de Vida Rural.
Querido lector:
Es imposible, aunque ya lo haya hecho con anterioridad, que no me refiera al agua y a la sequía que nos asola. Los que ya tenemos larga vida y experiencia, no habíamos visto algo semejante. Y creo que no habíamos llegado a estas fechas de noviembre con temperaturas tan altas y falta de lluvias tan acentuada como la que estamos sufriendo. De no cambiar las cosas rápidamente vamos a tener problemas agudos en muy breve tiempo.
Como afirmé hace pocos días ante la Confederación Nacional de la Construcción hablando sobre este tema del agua, los «paradigmas del agua» deben ser radicalmente cambiados porque estamos ante una situación excepcionalmente nueva, «estamos ante un cambio de época y no ante una época de cambios». Eso significa que abordar los problemas del agua según el modo al que estamos acostumbrados constituye un grave error en los momentos presentes.
El cambio climático está agravando toda esta situación y sobre ello nos han advertido seriamente con palabras de extremada dureza la cumbre climática de París de hace dos años, la FAO, y el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Ha nacido una nueva visión antropogénica del mundo del agua. Y nosotros debemos ser conscientes de que estamos en ello y nuestro enfoque no puede ser el antiguo.
También a nosotros nos pasan cosas trascendentes: nuestras reservas hidráulicas hoy son el 36% de nuestra capacidad de embalse. Entrepeñas y Buendía no llegan al 10% de dicha capacidad, solo 241 hm3. El año hidráulico 2016/17 es el octavo de menores precipitaciones desde 1981. La sequía ha provocado una indemnización por seguros agrarios de más de 200 M€, la máxima en la historia del seguro agrario. Es decir, tenemos una doble sequía meteorológica e hidráulica nunca conocidas, y lo que es peor, se están dando ambas conjuntamente.
He expuesto lo anterior, porque tiene todo que ver con el programa de inversiones necesario que España debe abordar en esta materia. Necesitamos contar, para resolver buena parte de los problemas apuntados, con una inversión pública que vaya mucho más allá de lo conocido hasta ahora. Lo anticiparé: necesitamos una inversión pública hidráulica que sea igual o superior a la que habitualmente se aplica a infraestructuras terrestres. Y esto sería absolutamente nuevo, solo comparable a lo ocurrido durante un escaso tiempo a finales del siglo XIX, al amparo de la presión y las teorías de Joaquín Costa.
El cambio climático ha alterado la crecidas de nuestros ríos y una gran parte de los pueblos españoles, más de la mitad, están hoy sin agua potable. Esto no ocurría desde hace décadas. Así pues, las necesidades son nuevas y más urgentes y en ellas nos jugamos la salud frente a la enfermedad y la vida frente a la muerte.
Haré una breve referencia a esas nuevas necesidades. Necesitamos más reservas de agua, más presas. Cuando murió Joaquín Costa había 80 grandes presas. Hoy hay más de 1.200 y embalsan 56.000 hm3, la mitad de la captación anual de agua. Un 70% se destina a riego y atienden ya más de 3,5 millones de hectáreas, siendo el segundo país del mundo en riego modernizado.
Pero hay que decir que hacen falta más presas y las necesitamos por razones de cambio climático, para asegurar los abastecimientos agrícolas y de modo muy especial, de acuerdo con la Ley de Aguas prioritariamente, a los abastecimientos urbanos. Aunque el tema de las presas y los riegos sea difícil en el ámbito de la Comisión Europea.
Y necesitamos un programa de interconexión de cuencas hidráulicas, un programa transversal norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este. Un programa de inversión para tres o cuatro legislaturas. Y un programa interterritorial, a favor de todos, no a costa de unos, a incorporar al Pacto del Agua. Todos pueden ser recipiendarios y todos pueden ser donantes. Es un sistema igualitario y equilibrado. Caro, sí, pero necesario.
Y no olvidemos que España solo invierte en infraestructuras del agua el 0,11% de su PIB, mientras que Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, que no sufren tanto que la aridez y el estrés hídrico como España, duplican ese porcentaje con un 0,25% de su PIB.
En 2006 las Administraciones Públicas licitaron cerca de 47.000 millones de euros en obra civil, de ellos el 24,6% en Fomento y el 5,6% en Mapama. Pero la inversión en obra pública durante la crisis se ha reducido un 77% siendo el Mapama el más afectado por tal reducción: ha caído un 94,4%, a sólo 135 millones de euros.
Hoy todo debe ser diferente. El nivel de diferencia entre un AVE a 300 o a 250 km/h es casi nulo, pero el de un grifo en un hogar con o sin agua es infinito. Y el saneamiento y la depuración son una prioridad. Hoy en España las redes públicas de abastecimiento urbano suministran 4.324 hm3 de agua pero donde existen unas pérdidas reales de 678 hm3, es decir el 15,7%.
La gestión de este ciclo integral del agua, sea por empresas privadas sea por empresas públicas, debe ser corregida para asegurar el control último del agua. Y en materia de riego se podrán ampliar las superficies regadas si se prosigue reduciendo los consumos por hectárea mediante los riegos modernizados. Los menores consumos de unos compensarán a los otros.
Para ello es necesario un gran programa de inversión pública en obras hidráulicas en todo el Ciclo Integral del Agua, de cuantía igual, al menos, a la inversión consagrada a infraestructuras terrestres. Más del 50% de todas nuestras aguas están en mal estado y el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado –en su sentencia de 24 de octubre de 2013– que la trasposición ha sido incompleta o parcial respecto de ciertas cuencas intracomunitarias del reino de España. Actualmente hay varios procesos sancionadores abiertos por incumplimiento. Pero también Francia y el Reino Unido se enfrentan a acusaciones similares.
Y no olvidemos que tenemos que cumplir la DMA. El programa actualmente existente, según Fidex, exige cerca de 20.000 millones de euros y es insuficiente; se requieren alrededor de 5.000 millones de euros más para depuración de agua. Bruselas nos obliga a corregir estos desequilibrios antes de 2027. Y tienen razón. Invertimos solo unos 6 euros por ciudadano y debemos llegar a los 12.
Acaso todo lo expuesto ¿no debería obligarnos a replantearnos, como en todo lo demás, la política hidráulica? Sostengo, y creo que hay argumentos suficientes para ello, que los ratios de inversión deben cambiarse y que es el Mapama quien debería invertir más, quien debería asumir la cifra mayor de la inversión pública, tanto si es presupuestaria como si es público-privada.
Las necesidades de agua en cualquier lugar de una España moderna deben tener absoluta preferencia sobre cualquier otro factor, sin ninguna duda. Y ello exige, trae, consecuencias inevitables: invertir más para asegurar que esa necesidad se atienda como merece la quinta potencia del mundo. Y para afrontar sequías futuras sin la inquietud y el temor con qué vemos la presente.
Un cordial saludo
