Manuel Lamela. Abogado. Socio director de Acountax Agro
La nueva PAC: un reto para el sector bajo la sombra de una importante incertidumbre regulatoria. Por Manuel Lamela
Hace escasos días hemos conocido, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, que es intención del Gobierno presentar el proyecto de Ley para aplicar en España la nueva Política Agrícola Común (PAC) antes de que finalice el actual periodo de sesiones parlamentaria, en el mes de junio. Se trata de un proyecto legislativo crucial para el sector, dado que supone poner en marcha lo que se ha venido a denominar la “nueva arquitectura jurídica” de la PAC, y que los Estados miembros de la UE deberán aplicar entre 2023 y 2027.
Esta futura Ley, junto con la tramitación de dieciocho reales decretos que se prevé aprobar antes de que finalice el año, hace que el sector afronte, con motivo, un periodo de notable incertidumbre sobre las implicaciones jurídicas que tendrá el ejercicio profesional agrario a partir del 1 de enero de 2023.
La seguridad jurídica es fundamental para poder llevar a cabo la actividad por parte de los productores con plenas garantías, pero, considerando que la reforma de la PAC implica numerosos cambios, sobre todo en el modo de entender la gestión de la propia actividad agraria, es indudable que se avecina un periodo donde contar con el apoyo experto es una premisa fundamental, como el que podemos brindar a través de Acountax Agro.
Ya tenemos algunos antecedentes de por dónde van a ir los tiros, en cuanto a algunas normas que entrarán próximamente en vigor, dado que en abril se llevó a cabo el periodo de consulta pública de seis reales decretos que permitirán aplicar la modificación de la PAC. El primero de ellos versa sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y para el desarrollo rural en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. El segundo Real Decreto regulará la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC y de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía Agraria (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El tercero de los decretos versa sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común y el cuarto se centra en la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
Finalmente, el quinto Real Decreto regulará la gestión y controles de las intervenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y el sexto de los decretos sometidos a consulta trata las penalizaciones por posibles incumplimientos de las condiciones que dan acceso a las ayudas.
Adicionalmente, el Ministerio ha llevado a cabo en mayo el procedimiento de consulta pública de otros tres reales decretos, en este caso de carácter sectorial, relativos a la intervención el sector vitivinícola, en el sector de frutas y hortalizas, y en el sector apícola.
Paralelamente, también cabe recordar que el Ministerio de Agricultura ya remitió en abril a la Comisión Europea sus observaciones de cara a la formulación de la versión final del plan para la aplicación la PAC en España. Sabemos que es intención del Gobierno que el Plan Estratégico refleje con precisión la integración de las medidas relativas a las ayudas directas (primer pilar) con las propuestas de intervención de desarrollo rural (segundo pilar) en las distintas comunidades autónomas, así como las actuaciones financiadas con los fondos europeos Next Generation.
Por su parte, las organizaciones agrarias han trasladado durante los últimos meses que la futura normativa genera dudas y temores al sector, especialmente en lo referente al nuevo sistema de información de explotaciones agrícolas, el proceso de digitalización que conllevará, así como en relación a la confidencialidad de datos y al uso que la Administración pueda hacer de ellos, aspectos muy sensibles desde un punto de vista jurídico.
Además, no debemos olvidar tampoco algunas voces que sugieren una demora en la entrada en vigor de la nueva PAC. Lo cierto es que la Comisión de Agricultura de la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que examine posibles excepciones temporales a la PAC para combatir la crisis agroalimentaria derivada por el conflicto bélico en Ucrania.
En definitiva, el panorama es un auténtico reto para el sector. Estas noticias no hacen más que sembrar nuevas dudas y motivos de incertidumbre. Nosotros, en nuestro papel de apoyo a los productores, estaremos atentos para seguir asesorando lo más eficazmente posible al sector, a través de la nueva plataforma que hemos creado bajo la marca Acountax Agro, con objeto de poder dilucidar claramente cuándo y cómo será la implementación final de la PAC.
