«Las reivindicaciones agrarias: entre el deseo y la realidad». Por Eduardo Moyano Estrada.

Las movilizaciones de estos días expresan el malestar del sector agrario, pero también plantean un conjunto de demandas, propiciando la apertura de una mesa de negociación con el Ministerio de Agricultura (MAPA).

Eduardo Moyano Estrada (IESA-CSIC)

Fijar unos precios justos y limitar el dominio de las grandes empresas de distribución, son dos de las principales. A ellas se les une la de controlar la entrada de productos agrarios procedentes del exterior y frenar los costes de los insumos y de la mano de obra. En este artículo analizaré las dos primeras por ser las de mayor relevancia y haré alguna referencia a las otras.

Fijar “precios justos”

Es difícil no mostrarse de acuerdo con la fijación de un nivel mínimo de precios, que garantice a los agricultores cubrir costes, remunerar su actividad y obtener un beneficio que haga rentables sus explotaciones. Pero el tema es más complicado de lo que parece.

Y es complicado porque los costes varían mucho de unos sectores productivos a otros, y también dentro del mismo sector según el tamaño y el modelo de gestión de las explotaciones. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el sector del olivar. No es lo mismo el coste en el olivar tradicional que en las explotaciones súper intensivas, e incluso dentro del tradicional los costes varían entre las pequeñas y medianas explotaciones y las empresas de gran superficie. Tampoco es igual en olivares de secano que en regadío. Todo ello complica definir en la práctica lo que es un precio “justo», a lo que habría que añadir también que hay agricultores que reciben pagos directos de la PAC y otros que no.

Pero es que, además, fijar precios mínimos no es jurídicamente posible en el marco de libre competencia en el que se mueve la economía europea, como se ha demostrado en Francia con la imposibilidad del gobierno Macron de sacar adelante su iniciativa sobre este asunto.

Hubo épocas en que eso era factible, como cuando la PAC aplicaba un sistema de precios de garantía y autorizaba a que los organismos públicos de intervención compraran la producción si el precio de mercado se situaba por debajo de un determinado umbral de referencia. Eso ocurría cuando la agricultura estaba exenta de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero no es posible ahora. Estamos en otro contexto y, mientras no cambie, a tenemos que adaptarnos al mismo.

Limitar el poder de la industria y la gran distribución

Otra demanda de los agricultores es limitar la posición dominante de las industrias de transformación y de la gran distribución comercial. Se les acusa de imponer precios a la baja y, en el caso de las grandes grupos de distribución (Mercadona, Carrefour, Lidl…), de llevar a cabo estrategias de «venta a pérdidas» que banalizan el valor de los productos.

Esas críticas son comprensibles, pero parciales, ya que sólo se centran en una parte de la cadena alimentaria y exoneran al sector agrario de la responsabilidad que, sin duda, también tiene.

Es evidente en los productos para consumo en fresco la influencia de las estrategias de las grandes cadenas de distribución en los bajos precios en origen que reciben los agricultores (a lo que habría que poner freno, apelando a la responsabilidad social de las empresas de la gran distribución, como se está haciendo con la limitación del uso de plásticos).

Pero en el precio de los productos destinados a la transformación, incide también la estrategia de las industrias. En ambos casos, se aprovechan de la atomización del sector productor y de su ineficiente vertebración para lograr el máximo beneficio, cosa por otra parte lógica en una economía de mercado.

Y es que la atomización del sector productor es uno de los problemas que no puede ignorarse en este conflicto. Es un hecho, por ejemplo, que un cooperativismo tan disperso y atomizado, como el que existe en sectores estratégicos (con casi 4.000 cooperativas), no cumple de forma adecuada con su función de concentrar la oferta y, por tanto, de aumentar la capacidad de negociación de los productores ante los intermediarios.

Tampoco las estructuras interprofesionales cumplen, salvo honrosas excepciones, las funciones de vertebración para las que han sido creadas. Y todo ello debilita al sector productor y hace que el sistema de contratos agrarios, que tan buenos resultados está dando en otros países, sea muy poco eficiente en el nuestro.

De este modo, los productores desaprovechan en muchos sectores los instrumentos que tienen a su alcance para fortalecer su posición y así contrarrestar el dominio inevitable de la industria y de la gran distribución.

Además de mejorar su vertebración, los productores disponen de otras fórmulas que sólo los más innovadores están aplicando. Me refiero a las fórmulas de venta directa, mediante circuitos cortos de comercialización, bien con mercados locales de proximidad o usando las ventajas que proporciona el comercio online por Internet, apostando, además, por la calidad.

En definitiva, centrar las reivindicaciones en demandas imposibles, como fijar precios mínimos y limitar el poder de la industria y de la gran distribución, me parece un desgaste de energía sindical que acabará frustrando las expectativas de los agricultores.

El sentido de la concertación

Pero, aun así, hay muchas otras cuestiones que pueden ser abordadas en concertación con el MAPA. Entre ellas cabe mencionar la mejora de la cadena alimentaria para hacerla más transparente, el incremento de la financiación de los seguros agrarios para afrontar los cada vez más graves riesgos climáticos o el control efectivo de las cuotas de entrada de productos de países terceros para que se cumplan realmente lo establecido en los acuerdos comerciales.

Pero también cabe citar la vertebración del sector productor, impulsando la integración cooperativa, el apoyo a los circuitos cortos de comercializacióny los mercados locales, o el desarrollo de campañas de promoción que, como se hace en otros países, impliquen a los consumidores en la defensa de la producción interna.

Se pueden abordar también temas como la digitalización, el incremento de los costes de los insumos o cómo está afectando el aumento del SMI en el coste de la mano de obra.

Y todo ello en el marco de la aplicación de la nueva PAC, que deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros a través de los planes estratégicos nacionales.

Es, por tanto, una agenda muy significativa de temas que, sin duda, puede llenar de contenido la concertación con los poderes públicos. Por eso, la apertura de una mesa de negociación entre las OPAs y el MAPA es un buen logro de las movilizaciones agrarias. Y es ahí, en el marco de la concertación, donde procede canalizar el malestar de los agricultores y plantear iniciativas para encontrar vías de solución a sus problemas.

Continuar sin límite las movilizaciones tiene el posible riesgo de terminar dividiendo al sector agrario y hacerle perder la legitimidad y el cariño que, con la protesta de estos días, parece haber conseguido en el conjunto de la sociedad.

Además, como han podido comprobar las propias OPAs, existe un riesgo evidente de que las protestas agrarias decaigan en el populismo y en la demagogia y sean utilizadas, como ya se ha empezado a ver, por ciertos partidos políticos, e incluso por grupos antisistema, si se escapa del control de sus convocantes.

Foto: ASAJA Salamanca.