Los agricultores protestan con su voto contra sus gobiernos. Por Jaime Lamo de Espinosa
Respecto a la “restauración de la naturaleza” los agricultores y sus organizaciones profesionales se preguntan cómo se van a financiar las acciones que deben desarrollarse para esta transición. No existe previsión y hay un fundado temor de que se reduzcan los fondos propios de la PAC desviándolos en favor de estas nuevas finalidades medioambientales no deseadas.
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
Hoy debemos escribir sobre elecciones y voto rural. Hace muy poco que se celebraron las elecciones de eurodiputados y ya los representantes de los distintos Estados miembros han acordado los principales cargos de la Comisión y el Consejo. Ursula Von der Leyen continuará como presidenta. Tras esa elección se han celebrado las elecciones legislativas en Francia donde ha ganado claramente Le Pen en primera vuelta, pero no así en segunda. Le Pen, por cierto, fue muy apoyada por el voto rural que ha ido en su favor y en contra de la fuerza ecologista y de Macron. Y tras estas, las elecciones británicas han cambiado el signo tory de los gobiernos anteriores.
Francia es un país con un claro dominio rural. Estudiando el voto vemos –ver Tomás García Azcarate, AgroNegocios, Análisis del voto rural en Francia–, cómo las zonas de herbáceos y vitícolas han votado en primera y segunda vuelta a la extrema derecha; en cambio Bretaña y Normandía, más ganaderas, lo han hecho en favor de la derecha. Vasscogne es un ejemplo claro, una pequeñísima comuna rural de solo 90 habitantes en el noreste de Francia cuyos electores han pasado de la izquierda socialista y ecologista a votar por la extrema derecha. La sociología electoral constata que el voto por la extrema derecha en Francia proviene mayoritariamente de zonas rurales donde no hay inmigrantes. El comportamiento electoral de los vasscognenses es buena muestra de la Francia profunda, donde dicen que es “un pueblo galo que resiste”. Se quiere volver al orden, a la seguridad y a una política agraria que haga rentables los campos de Francia. Ellos creen estar “olvidados y abandonados” por los políticos y las autoridades.
También en Reino Unido el voto ha dado un vuelco en favor de los laboristas abandonando a los tories. Y quizás tras ese giro está el Brexit y sus malas consecuencias para sus agricultores y ganaderos que no olvidan que fueron los gobiernos conservadores de Cameron, May, Johnson y Sunak sus autores, prometiéndoles a cambio de las pérdidas de las ayudas PAC –unos 2.400 millones de libras– un nuevo sistema de incentivos medioambientales en los que pocos creen. Los agricultores británicos no son como los del resto de Europa, son casi land-lords. Y el Gobierno británico ofrece subsidios a los agricultores para “renaturalizar” el campo y la “recuperación del paisaje”, pero pierden, ya han perdido, las ayudas PAC de la Unión Europea. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales trata de lanzar un nuevo sistema de incentivos “agroambientales” con el objetivo de llegar en 2042 a la “renaturalización” de 300.000 hectáreas, a lo que destinarán unos 1.000 millones de euros anuales. Ni el objetivo ni la cuantía satisfacen a los agricultores y ganaderos británicos. Hablan de “renaturalizar”, como aquí hablamos ahora de “restaurar”. La transición desde la vieja PAC a los nuevos subsidios se ve con escepticismo. Y mientras, caminan hacia un “dinero público para un bien público”. Y puede que sufran por una menor producción de alimentos.
Tomen nota los políticos españoles… que ya vieron en las euroelecciones como el voto rural se desplazaba en contra. Aquí en España las votaciones catalanas y las de eurodiputados han tenido un sesgo desfavorable por parte del voto rural. Los agricultores protestan aquí y en Europa contra sus mandatarios.
Han sido ya muchas las tractoradas en Francia, España, Portugal, etc., donde el voto rural se ha manifestado en contra de tres mantras actuales: 1) la Agenda 2030, 2) el Pacto Verde, y 3) las disposiciones sobre el cambio climático. Seguramente los agricultores creen en el cambio, pero no en las medidas que se adoptan para combatirlo, ni tampoco creen que la agricultura sea una parte significativa de la causa y de sus consecuencias.
Y no olvidemos que nuestro campo representa mucho en términos de PIB y de empleo. La cadena de valor agroalimentaria española aporta casi el 9% del PIB nacional, el 11,3% del empleo y el 18,5% de las exportaciones de bienes (Cajamar-2024). España es la cuarta economía agroalimentaria de la UE, liderando la oferta de porcino, frutas frescas, aceite de oliva, cítricos y ganado ovino y caprino. Esta evolución positiva se apoya, como en ejercicios anteriores, en una productividad muy por encima de la media europea y en la fortaleza en el mercado exterior de un sector que encadena además tres años consecutivos de creación neta de empleo. Pues bien, en ese ambiente positivo para España, y casi simultáneamente, el día 17 de junio, la UE aprobó tras el cambio del voto de Austria, la primera normativa para “restaurar la naturaleza”, no solo para protegerla. Y así acaba de nacer una ley muy polémica, la Ley de Restauración de la Naturaleza.
Inmediatamente ha vuelto a surgir la oposición de los agricultores europeos frente a dicha ley. “Es una puñalada por la espalda” nos dice José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas. Y es que los agricultores y ganaderos europeos llevan ya mucho tiempo manifestando su rotunda oposición a esta ley y sus objetivos. Quieren más ayudas PAC y menos políticas restauradoras, regeneracionistas, etc.
La ley está encajada en el Pacto Verde, es fruto del pensamiento medioambientalista y ecologista de los que han trabajado en la misma y en su reglamento. Pero el texto de la ley ha sido objeto de profundas discusiones según se aproximaban las elecciones europeas y en el Parlamento sufrió duros ataques por parte del presidente del Partido Popular Europeo y del lobby agrícola Copa-Cogeca.
Estamos pues ante una ley que pretende no “conservar” la naturaleza, sino “restaurarla”. Los países de la UE deberán restaurar un 20% de sus tierras para 2030. Se pretende conseguir ciudades más verdes y ríos sin barreras, destruir presas, canales, … salvaguardar el paisaje antes que la producción…
La ley pretende además frenar la caída de la biodiversidad y reparar los ecosistemas degradados, pero ello exige sacrificios importantes para el mundo agrario. Por ejemplo, aspiran a “restaurar” la Red Natura 2000, red que procede de dos directivas de la CEE, una de 1979 relativa a la protección de las aves silvestres y otra de 1992 relativa a la conservación de hábitats, fauna, etc. y en ella las limitaciones de uso a favor de las aves o la protección medio ambiental, han sido y son muy importantes. Y habrá que decir que en España dicha red ocupa más del 40% de nuestro territorio lo que afectará a todas las explotaciones agrarias incluidas en esos perímetros. Hace ya muchos años (2016) di una conferencia sobre la Red Natura 2000 donde señalé el peligro que suponía para España tener más superficie incluida en dicha red que cualquier otro país de Europa y que eso implicaba restricciones, limitaciones productivas que perjudicarían seriamente a agricultores y ganaderos. Esas limitaciones dominicales afectan además seriamente a la propiedad, provocando una reducción de su valor en el mercado, como sucede siempre cuando se imponen limitaciones de uso y disfrute sobre una propiedad.
Y aquí es donde nos encontramos ahora. La restauración y sus limitaciones deberían llevar aparejada una compensación económica, pero ésta, no existe. El derecho de propiedad, según la Constitución Española y según la Convención, es un derecho consagrado cuya limitación debe estar establecida por ley, su aplicación debe hacerse con audiencia de los interesados, su justificación debe ser motivada, tal limitación debe ser compensada proporcionalmente y en tiempo, etc. Y nada de todo ello parece haberse dado hasta ahora. Los agricultores y sus organizaciones profesionales se preguntan, además, cómo se van a financiar las acciones que deben desarrollarse para esta transición. No existe previsión y hay un fundado temor de que se reduzcan los fondos propios de la PAC desviándolos en favor de estas nuevas finalidades.
Tampoco existe en la ley ningún artículo o mención a las “cláusulas espejo” por las que deberían exigirse las mismas normas para los productores y sus productos de otros países exportadores a la UE.
Reparar esos ecosistemas degradados puede llegar a exigir eliminar plantas no autóctonas, prohibir o reducir el uso de pesticidas o fertilizantes químicos o anteponer la preservación de la vida silvestre a la producción agraria. Y ello, a su vez, puede afectar muy negativamente a la seguridad alimentaria mundial que, según la FAO, va perdiendo posiciones en los últimos años desde la pandemia.
Y todo ello, a juicio de nuestros agricultores, duplicará la superficie de mancha marrón, provocará incendios más numerosos y de mayor intensidad, reducirá la seguridad alimentaria y despoblará más el medio rural aumentando la España Vaciada. Por lo que Coag pide interlocución con Miteco, que está muy satisfecho con la ley, y Asaja “vigilará” su aplicación.
Finalmente, sí, ya está elegida una nueva Europa. Pero a esta hay que pedirle que garantice la libre circulación de mercancías y todos los demás temas comerciales porque en este momento se cierne un futuro muy incierto sobre nuestros sectores de frutas y hortalizas y porcino (China amenaza). Habrá que vigilar y defender nuestros intereses en esta Nueva Europa que nace débil.
Un cordial saludo
