Ministro Planas: «La Ley de Seguros Agrarios Combinados es un pilar fundamental de la política agraria española». Por Jaime Lamo de Espinosa

Se ha dicho muchas veces que un país desarrollado debe contar con un seguro desarrollado, pero habría que decir paralelamente que un seguro desarrollado, y éste lo es, es causa del desarrollo de un país. Hasta hace 40 años en España se aseguraba prácticamente todo menos los riesgos agrarios, y ello precisamente en el sector de actividad de mayor riesgo y de riesgos más impredecibles. A partir de aquella fecha la situación ha sido la inversa.

Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.

Querido lector:

Hace pocas semanas la Fundación Map­fre celebró un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, aniversario que se cumplió el 28 de diciembre pasado, pues la ley apareció publicada en el BOE de dicha fecha, justo al día siguiente de que SM el Rey Don Juan Carlos ratificara, el 27, ante las Cortes Generales el texto de la Constitución. Por eso hemos afirmado siem­­pre que se trata de la primera ley cons­titucional.

Aunque en diciembre pasado consagré mi Carta a esta ley, pienso que es ne­cesario regresar al tema por los protagonistas del acto y sus palabras y reconocimientos: Luis Planas, ministro de Agri­cul­tura, Pesca y Alimentación; Antonio Huer­tas, presidente de Mapre; Ignacio Ma­chetti, presidente de Agroseguro y yo mis­mo, como ex ministro de Agricultura y Pesca entonces e impulsor de aquella Ley de Seguros Agrarios Combinados.

“El Sistema de Seguros Agrarios Com­bi­nados se ha convertido en un pilar fundamental de la política agraria española”, subrayó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, quien destacó el relevante papel que desem­peña el sistema de seguros para el mantenimiento de la renta de los agricultores, ganaderos y acuicultores. Para el mi­nis­tro, el modelo español de seguros agrarios ha sabido evolucionar durante sus 40 años y se ha ido adaptando a las necesidades de los productores.

En esta misma línea se pronunció Antonio Huertas, presidente de Mapfre, quien destacó que “hay pocas leyes tan relevantes que hayan aguantado tan bien el paso del tiempo” e hizo referencia a que dicha ley “sigue siendo un marco legal estable que permite el desarrollo de un sector, que continua siendo de primer nivel y que hace que estas empresas agrícolas y ganaderas sean esenciales para la cadena alimentaria”.

Huertas hizo hincapié en la importancia del seguro, “uno de los instrumentos sociales más potentes que tenemos” y se refirió al relevante papel que en este sentido desempeñan las Administraciones públicas, el Consorcio de Compensación de Seguros, Agroseguro, los mediadores y las compañías aseguradoras. El presidente de Ma­pfre, primera aseguradora en el ámbito rural español con unos ingresos por primas agrarias superiores a los 1.500 millones de euros, se refirió, además, a los retos del sector, que “pasan por incrementar los actuales niveles de aseguramiento, adaptar los productos actuales a los efectos del calentamiento global y del cambio climático, digitalizar todos los procesos, desde la contratación a la tasación de los daños, y mejorar la eficacia en la relación con los clientes asegurados.

Por su parte, Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, subrayó que “las situaciones provocadas por acontecimientos climáticos excepcionales de variada índole suponen un reto difícil en la actualidad. Un sistema de seguros agrarios como el actual es, sin duda, la mejor alternativa a las ayudas ad hoc, con innumerables ventajas, tanto para las Administraciones públicas, a las que les permite presupuestar el coste al tiempo que reducirlo, como para los productores, que gozan de una garantía contractual y que no dependen de las disponibilidades presupuestarias, que, además, solo se activan ante daños catastróficos”.

Cuando fui invitado a intervenir recordé el contexto político en que la ley nació –Transición y Pactos de la Moncloa–, evoqué nuevamente el porqué la necesidad de esta ley. No conozco un solo político o economista agrario, afirmé, que no sostenga que el problema crucial de la agricultura es la garantía de rentas agrarias.

Quise destacar que si la ley salió adelante y con éxito fue por la labor conjunta de muchos diputados y senadores que con enorme generosidad la abordaron y perfeccionaron.

Diputados de todos los gru­pos parlamentarios que tenían al inicio gran disparidad de opiniones pero que acabamos todos coincidiendo en este tex­to que tanto se celebra. Fueron, entre otros, Miguel Roca Jun­yent, Ramón Ta­mames Gómez, Antonio del Valle Me­néndez. Los miembros de la Ponencia del Congreso constituida por los siguientes diputados: por UCD, José Antonio Gon­zá­lez García (Burgos), José Ramón Pin Arboledas (Va­lencia) y Francisco de la Torre Prados (Málaga); por el PSOE, Ho­no­rio Díaz Díaz (Asturias), Javier Sáenz Cosculluela (Lo­groño) y José Vidal Riem­bau por Ta­rra­gona; por Alianza Po­pular (AP) Miguel Riestra París por Oren­se, y, finalmente, por el PCE Tomás García Gar­cía, diputado por Málaga.

Como se ve la Ponencia fue “de campanillas”. Dos ingenieros agrónomos de prestigio (de la Torres Prados que fue y es cuando escribo alcalde de Málaga), un economista notorio, Pin Arboledas, por la UCD, un agrarista famoso en el PCE –To­más García– que había escrito numerosos artículos sobre agricultura; así como Javier Sáenz Cosculluela, amigo mío, que sería años más tarde Ministro de Fomento en el Gobierno de Felipe González. Más otros agraristas notorios fuera de la ponencia, entre los que quiero destacar a Juan Co­li­no Salamanca del PSOE, a Alberto Es­tella Goytre de UCD y a Ramón Ta­ma­mes Gó­mez por el PCE, todos ellos, además, grandes amigos míos.

También colaboraron activamente el sector asegurador, a través de su patronal (Unespa) entonces presidida por Felix Mansilla. Y cómo no, las organizaciones profesionales agrarias constituidas pocos meses antes.

Es verdad que varias cuestiones dilataron el proceso e hicieron el debate problemático en ocasiones, pero al final siempre se halló el consenso gracias a la inteligencia y la comprensión de todos. Algunos quisieron proponer la creación de una empresa pública que sería la “exclusiva” receptora de las subvenciones públicas. En la redacción definitiva se confió esa tarea al sector privado. Otro tema de conflicto fue el límite de la aportación del Estado. El proyecto estableció un límite del 35%, pero en el debate este se amplió hasta el 50%.

Otros plantearon la contratación del seguro como algo que debía ser obligatorio. A la postre, el seguro se declaró voluntario y sólo se establecieron determinadas circunstancias en que podría hacerse obligatorio, circunstancias que jamás se han dado y en los 40 años de vida del seguro nunca se ha reclamado tal obligatoriedad. El último punto de gran discrepancia fue el papel de las Cámaras Agrarias como to­madoras de pólizas colectivas. Pero no voy a comentarlo porque hoy es un hecho que las Cámaras están prácticamente desparecidas y su papel en este tema es residual o nulo.

En mis palabras finales ante el Se­nado, añadí entonces, que la ley aportaba a mi juicio, muchas ventajas destacando una de ellas, mantiene la dignidad de los agricultores, ya que no tienen que depender de los donativos de los distintos Go­biernos en el caso de malas cosechas, puesto que la indemnización se recibirá en tales circunstancias y constituirá a partir de ahora un derecho claro”.

Se ha dicho muchas veces que un país desarrollado debe contar con un seguro desarrollado, pero habría que decir paralelamente que un seguro desarrollado, y éste lo es, es causa del desarrollo de un país. Hasta entonces en España se aseguraba prácticamente todo menos los riesgos agrarios, y ello precisamente en el sector de actividad de mayor riesgo y de riesgos más impredecibles. A partir de aquella fecha la situación fue la inversa.

Fue una ley de mínimos pero de hecho en los 40 años de vida no ha sido preciso modificarla ni por causa del ingreso en la UE en 1986. El principio de que lo que es asegurable no es indemnizable fue siempre la clave del arco del progreso de la ley y del número de personas y riesgos asegurados. Además ha sido una ley realista en su financiación, pues desde su nacimiento todos los Gobiernos –UCD, PSOE, PP– han apoyado sin fisuras la expansión de su ámbito de aplicación con la debida financiación presupuestaria. Debemos felicitarnos por ello.

Un cordial saludo.