No solo la sequía está asfixiando al campo. Por Jaime Lamo de Espinosa
Cuando la PAC inició su vida los precios agrarios estaban sometidos a controles inferiores mediante el precio de garantía o a límites superiores mediante precios de intervención superior. Esto desapareció hace ya muchos años y las limitaciones de precios no caben hoy en el marco de la UE y de la PAC.
Querido lector:
Comenzaré por recordar que Addam Smith nos decía que «una buena gestión… solo puede lograrse en un país por medio de la competencia libre y general que obliga a actuar de la manera más económica posible a fin de defender los propios intereses». Viene ello a cuento a que desde hace más de un mes está abierta una brecha en el Gobierno a propósito de los precios de los productos alimentarios y su negativa incidencia en las rentas de los consumidores. Tres Ministerios, el de Trabajo, el de Consumo y el de Agricultura vienen manteniendo posiciones claramente diferenciadas sobre el deseo del primero de ellos de topar o limitar los precios alimentarios al consumo. Y la razón para defender esta posición se encuentra en los altos precios que estos han alcanzado en el mercado empujados por los precios de los productos agrarios básicos en los mercados mundiales y, en particular, por la incidencia del cortocircuitado mercado ucraniano.
En varias de mis cartas anteriores a raíz de la guerra de Ucrania ya advertí que las consecuencias de la misma sobre los precios de los cereales, oleaginosas y fertilizantes serían devastadores. Señalé que Rusia y Ucrania son dos grandes países productores de cereales y grandes exportadores mundiales, el primero y el quinto respectivamente. Los suelos de Ucrania, el famoso “chernozem” son los más fértiles del planeta. Y el Mar Negro es y ha sido siempre el cauce de salida de las grandes producciones cerealísticas de ambos países. Y es por ello, que, desde siempre (lo advertí ya en otra carta de 2008) Rusia ha querido disponer del control de ese importante centro logístico. Y esto no es nuevo. He comentado ya en ocasiones que Joaquín Costa a principios del siglo pasado ya señalaba que los trigos de Ucrania llegaban a Barcelona a precios inferiores a los que vendían los agricultores del Alto Aragón en esa misma ciudad.
Un muy reciente informe de FAO sobre el estado de la agricultura y la alimentación ya nos dice que “en el momento de la publicación de este informe, la guerra que se está librando en Ucrania, en la que están implicados dos de los mayores productores mundiales de cereales básicos, semillas oleaginosas y fertilizantes, está perturbado las cadenas de suministro internacionales y provocando un aumento de los precios de cereales, los fertilizantes y la energía, así como de los alimentos terapéuticos, listos para el consumo destinados al tratamiento de la malnutrición grave infantil. Esta situación se produce en un momento en el que las cadenas de suministro ya se están viendo perjudicadas por los cada vez más frecuentes fenómenos climáticos extremos, especialmente en los países de bajos ingresos, y tiene consecuencias que pueden llegar a ser muy preocupantes para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. La cuestión ahora no es si las adversidades seguirán produciéndose o no, (…) sino que deberíamos estar adoptando medidas más audaces para crear resiliencia ante ellas.»
En los últimos meses la inflación española no ha dejado de subir y ha marcado en este tiempo crecimientos sucesivos de más de dos dígitos tanto por razón del coste de la energía como de los alimentos. En agosto, estos últimos crecieron un 13,8% sobre los precios de 2021. Los hogares con rentas disponibles inferiores se han visto enfrentados a unos costes alimentarios difíciles de superar. Los bienes de primera necesidad suponen una parte muy considerable del gasto familiar allí donde sus rentas son bajas. Y lo mismo está ocurriendo a lo largo de septiembre. Pero es más, la mayor parte de los productos básicos alimentarios –leche, huevos, yogurt, pan, quesos, frutas, y algunas carnes– han crecido por encima del 15%. Y son productos, todos ellos, básicos para la alimentación cotidiana. Y la previsión para lo que queda de año no es precisamente favorable. Funcas anuncia que los alimentos frescos subirán casi un 11% en todo 2022.
Ante esta situación el Ministerio de Trabajo por un lado y el de Consumo por otro han ido formulando distintas propuestas, no coincidentes, para limitar el crecimiento de los precios al consumo. En un caso, Trabajo, pidiendo primero limitar y controlar los precios básicos, luego planteando a la distribución que congele precios hasta después de Navidades y, también, como fórmula alternativa, que las grandes superficies ofrezcan una “cesta” con un surtido variado de productos frescos a precios fijos. O bien, Consumo, imponiendo limitaciones al propio consumo, por ejemplo aconsejando reducir fuertemente el consumo de carne de la dieta por entender que es poco saludable, al igual que el pescado o con negativos comentarios sobre las llamadas macrogranjas. Advertencia que ya hizo hace meses generando una fuerte protesta de los sectores ganaderos. No olvidemos que disponemos de una muy potente producción ganadera y que somos el segundo mayor exportador de porcino de la Unión Europea, tras Alemania.
Frente a ello, el mundo de la economía ha criticado esta injerencia sobre el libre mercado alegando que esos topes recuerdan a la planificación soviética y no favorecerán para nada la finalidad que se busca. Debemos hacernos a la idea de que los precios alimentarios seguirán subiendo mientras que Odesa y el Mar Negro estén cerrados o muy limitados en las salidas de cereales y oleaginosas de Ucrania. Y, por otra parte, no debemos olvidar algo que he repetido muchas veces, que los agricultores están sometido a una “doble presión inversa” en la venta de sus productos al mercado. Por un lado ven como se les incrementa sus costes de fertilizantes, energía, etc…, los costes de aquello que compran para producir y, al tiempo, como les presionan a la baja en la venta de sus productos en los tramos siguientes de la cadena alimentaria, es decir la industria y la distribución, que tratan así de mantener sus márgenes.
El resultado final es que la diferencia de los precios entre origen y destino crecen imparablemente perjudicando al consumidor final en sus compras y al agricultor/ganadero inicial en sus ventas. Como se ve no solo la sequía está asfixiando al campo, como nos acaba de recordar Andrés del Campo, presidente de Fenacore (El Economista, 17.9.2022).
Pretender ahora que este problema puede resolverse mediante un control o limitación de los precios en cualquier punto de la cadena es una irracionalidad. Estaríamos volviendo a aquella vieja Junta Superior de Precios de los años 70 que mantenía un conjunto de productos sometidos a control a través de los regímenes de precios autorizados, vigilancia especial y los llamados productos básicos. Ni que decir tiene que este sistema duró poco tiempo, terminó ya en la Transición y no cabe llevarlo a la práctica en el marco de la Unión Europea.
Recuerdo bien como en junio de 1977 se anotó en 6 meses una subida del 20% en los “productos básicos “ controlados” por aquella Junta Superior de Precios, cuyo fracaso le llevó a su fin. No repitamos el ejemplo. Como nos ha recordado Lorenzo Bernaldo de Quirós (ae) todos los controles de precios han terminado siempre en fracaso.
Cuando la PAC inició su vida tras la Conferencia de Stressa, los precios agrarios estaban sometidos a controles inferiores mediante el precio de garantía o a límites superiores mediante precios de intervención superior. Esto desapareció hace ya muchos años y las limitaciones de precios no caben hoy en el marco de la UE y de la PAC.
Sin embargo el Gobierno dispone de un poderoso instrumento para rebajar estas tensiones en estos momentos. Me refiero en concreto a la reducción del IVA, en sus diferentes tramos, en los productos alimentarios. Ya lo ha hecho en el gas (ha pasado del 21 al 5%) y en ciertas tarifas eléctricas. Las arcas públicas están ingresando por IVA, por este IVA inflacionario que sufrimos, cantidades nunca sospechadas hace un año. Y, por tanto, podría y debería actuar sobre los mismos reduciendo su cuantía.
Porque no puede presionarse ya más al campo para que éste reduzca sus precios. Están viendo cómo crece todo aquello que compran, energía, fertilizantes, piensos, etc… y además sufriendo una grave sequía, la más grave nunca conocida, que reduce fuertemente sus producciones. Veremos una muy fuerte subida del aceite de oliva por esta causa. Y cierran granjas por los altos precios de la energía y los piensos y venden vacas de leche para carne en cantidades jamás imaginadas. Mayores costes y menores ingresos solo pueden acabar provocando un fuerte conflicto en el medio rural.
Las cadenas de hiper y supermercados ya han manifestado su posición antagónica, su oposición a estos controles. Y las razonadas protestas de ASAJA, COAG, UPA, etc. también lo están advirtiendo. Es por eso comprensible que el ministro Planas haya fijado desde el principio su posición contraria a las propuestas formuladas por los otros ministerios que vulneran el derecho de competencia. Y ve con perplejidad como desde algún ministerio se ataca el consumo de algunos productos, una y otra vez, como la carne (ahora Consumo aconseja no comer carne 4 días a la semana…).
La situación general de la economía a mi juicio es tan grave que pienso que el Gobierno debería mirar hacia atrás sin ira, hacia el inicio de la Transición, y plantearse la necesidad de un acuerdo de rentas y precios que ayude al conjunto de la economía de la misma forma que lo hicieron, en 1977, los Pactos de la Moncloa. Debería intentarse…
Un cordial saludo
