Por Eduardo Moyano Estrada. Catedrático del IESA-CSIC.
Política agraria: Logros y asignaturas pendientes del Gobierno Sánchez. Por Eduardo Moyano Estrada.
Por Eduardo Moyano Estrada. Catedrático del IESA-CSIC.
Se suele hacer balance en el intermedio de las legislaturas, valorando el cumplimiento del programa de Gobierno. En lo que se refiere al área de Agricultura, un primer dato es la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde que se formó en junio de 2018 el primer gobierno Sánchez, tras la moción de censura a Rajoy.
Es uno de los pocos ministros del Gabinete que se ha mantenido en su puesto, tras las distintas remodelaciones. Por tanto, la valoración que deba hacerse de las acciones emprendidas por el MAPA en estos tres años y medio puede atribuirse en su totalidad a la gestión del ministro Planas.
Reforma de la PAC y Plan Estratégico Nacional
Al principio de su mandato, el principal compromiso del ministro Planas fue cerrar las negociaciones de la reforma de la PAC. Es un hecho indudable que este objetivo ha sido logrado, al haberse presentado el Plan Estratégico Nacional (PEN) a la Comisión Europea antes de acabar el año 2021.
Ha sido un objetivo difícil por varias razones. La primera, por haberse tenido que negociar el presupuesto de la PAC en un contexto poco favorable, con el Brexit y la pandemia Covid-19 como telón de fondo, logrando para España unos recursos bastante similares a los del periodo anterior (en torno a 50.000 millones de euros para los siete años).
La segunda razón estriba en la envergadura y complejidad de la actual reforma (la de mayor calado desde la Agenda 2000). A diferencia de las anteriores reformas, la nueva PAC otorga a los Estados miembros un amplio margen de autonomía para definir, a través del correspondiente Plan Estratégico Nacional, su propia política agraria.
El reto del PEN ha sido de una dimensión formidable por cuanto ha exigido realizar previamente un diagnóstico de la situación de nuestro sector agrario como nunca se había hecho antes en España. Se han identificado sus debilidades y fortalezas y se han definido, en estrecha colaboración con las organizaciones agrarias y las CC.AA., las acciones más apropiadas para afrontar cuatro grandes desafíos: la convergencia de las ayudas directas, la transición ecológica, la digitalización y la renovación generacional.
Han sido necesarias muchas reuniones de los equipos técnicos del MAPA y de las Consejerías de las 17 CC.AA. hasta conseguir un Plan que recoja las distintas realidades de una agricultura tan diversa como la española. Equilibrar las demandas de cada Comunidad Autónoma y de cada subsector agrícola y ganadero no ha sido una tarea fácil. Pero puede decirse que el MAPA ha conseguido amplio consenso en torno a un Plan Estratégico, que refleja bien las necesidades de nuestra agricultura y que plantea con sentido de Estado las medidas a adoptar. Ahí radica la relevancia política del Plan, superando las divisiones y la crispación que tanto daño están haciendo en la política española.
El PEN es, además, un documento de gran valor técnico, tanto por su rigor, como por la calidad de la información que proporciona, siendo por ello de gran utilidad para quienes se interesen por nuestro sector agrario.
Convergencia interna
Asimismo, temas tan complejos como la convergencia interna de los pagos directos se han tratado con bastante equilibrio en el Plan. Por ejemplo, se ha reducido a un número razonable (20) las regiones agronómicas y se ha ampliado el horizonte temporal de la convergencia para alcanzar el 85% en 2026.
Con ello, se pretende que los efectos de la convergencia causen el menor daño posible a los actuales perceptores, pero sin renunciar al objetivo final de reducir las diferencias entre ellos. No olvidemos que los pagos directos de la PAC son una importante red de seguridad para los agricultores, una red que debe mantenerse, pero que debe ser más equilibrada internamente.
También ha sido complejo el tema de los “ecoesquemas”, dada la novedad de este programa y su carácter voluntario para los agricultores. Su complejidad ha consistido en saber elegir acciones que, de un lado, estén en sintonía con las instrucciones de la Comisión Europea respecto a la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, y, de otro lado, sean atractivas para los agricultores, además de fáciles de aplicar en sus explotaciones. Los “ecoesquemas” incluidos en el PEN es un punto de partida, que podrán irse adaptando en los próximos años conforme se compruebe su eficacia.
Asimismo, se ha incluido en el citado Plan un sistema de pagos redistributivos en favor de los titulares de pequeñas explotaciones y se limita la cantidad máxima a percibir por un mismo beneficiario (capping).
Por último, cabe mencionar del PEN el aumento de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y la inclusión de un plus suplementario de ayuda cuando sean mujeres las que se instalen en la agricultura.
Ley de la Cadena Alimentaria
Además de los asuntos relacionados con la reforma de la PAC, el MAPA ha tenido que afrontar en estos tres años y medio diversos problemas coyunturales, que afectan a las rentas de los agricultores y que se expresaron en las movilizaciones de 2019 tras el lema «Precios Justos.
El aumento del coste de los insumos y la caída de los precios en varios subsectores, han sido algunos de esos problemas a los que el MAPA ha intentado hacer frente mediante diversas acciones, aun a sabiendas de que su margen de intervención en estos temas es muy limitado.
La más significativa ha sido la Ley 16/2021 de la Cadena Alimentaria, cuyo objetivo es equilibrar su funcionamiento, mejorar la posición del eslabón más débil (los agricultores) e incorporar mayor transparencia en la relación entre los actores que componen la cadena mediante los contratos agrarios. La nueva Ley es, sin duda, un valioso instrumento regulatorio, pero de eficacia limitada por sí misma.
Como sabemos, en una economía de mercado, son los agentes económicos los encargados de definir sus propias estrategias comerciales sin que los poderes públicos puedan interferir en ellas, limitándose a establecer normas que lo regulen.
Por eso, el éxito de esta Ley se verá a largo plazo y dependerá de que los distintos actores de la cadena alimentaria hagan suyo el instrumento que el MAPA ha puesto en sus manos para que funcione de modo más eficiente.
Y no es sólo un tema que atañe a productores, industrias y distribución, sino también al conjunto de los consumidores, que son los destinatarios finales. De ahí, la relevancia política de una Ley que trasciende el ámbito de los intereses específicos del sector agroalimentario y que toca asuntos de interés general.
Asimismo, en mi opinión, el MAPA ha sido sensible a los problemas específicos de algunos sectores, como el del olivar y aceite de oliva, habiendo aprobado un decálogo sobre temas tales como el etiquetado, el almacenamiento privado, la lucha contra el fraude, la trazabilidad o la promoción del consumo. Algunos de los compromisos incluidos en ese decálogo ya se están aplicando mediante el RD 760/2021.
También se ha hecho eco de los problemas por los que pasa el sector bovino, actualizándose el “paquete lácteo” y aprobándose un proyecto para regular la instalación de «macrogranjas» en este sector.
Hay otras acciones del MAPA, de menos visibilidad mediática, pero de gran relevancia, destacando el tema de los seguros agrarios (que ha aumentado su dotación en los PGE de 2022 hasta los 260 millones de euros). También el de los avales a las inversiones agrarias (a través de la empresa SAECA), sobre todo en materia de modernización de regadíos.
Temas pendientes
Quedan, sin duda, asuntos pendientes, que pueden iniciarse en lo que resta de legislatura, pero que son de largo y medio alcance. Entre ellos cabe citar el reto de frenar el desperdicio de los alimentos, promover el relevo generacional, avanzar en la digitalización del sector agrario o impulsar la vertebración del sector productor.
A eso habría que añadir el papel que debe desempeñar el MAPA en la puesta en marcha del Plan de 130 medidas , aprobado hace unos meses por el Gobierno Sánchez para abordar con políticas de Estado el reto demográfico y la despoblación rural.
En definitiva, a mitad de la legislatura, cabe afirmar que el MAPA ha cumplido el compromiso fundamental con que comenzó su mandato el ministro Planas, a saber: la culminación de la reforma de la PAC y la aprobación del Plan Estratégico Nacional (PEN).
Además, se ha mostrado receptivo a las demandas del sector, desarrollando acciones para contribuir a la resolución de algunos de sus problemas, como la Ley de la Cadena Alimentaria y otras acciones de tipo sectorial. Y todo ello haciendo del pacto y la negociación su bandera en estos tres años y medio al frente del MAPA.
